Transparencia Venezuela, 14 de febrero de 2023.- Jueces, abogados asistentes, secretarios y alguaciles engrosarán el universo de pensionados que hay en Venezuela, aun cuando no cumplan los requisitos exigidos por la ley para ello, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se dispone a otorgar jubilaciones anticipadas en 2023. Esto, a pesar de que hoy por hoy ya gasta más en mantener a sus otrora funcionarios que en los permanecen laborando en los distintos juzgados del país.
El pasado 14 de diciembre la Sala Plena del TSJ aprobó la resolución 2022-007 contentiva de las “Normas que regularán los planes y beneficios de jubilación, de carácter especial, para los jueces y juezas, y demás funcionarios y empleados administrativos y judiciales al servicio del Poder Judicial, salvo los del Tribunal Supremo de Justicia”.
En el artículo 1 de la resolución se faculta al pleno a conceder “con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros (…) el beneficio de jubilación especial” a los jueces y empleados que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en la normativa ordinaria, siempre y cuando “hayan alcanzado la edad de 40 años si es mujer y 45 años si es hombre”; y “hayan cumplido 15 años como mínimo de servicio dentro de la Administración Pública, cinco años de los cuales dentro del Poder Judicial”.
Quienes padezcan de una enfermedad grave o presenten “situaciones sociales graves derivadas de cargas familiares” también podrán recibir una pensión sin siquiera cumplir alguno de los dos supuestos arriba mencionados, señala el artículo 2 de las normas.
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En lo que se refiere a los montos, el artículo 3 del texto señala que las jubilaciones especiales “se calcularán tomando como porcentaje base inicial el 65% y se aumentará hasta un 80% del monto del último sueldo o salario normal que se haya devengado, a razón de 2% por cada año de antigüedad superior a los 15 años de servicio.
Sin embargo, quienes reciban este beneficio de jubilación anticipada debido a problemas de salud o familiares la remuneración oscilará entre el 55% y el 65% del monto del último sueldo o salario normal recibido.
Jubilados: Una carga cada vez más pesada
“La evaluación y la adecuación del ingreso y egreso del talento humano de que dispone” es un fundamental para “el fomento de la eficiencia en la atención del ciudadano”. Esta fue unas de las razones esgrimidas por el TSJ para dictar esta resolución sobre las jubilaciones, la cual tendrá una duración de un año y es la sexta de esta naturaleza desde 2009.
La decisión de la Sala Plena de abrir las puertas a nuevas jubilaciones anticipadas es llamativa, por cuanto en el acto de apertura judicial la presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, admitió que las finanzas del Poder Judicial no vienen buenos momentos.
“La ejecución financiera fue eficiente, no obstante haber observado algunas limitaciones según los recursos disponibles, atendiendo a la particularidad que comprensiblemente presentó la Hacienda Pública Nacional en el ejercicio (…) dadas las medidas coercitivas unilaterales que afectan al pueblo venezolano”, declaró la presidenta del TSJ en el acto de Inicio de las Actividades Judiciales, celebrado el pasado 31 de enero.
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Hoy por hoy, el TSJ dedica más dinero a costear las pensiones de sus 11.068 jubilados que al pago de los sueldos y salarios de los 25.153 funcionarios activos que tiene en sus nóminas. Así consta en el presupuesto nacional correspondiente al año 2023, aprobado por la Asamblea Nacional y en el cual se le asignaron Bs. 296.132.452 a la primera partida, mientras que para la segunda se le adjudicaron Bs. 264.151.924.
El máximo juzgado tiene previsto gastar este año un 10% más en pagar pensiones que en los salarios de sus funcionarios activos. Esto, a pesar de que los últimos duplican a los primeros.
Apenas habrá inversión
De los Bs. 2.164.085.670 (US$ 90 millones) que el TSJ presupuestados para 2023 apenas 128.995.677; es decir el 5,9%, serán destinados a inversiones tales como mejora de la plataforma tecnológica del máximo juzgado y del Poder Judicial o adecuación de sedes.
El 55,86% de los fondos que administrará el TSJ estarán destinados al pago de sueldos y salarios, de acuerdo con la información que figura en la ley de ingresos y egresos del Estado.
Los fondos asignados al Poder Judicial parecen ajustarse al 2% que exige el artículo 254 de la Constitución de 1999.
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