Transparencia Venezuela, 26 de mayo de 2020.- Una lección de derecho y tecnología. Esto es lo que ha significado para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el caso de DirecTV, pues el organismo ha visto como han sido inútiles la más de media docena de medidas que adoptó contra la multinacional estadounidense, para lograr la restitución de la señal a más de dos millones de venezolanos que se quedaron sin ese servicio el 19 de mayo de 2020.
En su sentencia número 64 del 22 de mayo, la Sala Constitucional ordenó a Galaxy Entertainment de Venezuela “continuar, de manera inmediata, con la prestación del servicio de televisión por suscripción”, así mismo instó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio”.
Esto en respuesta a una acción de amparo por intereses colectivos que el Frente de Usuarios para la Defensa Comunicacionales interpuso el día 20, por considerar que la decisión de DirecTV, de cesar sus operaciones, atentan contra “los derechos constitucionales a la comunicación, libertad de expresión, acceso a la información y recreación”.
Pese a que funcionarios de Conatel y efectivos de la Guardia Nacional se presentaron en las sedes de la compañía, solo minutos después de que el dictamen fuera anunciado, en un escueto comunicado de prensa publicado en la página de Facebook del TSJ, todavía los venezolanos siguen sin poder sintonizar ninguno de los canales de televisión y radio. ¿La razón? La oficina de DirecTV en Caracas no tomó la decisión, sino su casa matriz –la estadounidense AT&T- en respuesta a las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos impuso a los canales Globovisión y Pdvsa TV, dos de las señales que figuraban por orden de las autoridades venezolanas en la oferta de la plataforma y que éstas rechazaron retirar cuando la empresa intentó llegar a un punto medio.
Expertos como el constitucionalista Alí Daniels calificó de “inejecutable” el dictamen, pues AT&T “no está sujeto a la jurisdicción venezolana”. Por su parte, técnicos han aseverado que los equipos que hay en Venezuela no permiten reconectar al país con los satélites de la compañía, pues para eso se requiere de autorización desde el centro de la empresa, en Dallas (EEUU).
El artículo 3 de la Ley del TSJ es clara al señalar que este organismo es el “máximo tribunal de la República”, por lo que sus facultades se limitan al territorio nacional y solo podría ejercer alguna más allá con la colaboración de otros poderes judiciales, que no es el caso.
Haciendo memoria
Esta no es la primera vez que el máximo juzgado pretende tomar medidas extraterritoriales. A finales de 2019 pretendió girarle instrucciones al Banco Central de Curazao y Saint Marteen sobre qué hacer en el caso del intervenido Banco del Orinoco, una filial del venezolano Banco Occidental de Descuento (BOD).
En 2014 la Sala Constitucional condenó la detención en Aruba del ahora diputado disidente Hugo Carvajal, en la actualidad prófugo de la justicia española, quien para la época había sido designado como cónsul en esa isla. En febrero de 2015 dictó su sentencia número 100, con la cual declaró que no tenía validez la orden ejecutiva firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que declaraba a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de ese país. No obstante, el decreto del mandatario estadounidense sigue vigente cuatro años después.
La Sala Constitucional, en su sentencia, justificó su decisión contra DirecTV afirmando que en el contexto de la pandemia para “la población de todas las edades” el uso de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información es “obligante”, “incluso para la continuidad de las actividades laborales y educativas”.
El fallo se produjo además en medio de una grave crisis en materia de servicios públicos. Pese a que Venezuela es la primera reserva petrolera del mundo, en el país no hay gasolina ni gas, las fallas eléctricas continúan ocurriendo a diario y buena parte de la población viene sufriendo de cortes en el servicio de agua potable.