Transparencia Venezuela, 6 de octubre de 2020.- Tras mantenerlo casi siete meses cerrado debido a la pandemia del COVID-19, que azota a Venezuela y al mundo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió reabrir al Poder Judicial, aunque parcialmente.
La decisión la adoptó la Sala Plena del máximo juzgado en su resolución número 2020-0008, publicada el 1 de octubre de 2020; y en cuyo artículo 1 estableció que “durante la semana de flexibilización decretada por el Ejecutivo Nacional, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19, se consideraran hábiles de lunes a viernes para todos los Tribunales de la República debiendo tramitar y sentenciar todos los asuntos nuevos y en curso”.
Por su parte, en el segundo parágrafo de la disposición antes mencionada se lee que durante la semana que sea declarada como “cuarentena radical” las causas “permanecerán en suspenso (…) y no correrán los lapsos; salvo para aquellas que puedan decidirse a través de los medios telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) disponibles”.
La medida supone el reinicio de actividades en los juzgados del Trabajo, Agrarios, Marítimos y Aeronáuticos o Civiles y Mercantiles, que permanecían cerrados desde el 19 de marzo de 2020, en atención al decreto presidencial que impuso el Estado de Alarma en el país debido al coronavirus.
Una medida esperada
La decisión del TSJ era exigida por expertos, organizaciones de Derechos Humanos y usuarios. Sin embargo, antes de que se produjera ya algunas instancias del organismo rector del Poder Judicial venían dando algunos pasos que indicaban que el cierre de los juzgados se flexibilizaría.
Así, por ejemplo, en julio, las salas de Casación Civil y Social tomaron medidas para intentar retomar las actividades en sus respectivas jurisdicciones utilizando las nuevas tecnologías. La Sala Civil su resolución n.° 03-2020 del 28 de julio de 2020, puso en marcha el Plan Piloto del Despacho Virtual en los estados Aragua, Anzoátegui y Nueva Esparta, con el cual busca “avanzar en la tramitación de expedientes a través del sistema digital para nuevas causas”.
Por su parte, la Sala Social publicó sus Lineamientos para el funcionamiento de los jueces y juezas de la jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de las medidas de protección a la salud “distanciamiento social”, decretadas por el Ejecutivo Nacional frente a la COVID-19. En ese texto se permitió a los juzgados de Primera Instancia que tramiten asuntos urgentes (medidas de protección, colocación familiar, adopción, restitución de custodia, manutenciones o autorizaciones de viaje, entre otras) mediante “el uso de correo electrónico, llamadas, vídeo llamadas, chats y vídeo conferencias, y la combinación entre éstos”.
Sin embargo, los deficientes servicios públicos, en particular el de energía eléctrica y de conexión a Internet, complican que el Poder Judicial venezolano siga al ejemplo de sus pares de la región, que han utilizado medios telemáticos para evitar la paralización del servicio y el agravamiento del retardo procesal.
Desde que el 19 de marzo el TSJ echara el candado al Poder Judicial, en acatamiento al Estado de Alarma decretado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro ante la pandemia del COVID-19, solamente algunos tribunales penales han estado de guardia, así como las salas Constitucional y Electoral del máximo juzgado.
Más conciliación, menos pleitos
Pero en su resolución el TSJ no solamente ordenó que se reabrieran los tribunales, sino que además instó a los jueces a emplear los medios alternativos de resolución de conflictos para resolver los asuntos que estén conociendo, evitando que los mismos terminen en juicios.
“Los Jueces y las Juezas procurarán tanto en las causas nuevas como en curso, en cualquier grado del proceso en que se encuentren, y de considerarlo procedente, previa motivación, hacer uso de los medios alternativos de resolución de conflictos como la mediación y la conciliación, otorgando la respectiva homologación de ser el caso”, se lee en el artículo 3 de la decisión, en la cual se agrega que para cualquier decisión siempre deberán ser oídas las partes antes.
En las últimas semanas varias organizaciones de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la situación de paralización en la que se encuentra la justicia venezolana. Así, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Acceso a la Justicia instaron al TSJ a que reactivara totalmente a los juzgados penales y lo acusaron de no dar las garantías necesarias a los ciudadanos durante esta crisis.
A principios de septiembre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes presentó un informe, en el cual denunció que el Poder Judicial estaba cerrado. Esto, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción son claras al señalar que el Estado de Alarma no puede interrumpir el funcionamiento del Estado.