JESSICA CARRILLO MAZZALI/ NUEVA YORK
Actualizado 12 de marzo de 2024
Transparencia Venezuela, 15 de marzo de 2021.- Para algunos representantes del chavismo, Estados Unidos es un emblema de dominación que debe ser combatido férreamente. Mientras que, para otros, el país norteamericano se ha convertido en el lugar idóneo para el desvío fondos, lavado de dinero, contrabando e incluso el destino final de cargamentos de narcóticos.
Y aunque estos delitos cometidos por funcionarios y empresarios vinculados al gobierno de Venezuela se extienden por todo el mundo, Estados Unidos es el país que más causas judiciales e investigaciones ha abierto a personas relacionadas a la corrupción chavista.
Cifras de Transparencia Venezuela revelan que hasta febrero de 2021 hay 38 casos e investigaciones en las Cortes de Estados Unidos que involucran a 164 personas y muchas empresas. De estos, 159 son ciudadanos, en su mayoría venezolanos, que enfrentan acusaciones judiciales. Algunos son dueños de lujosos inmuebles y abultadas cuentas bancarias, según evidencian los registros públicos de propiedad y la información que surge de los tribunales estadounidenses.
“Cuando manejo desde mi casa en Miami hasta las oficinas de la Fiscalía Federal en el centro de Miami, puedo ver literalmente el desfalco y la corrupción del régimen de Maduro — desde los apartamentos multimillonarios de Fisher Island pertenecientes, a ejecutivos venezolanos corruptos y a generales, hasta los yates de lujo en Biscayne Bay, y los jets privados de funcionarios venezolanos», dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan, en una rueda de prensa en marzo de 2020.
En los tribunales de Florida, conocido como el “estado del sol”, se concentran más de la mitad de los casos de corrupción, provenientes de Venezuela, que han sido judicializados en el país norteamericano.
Y es que solo en los tribunales de Florida, Transparencia Venezuela ha seguido la pista a 84 personas y empresas sobre las que recaen acusaciones penales y civiles, que representan 53% del total de los acusados en todo EEUU con cargos vinculados con corrupción proveniente de Venezuela. La fiscalía confiscó unos 450 millones de dólares que pertenecían al extesorero de Venezuela Alejandro Andrade, y a otros siete acusados en nueve casos procesados en paralelo, según reseñó la prensa.
En Florida se han abierto alrededor de 15 causas que corresponden a algunas de las investigaciones más importantes contra la corrupción proveniente de Venezuela. De esos 15 casos que se encuentran en las cortes del “estado del sol”, 9 incluyen cargos relacionados con el blanqueo de capitales.
En la mayoría de los casos en que los acusados han sido detenidos ha habido acuerdo de cooperación. Esto significa que los señalados se declaran culpables, suministran información a las autoridades que les permite dar con otros involucrados o, bien, iniciar nuevas investigaciones, todo a cambio de una sentencia menor.
Pero en otros casos, los acusados tienen el estatus de fugitivo y esto hace que la causa en su contra, según el funcionamiento de la justicia en Estados Unidos, no avance hasta tanto sean presentados ante un juez. Tal es el caso de Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio), Carlos Enrique Urbano Fermín, Luis Alfredo Motta Domínguez, Eustiquio José Lugo Gómez, Hugo Armando Carvajal Barrios y Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario (Raúl Gorrín), Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Hugo Andre Ramalho Gois y Mario Enrique Bonilla Valera.
En la lista figuraba también M.F.G.A.L, cuyo caso fue desestimado en diciembre de 2023 después que la Fiscalía retiró el cargo de conspiración en su contra.
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Money Flight
Este caso involucra el desfalco a Pdvsa por 1.200 millones de dólares. Según datos de la propia Fiscalía de Florida, 22 exfuncionarios de Pdvsa, banqueros, empresarios de maletín y otros implicados, suscribieron contratos de financiamiento con la petrolera, pagando sobornos a funcionarios de la empresa estatal. Hasta febrero de 2021 había 9 personas acusadas en el tribunal del Distrito Sur de Florida, de las cuales solo tres se encuentran a la orden de las autoridades de Estados Unidos:
Abraham Edgardo Ortega: exfuncionario de Pdvsa, quien se declaró culpable, espera que su sentencia sea dictada en abril de 2021. En septiembre de 2020, una orden del tribunal estableció que Ortega debe entregar voluntariamente al menos 12 millones de dólares y todas las propiedades que tenga en el país norteamericano.
Mathias Krull: el banquero panameño de origen alemán, que también se declaró culpable en el caso y se encuentra en libertad supervisada. Fue sentenciado a 120 meses de prisión en 2018, pero por su acuerdo de colaboración ha logrado mantenerse fuera de la cárcel. Documentos del tribunal de Florida aseguran que debe entregarse a la oficina de prisiones el 7 de julio de 2021. «Krull ha cooperado con el gobierno y continúa haciéndolo. Hasta la fecha, el gobierno ha expresado que está satisfecho con su cooperación. Una prórroga de la fecha de entrega del Sr Krull sería mutuamente beneficiosa para todas las partes. Una prórroga de la entrega del Sr. Krull también permitiría al tribunal evaluar plenamente su cooperación al considerar una reducción definitiva de su condena”, se lee en el documento.
Gustavo Hernández Frieri: colombiano, también está a la espera de una sentencia. El gobierno estadounidense le incautó, en septiembre de 2020, una casa valorada en 2.7 millones de dólares. También le decomisaron 6.500 dólares, aunque la fiscalía estimaba que el monto alcanzaba los 12.330.000 dólares, pero los estados financieros de Hernández Frieri demuestran que ya el dinero no se encontraba en su poder. El 18 de febrero de 2021 se realizó una audiencia para discutir sobre propiedades que podrían ser incautadas por la fiscalía. Olympia Castro, exesposa de Hernández Frieri actúa como parte interesada en la disputa por estos bienes, entre los que se encuentran parte del dinero de la venta de una propiedad ubicada en el centro de la ciudad de Nueva York, con acceso al único parque privado de la ciudad.
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Alex Saab y Álvaro Pulido
Alex Saab y su socio Álvaro Pulido (Germán Rubio) son conocidos, en parte, por estar vinculados a hechos de corrupción en el sector de alimentos en Venezuela. Pero en Estados Unidos las autoridades los acusan de conspirar para lavar dinero, producto de un esquema de soborno ilegal que se originó en cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos.
Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para la población más desfavorecida. Los acusados supuestamente aprovecharon el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela para obtener dólares a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela. También habrían sobornado a funcionarios del gobierno venezolano para validar esa documentación.
En la acusación formal se alega que fue un esquema de soborno que violó las leyes de corrupción de Estados Unidos, que realizaron reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y que tanto Saab como Pulido enviaron dinero a cuentas bancarias en Florida. Como resultado de las transacciones, los señalados transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Saab fue detenido en Cabo Verde y sigue a la espera de extradición. La Corte de apelaciones aprobó la solicitud de extradición de Estados Unidos, pero la defensa del empresario colombiano apeló ante la Corte Suprema de ese estado insular de África.
Tanto Saab como su socio, Álvaro Pulido (Germán Rubio), tienen el estatus de fugitivos en Estados Unidos.
“El Pollo Carvajal”
Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El pollo Carvajal”, fue el director de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras reconocidas del chavismo.
Según la justicia de Estados Unidos, Carvajal Barrios, en su papel de líder y gerente del Cartel de los Soles, participó en una conspiración de narcoterrorismo junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las acusaciones que reposan en su contra en las cortes de Nueva York y Florida, refieren que Carvajal Barrios conspiró con las FARC para transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse y hacer que otros participaran en protección, con seguridad fuertemente armada, de los envíos de cocaína; contribuir a que grandes cantidades de cocaína, previamente incautada, se vendieran a los narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interferir con las investigaciones de tráfico de drogas y los casos penales pendientes en Venezuela y ayudar a proporcionar a las FARC armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipo explosivo.
Carvajal Barrios fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego. En el Distrito Sur de Florida fue acusado de conspirar para importar cocaína. Desde 2014 tiene el estatus de fugitivo.
Más recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de “El Pollo Carvajal”. Carvajal Barrios ha logrado escurrirse de las autoridades estadounidenses dos veces, la primera vez fue en 2014 cuando fue detenido en Aruba y por maniobras diplomáticas logró volver a Venezuela. La segunda ocurrió en 2019 en España cuando se dio a la fuga, mientras gozaba del beneficio de libertad condicional, con pasaporte retenido y prohibición de salida del país.
Andrade, Gorrín y la enfermera de Chávez
A mediados de diciembre de 2020, Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera de Venezuela, quien también fue enfermera de Hugo Chávez, y su esposo –Adrián José Velásquez Figueroa – fueron incluidos en la causa que involucra al empresario chavista, Raúl Gorrín y otro extesorero de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero y cambio de moneda de aproximadamente 1000 millones de dólares.
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La pareja Guillén- Velásquez enfrenta un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos de blanqueo de capitales.Gorrín, el empresario multimillonario venezolano propietario del canal de noticias Globovisión, fue acusado en agosto de 2018 por los mismos cargos y fue declarado prófugo de la justicia estadounidense.
En la acusación se alega que Raúl Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a los dos extesoreros venezolanos, Andrade Cedeño y Díaz Guillén, así como a Velásquez Figueroa, en beneficio de la enfermera, para asegurar transacciones de cambio de moneda extranjera para el gobierno venezolano a tasas preferenciales.Gorrín transfirió dinero a los señalados para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.
Alejandro Andrade Cedeño había sido previamente sentenciado a 10 años de prisión, en noviembre de 2018, por su participación en la conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de su declaración de culpabilidad,admitió que recibió los más de 1000 millones en sobornos de Gorrín.
Hasta principios de 2021, ni Díaz Guillén ni Velásquez Figueroa se encuentran bajo el estatus de fugitivos.
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