Transparencia Venezuela, 18 de julio de 2024. De cero o casi. Deberá repetirse el proceso penal seguido contra una pareja señalada de incurrir en presunto trato cruel y trata de mujeres, niñas y adolescentes bajo la modalidad de adopción irregular, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró que la actuación de los fiscales y jueces que han conocido el caso estuvo plagada de “graves violaciones al orden constitucional y legal”.
La decisión la adoptó la Sala de Casación Penal en su sentencia número 362, del 4 de julio de 2024, en la cual decidió avocarse a conocer el caso seguido contra Jenny Carol Godoy Gil y Neuro José Montes Castaño, ambos abogados, ordenó que el Ministerio Público presente una nueva acusación contra los señalados.
“Luego del análisis de las actuaciones que conforman el presente expediente (la Sala) advierte la existencia de vicios de orden público ocurridos en la fase intermedia al no haberse efectuado el control formal y material de la acusación originados por una serie de errores inadvertidos por el Ministerio Público desde la fase preparatoria del proceso penal, relacionadas con la ausencia de una adecuada investigación, la colección de los elementos de convicción para fundamentar la solicitud de enjuiciamiento por parte del Ministerio Público, lo cual devino en graves desordenes procesales que ocasionó el quebrantamiento de los principios que rigen al debido proceso, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución”, se lee en el fallo redactado por el magistrado Maikel Moreno Pérez.
Fallas en la actuación de la Fiscalía y los tribunales
Según la sentencia de la Sala Penal la investigación se inició el 12 de diciembre de 2021, por orden de Jhoana Inés Rodríguez Plaza, Fiscal Provisoria de la Fiscalía Novena del Ministerio Público del estado Trujillo, con competencia en penal ordinario, víctimas niños, niñas y adolescentes.
Dos días después, el 14 de diciembre de 2021, el Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Trujillo decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra Jenny Carol Godoy Gil y Neuro José Montes Castaño.
Se lee en la sentencia que el 28 de enero de 2022, la abogada Yanet Palomino Carrillo, Fiscal Provisoria de la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con Competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes, presentó escrito de acusación en contra los señalados.
La apelación de la defensa fue rechazada por el 10 de marzo de 2022 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, que ratificó la detención y al día siguiente, el 11 de marzo de 2022 “el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Trujillo, a cargo de la abogada Dalia Cabrita, fijó el juicio oral y reservado, el cual fue diferido en las fechas consecutivas”.
Idas y venidas en el caso, hubo recusaciones y el caso pasó por las manos de varios jueces.
La Sala Penal del TSJ acusó a los fiscales del caso de incorporar evidencias al expediente, luego de presentada la acusación, sin que el Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer pusiera peros.
Entre las nuevas pruebas figuran una declaración de la niña y un informe del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (Saime) que revelaría que los dos acusados intentaron registrar fraudulentamente como propia a una pequeña. No obstante, los representantes del Ministerio Público no modificaron su acusación, sino que la ampliaron, aunque estos indicios hacían suponer que los implicados podrían estar vinculados en otros delitos y que en este caso podría haber otros indiciados.
Pese a la gravedad de lo señalado el TSJ no tomó medidas contra el juez que tuvo el caso ni tampoco pidió al fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, abriera una investigación disciplinaria contra sus subalternos.
La intervención del TSJ se produce a solicitud del abogado Juan Carlos Toro Castaño, representante legal de Yaris Beatriz Palmar, progenitora de la niña, quien denunció las irregularidades en la causa.
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Unas fallas que han costado casi tres años
El proceso contra Godoy Gil y Montes Castaño se inició el 21 de diciembre de 2021, cuando los acusados acudieron a la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de la ciudad de Valera (Trujillo) con una niña que, para entonces tenía 5 años y que supuestamente se había caído de una bicicleta. La médico que atendió a la pequeña observó que presentaba lesiones y hematomas a lo largo de su cuerpo y que se encontraba en estado de desnutrición y, por lo tanto, llamó a las autoridades de protección del niño.
Los hoy acusados aseguraron que la niña era su hija, pero no presentaron documentos que lo probaran y después informaron que estaban tramitando su adopción en el estado Zulia. Una versión que las autoridades intentaron verificar con Instituto de Defensa de los Derechos de los Niños de Zulia (Idenna) y allí la pareja no figuraba en ningún proceso de adopción o colocación. Y, por ello, ambos fueron aprehendidos y desde entonces permanecen tras las rejas.
Las autoridades dieron con la madre biológica de la niña, Yaris Beatriz Palmar, quien admitió que les había dado a la pequeña “porque la iban a adoptar”, pues ella ya tenía 12 niños y estaba en situación de indigencia, se lee en los extractos del expediente citados por el TSJ.
Sin embargo, se señala en el texto de la sentencia que en una entrevista la pequeña habría asegurado que ella fue comprada.
La organización Una Ventana a la Libertad denunció en diciembre de 2023 la detención arbitraria de la pareja de abogados. En un extracto de la nota de prensa se lee que el entonces abogado de los acusados señaló: “La fiscal 9 del Ministerio Público de Trujillo le exigió 20 mil dólares a la madre de la niña y a los abogados como ellos no pagaron, sin respeto a la legalidad penal, esta funcionaria montó un proceso por trata de niñas. Sin respeto a lo tipificado en las leyes penales, ya que ese delito exige el traslado, recepción de niñas, mujeres o adolescentes en plural bajo violencia, coacción, engaño, con fines de prostitución o esclavitud”.
En enero de 2024, la ONG también señaló las desmejoras en las condiciones de salud de Jenny Carol Godoy Gil, tras dos años de detenida.
Seguirán tras las rejas y el caso pasa al estado Mérida
Además de ordenar la repetición del proceso desde la etapa en la que los fiscales tienen que presentar una acusación, la Sala de Casación Penal decidió mantener tras las rejas a los acusados.
La anulación del proceso, sin embargo, no afecta a la declaración que hizo la niña, como presunta víctima, bajo la figura de la “prueba anticipada”.
Asimismo, ordenó que el caso salga de los tribunales de Trujillo y sea enviado a los juzgados del vecino estado Mérida, en un intento por acelerar el proceso.
La Sala Constitucional del TSJ cumple más de un mes ausente de la escena judicial
