Transparencia Venezuela, 9 de octubre.- Los espías venezolanos podrán seguir vigilando e interceptando las comunicaciones y la correspondencia de cualquier ciudadano sin tener que rendirle cuentas a nadie, porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó someterlos a algún tipo de control por parte de la sociedad civil, por considerar que atentaría contra su “eficacia y eficiencia”.
La decisión la adoptó la Sala Político Administrativa, en su sentencia número 565 publicada el 1 de octubre de 2019, en la cual desechó la demanda por abstención que el 29 de mayo interpuso la organización Espacio Público contra la Vicepresidencia Ejecutiva porque se negó a responder las solicitudes de información que desde 2018 le formularon para tener acceso a los planes “referentes a la seguridad nacional” y los “protocolos de vigilancia”.
“En criterio de esta Sala, peticiones como las de autos, en las que se pretende recabar información sobre la actividad que ejecutará el Estado para el logro de uno de sus fines, esto es, en cuanto a los lineamientos, políticas y estrategias inherentes al Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, las cuales están ligadas a la seguridad y defensa de la Nación, atentan contra la eficacia y eficiencia que debe imperar en el ejercicio de la Administración Pública y del Poder Público en general, debido a que si bien toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a cualquier organismo público y a recibir respuesta en tiempo oportuno, nuestra legislación patria prevé situaciones en las que se restringirá el acceso y divulgación de elementos clasificados dada la naturaleza de su contenido, ello con el fin de preservar los objetivos de seguridad y defensa integral”, se lee en el fallo redactado por la presidenta de la instancia, magistrada María Carolina Ameliach.
Otras razones que el TSJ esgrimió para rechazar la petición, es que la organización no precisó qué pretendía hacer con la información solicitada. Esto, pese a que en el escrito de Espacio Público, dejaron en claro que pretendían ejercer la “contraloría social” sobre los organismos de inteligencia.
Esta es la primera vez que el máximo juzgado rechaza una petición dirigida a hacer más transparente al Sebin, Dgcim y a cualquier otro organismo policial o militar que realice labores de inteligencia.