Transparencia Venezuela, 28 de abril de 2021.- La decisión del Ministerio del Transporte de romper los mil millonarios contratos otorgados por los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro a la constructora Norberto Odebrecht – para levantar el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo y el tercero sobre el río Orinoco, así como el sistema ferroviario, que uniría a las ciudades de Caracas, La Guaira y Guatire-, será revisada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El 14 de abril de 2021 la Sala Político Administrativa admitió a trámite las tres demandas que el 3 de noviembre de 2020 los abogados de la empresa brasileña interpusieron contra el despacho de Transporte, al que acusaron de no responder su petición para que reconsiderara la rescisión de los tres contratos, decisión que el ministerio tomó en 2019 por el incumplimiento en el que incurrió la constructora.
Pese a que los fallos números 59, 65 y 72 fueron redactados por tres magistrados distintos de la Sala Político Administrativa, María Carolina Ameliach, Eulalia Coromoto Guerrero y Marco Antonio Medina, respectivamente; sus contenidos son casi idénticos. Así, aunque en los dictámenes se acordó analizar el asunto, el máximo juzgado rechazó la petición de los representantes de Odebrecht para que fuera suspendida temporalmente la medida gubernamental y, por lo tanto, devolverles los contratos, así como dejar sin efecto la ocupación de los bienes y equipos que la compañía tenía en los sitios de construcción y que fueron tomados por las autoridades.
¿Qué motivó esta negativa? El TSJ consideró que no podía pronunciarse en esta época sobre algunas de las denuncias planteadas por la constructora Odebrecht, como las relacionadas con la no valoración de las pruebas y la violación al derecho a la propiedad privada, porque podría incurrir en “un adelanto de opinión al fondo de la controversia planteada, hecho que viciaría” su dictamen final, se lee en las tres sentencias.
Odebrecht se defiende
En su escrito, Odebrecht culpó de los incumplimientos en los plazos para la ejecución de las obras al Gobierno, por cuanto éste no entregó los pagos requeridos.
Así, en el caso del segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, conocido como Nigale, la empresa recordó que el proyecto total – que incluía no solo el elevado, sino que la obra tuviera capacidad para permitir el tránsito de vehículos y de trenes– había sido presupuestado en 3,1 millardos de dólares y que el anticipo acordado con las autoridades era de 634 millones de dólares.
Sin embargo, “a partir del año 2015 comenzó una progresiva disminución de la asignación de los recursos financieros para la ejecución de los diversos contratos de obras suscritos entre el Estado venezolano y la sociedad mercantil Constructora Norberto Odebrecht, S.A., ello en el marco de lo previsto en la Ley Especial de Endeudamiento Anual y la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal dictadas en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En ese contexto, la compañía indicó que en 2016 se produjo una cesación de los pagos de las valuaciones aprobadas por el Ministerio para el Transporte, hecho que -a su decir- imposibilitó el inicio de la obra”, se lee en el dictamen, el cual cita lo sostenido por la empresa.
Los contratos para los puentes fueron firmados en 2006 y 2008, es decir durante la gestión del fallecido Hugo Chávez.
En estas dos décadas Odebrecht se hizo con decenas de contratos en Venezuela por montos mil millonarios y en 2017 representantes de la empresa admitieron a la justicia brasileña que los negocios fueron suscritos previo pago de jugosos sobornos a funcionarios públicos y donaciones para procesos electorales, en esta última categoría figuran los 35 millones de dólares que Odebrecht otorgó en 2013 para financiar la primera campaña presidencial de Nicolás Maduro.
Las confesiones hechas por directivos y exdirectivos de la empresa a las autoridades brasileñas se dieron en el marco de la macro operación contra la corrupción, conocida como Lava Jato, que permitió revelar que Odebrecht se hizo con contrataciones públicas en América Latina mediante sobornos. Mientras Luisa Ortega Díaz estuvo al frente del Ministerio Público este organismo inició una serie de investigaciones y determinó que Venezuela pagó 30 mil millones de dólares por obras que no fueron concluidas. Sin embargo, luego de que la Fiscal General fuera removida por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 2017, estas averiguaciones fueron paralizadas y nada más se ha sabido de ellas.
