Transparencia Venezuela, 3 de junio de 2024. El número de presuntos corruptos que están en España y cuya entrega la justicia venezolana está solicitando no para de crecer. El último en ingresar a la lista es José Rubén Lovera Fouscall, quien figura como propietario y accionista de un grupo de empresas dedicadas al negocio del oro; y quien presuntamente formaba parte de una trama que habría ejecutado una millonaria estafa contra el Banco Nacional de Desarrollo Social (Bandes).
En su sentencia número 258, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “procedente” la solicitud de extradición que el Ministerio Público presentó el 10 de mayo de 2024 contra Lovera Fouscall, para procesarlo en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación, y estafa continuada.
Tras recordar que los delitos por los cuales está siendo requerido el solicitado están previstos en los marcos legales de ambos países, en el dictamen redactado por la presidenta de la Sala Penal, magistrada Elsa Gómez se aseguró que los mismos “atentan contra el patrimonio, el orden público y contra la propiedad”, por lo que “se descarta que el presente procedimiento de extradición activa se corresponda con delitos políticos, ni conexo con uno de su naturaleza”.
José Rubén Lovera Fouscall se encuentra detenido en España desde principios de 2024, de acuerdo con la información que maneja la Fiscalía venezolana. La aprehensión se produjo en virtud de la orden de captura internacional (alerta roja) que las autoridades presentaron a finales del año pasado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
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50 kilos de oro cuyo paradero se desconoce
El proceso se inició en 2019, cuando un empresario de nombre Francisco Antonio Sbert Mouskso, acudió a la Dirección contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para denunciar a José Rubén Lovera Fouscall, así como a Luis Alfredo Delgado Mussa, representante de Corporación Altantics Gold.
El denunciante, de acuerdo con el relato hecho en el dictamen, expuso que en 2018 obtuvo un anticipo de más de un billón de bolívares fuertes (US$ 14.428.000) del Bandes para comprar 50 kilogramos de oro. Y para completar la operación contactó con los empresarios, quienes “indicaron que sus empresas le venden Oro al Banco Central de Venezuela” (BCV), y por tanto podía proveer el preciado metal, se lee en la sentencia.
Pese a que Sbert Mouskso pagó a los empresarios el monto exigido para adquirir el preciado metal, el oro nunca fue recibido ni tampoco le reintegraron los fondos a él o al banco propiedad del Estado venezolano (Bandes).
Y para empeorar la situación en agosto de 2018 José Rubén Lovera Fouscall salió de Venezuela con destino a España. Precisamente en el país europeo en 2022 el solicitado figuró como directivo y propietario de la firma Dorado Gold J.R. SL, de acuerdo con el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
El objeto de la empresa es “la compra y venta, al por mayor o menor, importación y exportación, distribución, almacenaje, fundición y transformación de oro, plata y piedras y metales preciosos, así como fabricación de joyas y bisutería y todo tipo de artículos relacionados con la joyería, tanto nuevos como de segunda mano”, según el sitio web Empresia.
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La relación con la compañía minera militar (Camimpeg) y el BCV
Aunque José Rubén Lovera Fouscall, ahora extraditable, y su socio Luis Alfredo Delgado Mussa, ofrecían sus servicios de minería argumentando tener relación directa con el BCV, el ente emisor lo negó. En la sentencia se lee que en una comunicación del 10 de junio de 2019 el BCV indicó que las empresas de los dos señalados (Corporación Atlantis Gold, C.A; Corporación Virsuss, C.A; Exportaciones y Servicios Miranda, C.A; Proalco 2196, C.A y Grupo Ciblg, C.A) “no mantienen ningún tipo de contrato con esa institución”.
El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a través de una comunicación del 21 de marzo de 2022 suscrita por el director general del despacho, señaló que tras realizar “una revisión en el Sistema Integrado de Gestión del Desarrollo Minero Ecológico (SIGDME), se constata que el Luis Alfredo Delgado Mussa figura como representante legal de la Sociedad Mercantil Corporación Atlantis Gold, C.A. Rif J-409048934, suscribe Alianza Estratégica con la Compañía Anónima Militar Para las Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), en fecha 08 de noviembre de 2017, y posteriormente rescindida el 04 de diciembre de 2020 (…)”. Una fecha posterior a la negociación.
Esa misma comunicación señala la situación de la Corporación Virssus, C.A, empresa que no estaría registrada “en la base de datos de los operadores mineros o de actividades conexas con el sector. Igualmente, no poseen relación ni Alianzas Estratégica suscritas con la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM)”
Uno más para la lista de extraditables
La extradición de Lovera Fouscall es la más reciente de una serie de medidas similares que viene aprobando el TSJ. Antes, el máximo juzgado venezolano había pedido a las autoridades españolas la entrega de José Roberto Rincón Bravo, implicado en un caso de sobornos que afectan a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El exviceministro de Energía, Nervis Villalobos; el expresidente de la desaparecida Electricidad de Caracas, Javier Alvarado Ochoa; o el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, son otros sobre los que pesan solicitudes de extradición presentadas por las autoridades venezolanas.
