Transparencia Venezuela, 5 de diciembre de 2022.- El testimonio de Maximillian Camino Beran, directivo de medios de comunicación en Venezuela, referido a otro soborno en la Oficina Nacional del Tesoro en Venezuela fue objetado por la defensa de Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, la enfermera y el edecán de Hugo Chávez, en la continuación del juicio contra estos exfuncionarios acusados de conspirar para lavar dinero en Estados Unidos, proveniente de la corrupción en nuestro país.
La abogada de la enfermera, Marissel Descalzo, y el defensor del edecán, Andrew S. Feldman, solicitaron formalmente al juez que no se tome en consideración las afirmaciones de Camino Beran, quien ante el jurado refirió cómo canceló sobornos a Claudia Patricia Díaz Guillén, cuando ella era la tesorera nacional de Venezuela.
En el escrito los abogados se refieren a “los sobornos que el Sr. Camino supuestamente pagó en relación con su compra de bonos de la Oficina del Tesoro Nacional con la asistencia de Angélica Barrios”, se lee en la moción presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, que enjuicia a la pareja.
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“Ninguno de los acusados está señalado de esta conducta”, se lee en el documento de los defensores de la pareja, quienes argumentaron que los hechos se refieren a supuestos sobornos pagados por el empresario venezolano Raúl Gorrín, y no por Maximillian Camino Beran. Así lo dejan ver en el documento presentado al tribunal:
“Por ejemplo, en el Cargo 2 de la Acusación Adicional, los acusados son acusados de un acuerdo con Raúl Gorrín para transportar, transmitir, transferir, y transferir y hacer que se transportaran, transmitieran y transfirieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, en apoyo de un esquema para pagar y ofrecer dinero y otras cosas de valor a funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Guillén, para obtener y retener negocios para Raúl Gorrín, no para Maximiliano Camino”.
Se opone a revisar 13 años de correos electrónico de Maximilliam Camino Beran
Los abogados de la pareja cercana en algún momento al fallecido Hugo Chávez pidieron, además, anular la posible revisión masiva de “miles de correos electrónicos y/o documentos que no parecen tener relevancia para este caso” del empresario Maximillian Camino Beran.
Insistieron en que la acusación de la Fiscalía contra la pareja de exfuncionarios venezolanos es por “una conspiración de lavado de dinero con Raúl Gorrín Belisario (Cargo 2) y dos cargos de lavado de instrumentos monetarios (Cargos 9 y 10) relacionados con fondos obtenidos a través del soborno de funcionarios extranjeros en Venezuela”.
Los correos y documentos de Camino Beran que la Fiscalía quiere que se ventilen en el juicio se remontan a 2010-2018 y estarían dirigidos a las siguientes personas:
- Adrián José Velázquez Figueroa;
- Víctor Jaramillo;
- Henry Camino;
- cualquier agente, empleado, funcionario o director de cualquier institución financiera extranjera o correduría financiera extranjera;
- Gerald Roberts; y
- Carolina Pastulaoto.
También la Fiscalía pide buscar en un lapso de 13 años (2010 hasta el presente) de todas las comunicaciones entre el empresario Camino Beran y cualquier agente, empleado, miembro, funcionario o director de las siguientes empresas:
- Unitra Holding Corp PA; y
- Delancey Inc.
- Taiwan Limited,
- Arganine Inc, y/o
- Garton Investments Ltd.
La defensa de la pareja Díaz Guillén- Velásquez Figueroa argumenta que la Fiscalía debe demostrar que los documentos son probatorios y relevantes; que no se pueden obtener de otra manera y que la solicitud “se hace de buena fe”. También que documentos solicitados son «pertinentes, admisibles y fiables”.
Así van los testigos del juicio contra la enfermera y el edecán
En las dos primeras audiencias realizadas esta semana, declaró el “testigo estrella” de la fiscalía, Alejandro Andrade Cedeño, extesorero de Venezuela, cuyo testimonio se extendió durante dos largas jornadas.
En la tercera audiencia se tomó declaración ante el jurado a otras personas promovidas por los fiscales, entre ellos Reynaldo García, de Customs and Border Protection (Oficial de Protección Fronteriza); Greg Luster, empleado de Insured Aircraft Title Service, Inc; y Brittney Suárez, agente especial de la Homeland Security Investigation, cuyo testimonio continuó el cuarto día del juicio.
Ese mismo día, jueves 1 de diciembre declaró también Joel Brakha, directivo de la empresa que administra yates, denominada Interglobal Yacht Management LLC, quien por cierto a mediados de año declaró en un juicio distinto en el que también es mencionado el empresario Raúl Gorrín Belisario, quien habría recibido al menos 3.7 millones de dólares (USD 3.700.000) de la filial de Pdvsa, PDV USA inc, por intermedio de una compañía propiedad del excongresista estadounidense David Rivera.
El viernes 2 de diciembre fue tomado el testimonio a Alejandro Zingg, quien sería uno de los socios de Raúl Gorrín Belisario y el mismo Maximillian Camino Beran, el ya mencionado presidente de un portal digital en Venezuela, cuya sede en Caracas fue allanada hace dos años por la policía anticorrupción.
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