Transparencia Venezuela 22 de septiembre de 2022.- 17 de septiembre de 2021. Ese día Enderson Asdrúbal Ulloa Díaz debía salir de prisión, tras cumplir una condena a cinco años que le fue impuesta como cómplice en un homicidio. Sin embargo, un mes después continuaba tras las rejas; y, por ello, su abogada acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para denunciar a la ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Zulay Contreras Moreno, por este incumplimiento. No obstante, el máximo juzgado apenas comenzó a interesarse en el asunto en julio pasado; es decir 9 meses después.
En su sentencia número 340 , la Sala Constitucional del TSJ, encargada de interpretar la Constitución Nacional, ordenó al Tribunal 8 de Ejecución de Caracas que le informara, en los siguientes cinco días, si Ulloa Díaz había sido excarcelado, en virtud de la boleta que emitió el 10 de septiembre del año pasado.
En el dictamen redactado por la magistrada Tania D´Amelio se advierte al juzgado de primera instancia que si no atiende su solicitud le impondrá la multa de hasta 200 unidades tributarias prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ. Pero en ninguna parte del fallo se explica por qué el TSJ no analizó el caso antes, pese a que es un amparo, que por su naturaleza debía resolverse “de manera expedita y sin dilaciones”, para subsanar la violación al derecho a la libertad y evitar otros posibles daños irreparables.
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“Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”, señala el numeral 5 del artículo 44 constitucional.
Una mala costumbre de los organismos policiales y autoridades penitenciarias en Venezuela
El ignorar las boletas de excarcelación emitidas por los jueces se ha vuelto una mala costumbre por parte de organismos policiales y de las autoridades penitenciarias.
En julio de 2022, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que más de 25 personas (4 mujeres y 21 hombres) se encuentran privadas de su libertad de manera “ilegal e ilegitima”, pues ya cuentan con órdenes para ser excarcelados que no han sido ejecutadas.
Esta situación no es nueva y se viene registrando desde hace al menos un lustro.
En un principio el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue el organismo más señalado de incurrir en esta práctica. Desde el movimiento de Derechos Humanos atribuyeron este comportamiento a dos propósitos: extorsionar a las personas que estaban bajo su custodia o simplemente para castigarlos por su acción, tal y como le ocurrió a los activistas de Derechos Humanos, Gregory Hynds y Geraldine Chacón en 2018.
La situación tomó tal cariz que hasta la anterior alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, abordó el asunto en sus informes sobre la situación del país. Así en 2021 denunció que seis personas seguían presas pese a que un juez había ordenado liberarlas, bien sea porque cumplieron sus condenas o porque decidió otorgarles una medida menos gravosa
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