Transparencia Venezuela, 29 de abril de 2024. Casi nueve años después de que haberle ordenado cumplir el acuerdo al que llegó con su demandante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha pedido al Gobierno que le informe si en realidad cumplió con dicho mandato.
En su sentencia número 125 del 17 de abril de 2024, la Sala Político Administrativa del TSJ dio 10 días de despacho al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que le informen “si se dio cumplimiento voluntario a la sentencia dictada bajo el número 00763, publicada en fecha 3 de junio de 2009”.
La decisión la adoptó la instancia luego de percatarse que “no consta en autos que esa Procuraduría haya comparecido a los fines de informar a esta Sala la forma y oportunidad en que se efectuaría la ejecución del fallo número 763 de fecha 3 de junio de 2009”, se lee en el dictamen redactado por el presidente de la Sala Político Administrativa, magistrado Malaquías Gil.
Y precisamente para evitar que el silencio vuelva a imponerse, la Sala le advirtió al procurador general la República que “el incumplimiento en suministrar e informar lo requerido podrá dar lugar a la aplicación de la sanción contemplada en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…) consistente en una multa “equivalente hasta doscientas (200) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones (…) sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar””.
Los magistrados quieren saber si se indemnizó a un ciudadano
La Sala Político Administrativa desea aclarar si Jesús Eduardo Rodríguez González recibió los Bs. 2,3 millones que en 2008 pactó con el Ministerio de Educación para dar por concluido una demanda patrimonial que interpuso contra ese organismo.
Rodríguez González es propiedad de dos inmuebles en el estado Carabobo donde operaban la Escuela Básica El Molino y Preparatorio El Molino, ambos dependientes al despacho de Educación. Sin embargo, denunció que desde hacía más de dos años ese organismo no le cancelaba el pago correspondiente por el alquiler de las instalaciones.
En virtud de ello demandó a la República por Bs. 11,8 millones por “los daños y perjuicios demandados” que le habían producido la “ocupación ilegal” de sus propiedades. No obstante, a lo largo de 2006 mantuvo distintas reuniones con representantes del Ministerio y finalmente aceptó recibir el 20% de lo demandado originalmente.
El trato fue avalado por la Sala Político Administrativa en su sentencia número 793 de 2009 y acto seguido le ordenó a la PGR ejecutarla. Sin embargo, seis años después la instancia debió dictar otro fallo donde le ordenaba a la PGR dar cumplimiento, pero casi una década después el máximo juzgado todavía no sabe si sus instrucciones se han cumplido o no.
Ganar un juicio en el TSJ contra el Estado es difícil y a veces no garantiza mucho
El caso de Rodríguez González no es único. Los pocos ciudadanos que consiguen ganarle un juicio al Estado en el TSJ luego deben batallar para conseguir que dichas victorias se materialicen.
Una prueba de ella es el caso del exjuez 5 de Juicio del Zulia, Walter Jesús Albarrán, quien aunque en 2018 consiguió que TSJ reconociera que con su destitución se le violaron sus derechos económicos y el fuero paternal, hasta 2022 no había conseguido que se ejecutara el fallo que lo repararía parcialmente.
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Otro ejemplo es el de Juvenal de Jesús Pinto Pereira, quien tiene desde 2019 intentado conseguir que el Ministerio de la Vivienda le devuelvan unos terrenos que le fueron expropiados ilegalmente, según dictaminó la Sala Político Administrativa.
