Transparencia Venezuela, 23 de abril de 2024. Primero Justicia (PJ) se ha convertido más reciente partido opositor en ser descabezado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y con su intervención, por parte de la Sala Constitucional, ya son tres los integrantes del llamado G4; es decir el 75%, que han corrido esta suerte, un dictamen emitido en un contexto electoral complejo por las trabas al derecho a la participación, en el cual los magistrados siguen jugando un rol clave.

La Sala Constitucional, intérprete del texto fundamental, tomó la medida en su sentencia número 207, dictada el pasado 22 de abril de 2024 y cuyo contenido íntegro no ha sido publicado todavía en el sitio web del TSJ.

En el dictamen, redactado por la magistrada Lourdes Suárez Anderson, la instancia ordena que Primero Justicia lleve “adelante el proceso de reestructuración”, una tarea que le encomendó a una junta directiva ad hoc que designó y la cual estará encabezada por el diputado José Brito. 

La dirección impuesta deberá “organizar la consulta interna para la necesaria actualización y modificación de los Estatutos de la organización a los fines de su adecuación”, ordenó la Sala Constitucional ¿Cuánto tiempo tendrán los interventores para realizar dicha misión? Se desconoce, pues en ninguno de los cinco puntos de la dispositiva se precisa el tiempo que tendrá la junta ad hoc para realizar los cambios.

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Otro golpe a partidos tradicionales venezolanos en menos de 4 años

La Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre Venezuela no ha pasado por alto las acciones del TSJ que han impactado el devenir electoral en nuestro país.

Decisiones como la suspensión de las elecciones primarias opositoras en la que resultó electa María Corina Machado y la ratificación de su inhabilitación, solo por mencionar algunas de las decisiones más recientes, son para esta instancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evidencia de “las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, apuntó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, en marzo de este año.

Con la intervención de Primero Justicia ya son tres las organizaciones forman el llamado G4 de la oposición que han sido objeto de una decisión similar del TSJ desde 2020.

El G4 es la cúpula de la oposición tradicional en Venezuela y acoge en su seno a las formaciones políticas históricas, las que más militantes y cargos públicos llegaron a ostentar en Venezuela y está conformada por Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).

Acción Democrática   y Voluntad Popular también vieron como sus autoridades eran removidas por el TSJ. Un Nuevo Tiempo, el partido del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, estuvo a punto de correr la misma suerte, aunque la Sala Constitucional del TSJ jamás tramitó la petición que buscaba su intervención y tres años después la desechó, al tiempo que multó a quienes la interpusieron.

En el caso de Primero Justicia esta es la segunda vez menos de cuatro años que sufre una medida de esta naturaleza. La primera vez, el TSJ le también entregó las riendas del partido diputado José Brito, quien denunció que no había democracia interna bajo el mando de la directiva tradicional ; y le dio 12 meses para actualizar y modificar los estatutos y convocar elecciones para las “direcciones políticas nacionales, estadales y municipales”, según se lee en la sentencia número 72, de junio de 2020, que tuvo como ponente al magistrado Arcadio Delgado Rosales.

Sin embargo, días después y luego de que el exgobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles, integrante de Primero Justicia, anunciara sus intenciones de participar en las elecciones legislativas de ese año el TSJ dejó sin efecto su decisión.

 Sacar del juego a un candidato 

La nueva intervención de Primero Justicia se produce menos de una semana después de que el llamado G4 y la candidata unitaria electa en primarias, María Corina Machado, decidieron que el embajador Edmundo González Urrutia sería el abanderado de la oposición, visto la ratificación de la inhabilitación impuesta contra Machado y el fallido intento por inscribir en su lugar a la académica Corina Yoris.

Antes del dictamen judicial, Primero Justicia acordó respaldar la nominación y ofreció su tarjeta a González Urrutia. Pero, el fallo del TSJ otorgó a los interventores, encabezados por el diputado José Brito, la potestad de “utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de dicho partido político” y además le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) “abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada conforme a los procedimientos de rigor, por la Junta Directiva Ad Hoc”.

La decisión sobre Primero Justicia puso el foco de nuevo en el TSJ, después que el CNE extendió 72 horas el lapso, hasta la medianoche del 23 de abril, para la sustitución de candidatos. Pocas horas después de que se conoció el fallo, el diputado José Brito acudió al TSJ y dijo obtuvo la copia certificada de la sentencia. Pasado el mediodía de ese mismo día, 22 de abril, Brito ya estaba en el CNE para activar la tarjeta del partido aurinegro.

El 23 de abril, en la tarde, a horas de culminar el lapso de sustituciones de candidatos, todavía se especulaba sobre la posibilidad de que el TSJ anulara la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que respalda la postulación del diplomático Edmundo González Urrutia, aún cuando- luego de varios percances -las organizaciones Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV) pudieron concretar en el CNE la adhesión a esta candidatura antes del fin de la prórroga establecida.

Al momento de publicar este análisis, la atención de muchos venezolanos seguía centrada, otra vez, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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