Transparencia Venezuela, 12 de agosto de 2024. El inédito proceso iniciado por Nicolás Maduro para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declare ganador de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio sigue produciendo efectos sin precedentes. Así, luego de hacer desfilar a todas las autoridades de los 38 partidos habilitados en Venezuela y a los excandidatos presidenciales, el sábado la Sala Electoral del máximo juzgado convocó al cuerpo diplomático para anunciarles su decisión de abocarse al “peritaje” de “todo el material electoral” que le consignaron siete de los diez exaspirantes, y también para esclarecer el “ataque cibernético masivo” del cual habría sido objeto el sistema electoral venezolano.
Para estas tareas, la Sala Electoral del TSJ “contará con un personal altamente calificado e idóneo que hará uso de los más altos estándares técnicos”, según lo prometió la presidenta de la instancia, Caryslia Beatriz Rodríguez. Sin embargo, la magistrada no dio detalles sobre ese personal. No precisó quiénes serán convocados para revisar las actas de escrutinio ni cómo se llevará a cabo este proceso.
Y sobre la segunda revisión, no indicó si serían convocados ingenieros e informáticos independientes o si serán los del propio Consejo Nacional Electoral (CNE) o de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
El TSJ publicó el 10 de agosto el anuncio de ese dictamen en Instagram y no en la red social X, como lo hizo en anteriores pronunciamientos sobre este recurso que impulsó Maduro.
A la fecha la página oficial del juzgado no está disponible.
Según lo denunciado por el presidente del CNE, Elvis (Hidrobo) Amoroso, en la madrugada del 29 de julio, el sistema de transmisión de los votos sufrió “una agresión” que retrasó la emisión del primer boletín, el cual dio ganador a Maduro por casi siete puntos de ventaja sobre el aspirante opositor Edmundo González Urrutia. Minutos después, el ganador denunció un “hackeo masivo” al sistema electoral.
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Las declaraciones de los altos funcionarios ponen en entredicho lo señalado apenas días antes de los comicios por el responsable de seguridad informática del CNE, Carlos Hernández, quien garantizó el blindaje del sistema.
“Esta red estará totalmente aislada; nosotros no tenemos comunicación con el mundo; la red de Cantv se encuentra ese día del evento asignada únicamente para este uso”, explicó el técnico al ser consultado por un representante de la MUD en relación con la posibilidad de que ingresen hackers al sistema operativo.
Versiones contradictorias
Caryslia Beatriz Rodríguez informó que, de los diez candidatos convocados, tres no entregaron el material solicitado: Antonio Ecarri, Enrique Márquez y Edmundo González Urrutia, quien ni siquiera compareció.
Sin embargo, esta afirmación fue refutada por Márquez. “Fue una audiencia vacía; no se me hizo ninguna pregunta ni se me permitió establecer comunicación verbal (con los magistrados) (…) No se me pidieron actas ni nada. Todo fue muy extraño”, declaró en una rueda de prensa que ofreció el pasado 8 de agosto.
Pero esta no fue la única versión contradictoria en este peculiar proceso iniciado por Maduro. Durante su intervención, la magistrada Rodríguez, también presidenta del TSJ, aseguró que el CNE atendió su citación íntegramente “dando cumplimiento cabalmente con el requerimiento formulado por esta Sala Electoral, al consignar oportunamente y en tiempo hábil todos los recaudos relacionados con el proceso electoral”.
Ante este señalamiento, Enrique Márquez se preguntó cómo fue posible que el CNE hubiera podido entregar los datos que no ha publicado, bajo la excusa de que el supuesto ataque cibernético no ha cesado.
“Si el CNE tiene las actas, si el CNE tiene los resultados y los llevó al TSJ, ¿por qué no los publica? ¿Por qué no permite que la gente los vea y compare con lo que ocurrió ese día? ¿Cuál es el secreto?”, inquirió Márquez.
El excandidato aprovechó para acusar a los rectores de estar incursos en un delito, al conspirar “para atacar la forma republicana que se ha dado en esta patria”. “Si a alguien hay que investigar, es al CNE y a sus rectores. ¿Por qué hasta la fecha no hay resultados? Ni siquiera es que no hay actas, sino resultados discriminados mesa por mesa”, agregó.
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¿Amenazando con el desacato?
La presidenta de la Sala Electoral y del TSJ aprovechó para destacar la negativa del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática a atender sus citaciones.
“Se deja constancia de que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió y, por lo tanto, no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de esta la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral (…) En consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinio, listas de testigos y material electoral alguno”, leyó la funcionaria, lo que parece abrir las puertas para que la instancia vuelva a recurrir a la figura del desacato para castigar a un disidente.
Debe recordarse que el desacato judicial no es un delito en Venezuela, ya que no está previsto en el Código Penal.
El artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) apenas menciona que “en caso de desacato, desobediencia a la autoridad o incumplimiento de la orden judicial, el juez tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones”. Solo la Ley Orgánica de Amparo, en su artículo 31, establece que “quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses”.
Sin embargo, la Sala Constitucional del TSJ, mediante sus interpretaciones, ha convertido esta falta en un delito y ha encarcelado a personas (como en los casos de Daniel Ceballos y Enzo Scarano).
¿Por qué la Sala Electoral no es la instancia y no ofrece confianza?
González Urrutia ha justificado su negativa a acudir ante la Sala Electoral, porque considera que el procedimiento ha sido iniciado a solicitud del presidente Maduro y no está sustentado en la ley, y que esta instancia “no puede usurpar las funciones constitucionales del Poder Electoral” y certificar unos resultados que aún no han sido producidos”.
Ciertamente, el recurso contencioso electoral no es el instrumento para “certificar” ningún resultado electoral, sino que es una figura que tiene como propósito impugnar “los actos, omisiones o actuaciones” del CNE, según establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Esta acción se emplea para cuestionar resultados electorales, y hasta ahora quienes han hecho uso de ella son los perdedores, no el ganador como está ocurriendo en este caso.
Otro motivo no publicitado, pero que está en el ambiente, es que los sectores opositores no confían en la Sala Electoral y tienen motivos para ello.
Esta instancia fue la que, en diciembre de 2015, le arrebató a la oposición la mayoría calificada de la Asamblea Nacional electa días antes, bajo unas supuestas denuncias de fraude del oficialismo, y casi nueve años después no ha emitido su fallo definitivo. Además, la Sala Electoral tampoco ha decidido el recurso que Andrés Velásquez interpuso en 2017 por las irregularidades en las elecciones a gobernador en el estado Bolívar.
