Transparencia Venezuela, 25 de abril de 2019.- Las decisiones que tomen las personas designadas por la Asamblea Nacional para dirigir a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y Monómeros Colombo-Venezolanos no comprometen los intereses del Estado venezolano por cuanto sus nombramientos no son válidos, afirmó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sus dictámenes números 074 y 075.
El organismo reiteró que las resoluciones del Parlamento tienen “intenciones golpistas” como las que supuestamente se manifestaron en abril de 2002 y representan un “asalto” a la estatal petrolera y sus empresas filiales. En vista de lo anterior, la Sala Constitucional instó a Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina, Rusia, China, Irán, India y Turquía a reconocer solo a las personas nombradas por la directiva de Nicolás Maduro.
Los fallos, redactados por los magistrados Juan José Mendoza y Carmen Zuleta de Merchán, respectivamente, fueron publicados precisamente el 11 de abril de 2019, cuando el país conmemoró los 17 años de los sucesos en los que fallecieron 17 personas y más de 100 resultaron heridas y que provocaron la salida temporal del poder del fallecido Hugo Chávez.
En la primera sentencia la Sala Constitucional ordenó el bloqueo, inmovilización de cuentas bancarias y de cualquier otro instrumento financiero a todos aquellos ciudadanos que sean designados inconstitucional e ilegalmente para la “falsa representación legal, judicial y extrajudicial ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A., sus filiales y empresas mixtas a nivel nacional y en el extranjero”.
Asimismo, la instancia les prohibió a los directivos nombrados por la Asamblea Nacional ordenar pagos, negociar o suscribir acuerdos de ninguna naturaleza o actuar en cualquier instancia en representación de la empresa pública.
Estas resoluciones judiciales caerán en saco roto, al menos en Estados Unidos, pues desde febrero pasado Citgo, la filial de Pdvsa en ese país, está siendo dirigida por los funcionarios nombrados por el Parlamento. Ya los seis designados, Andrés Eloy Padilla, Ángel Olmeta, Luisa Palacios, Rick Esser, Edgar Rincón y Luis Urdaneta sesionan desde las oficinas de la compañía en la ciudad de Houston (Texas).
En el dictamen redactado por Mendoza también se exhorta a todas las autoridades públicas a nivel nacional a reforzar la seguridad en las instalaciones y en los equipos de Pdvsa, para así “garantizar todas las operaciones vinculadas a su actividad, incluyendo la comercialización de sus productos y derivados, así como para garantizar la defensa judicial y extrajudicial de los intereses de la empresa”.
Igualmente se instó al Ministerio Público para que investigue al catedrático de Derecho Constitucional, José Ignacio Hernández, a quien el Legislativo designó como procurador especial.
Por su parte, en el segundo fallo no solo se declaró “nulo de nulidad absoluta” los nombramientos de Jon Bilbao, Enrique Torres, Fernando Asenjo, Iván Ángel Ivanoff Socorro, Rogelio Lozada, Carmen Elisa Hernández, José Alberto DeAntonio, José Ignacio González Álvarez, Yadid Jalaf Reyes, Rafael Primera Naveda, Javier Linares y, por último, de los ciudadanos Tom Delfino, Freddy Goerke, Jorge Yánez, Maira Olivares Mireya Ripanti, y Ceimi Dayana Martines Budez como representantes de Pequiven y de su filial colombiana, Monómeros, sino que se instó a los miembros de la Sala de Casación Penal a iniciar los trámites para solicitar la extradición de estos ciudadanos para enjuiciarlos, por “usurpar los cargos directivos” de las empresas públicas.