Transparencia Venezuela, 28 de noviembre, de 2023. “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha aplicado este refrán popular al avalar un acuerdo al que llegó la República con la constructora española Dragados para poner fin a una guerra judicial que había tomado visos internacionales. Esto, a pesar de que el pacto ha supuesto que el tesoro nacional no recuperará todos los fondos que entregó a la firma para la construcción de una obra que jamás realizó.
La decisión la adoptó la Sala Político Administrativa en su sentencia número 1029, del pasado 16 de noviembre de 2023; y en la cual “homologa el acuerdo transaccional celebrado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Dragados”.
“Considera este Alto Tribunal que la transacción bajo examen cumple con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para su homologación referidos a la capacidad de las partes para transigir y que el objeto de la transacción recaiga sobre bienes disponibles por las partes”, se lee en el dictamen redactado por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil Rodríguez.
El acuerdo, suscrito el pasado 9 de noviembre, fue avalado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de acuerdo con lo establecido en el dictamen.
¿Perdiendo también se gana?
La Procuraduría General de la República y Dragados acordaron que la empresa española pagará a la República de Venezuela 5.729.494,46 euros (US$ 6.273.509) para poner fin al proceso judicial que el Estado inició ante el TSJ, que incluía un embargo por US$ 60.855.672,10.
El pleito se inició en marzo pasado, cuando Procuraduría General de la República, el organismo encargado de velar por los intereses patrimoniales de la República y de asesorar jurídicamente al Gobierno, presentó una demanda contra la empresa española por incumplimiento de contrato.
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El 7 de abril de 1993 el entonces Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables suscribió con la firma el contrato Nro. 6668, cuyo objeto era la ejecución de la obra denominada “Construcción del Embalse y Obras Complementarias para el Aprovechamiento Integral del Sistema Hidráulico del estado Cojedes”, también conocida como “Presa Las Palmas”, cuyo anticipo se estipuló en la cantidad de US$ 20 millones.
El Gobierno venezolano solo entregó US$ 10 millones, según consta en un documento firmado en 1997. Sin embargo, tras ocho años de conversaciones para intentar poner en marcha las obras las partes dieron por roto el pacto, pero la empresa no reintegró los fondos recibidos y luego sus representantes abandonaron el país, de acuerdo con la Procuraduría.
Y, por ello, en el pasado 11 de mayo, la Sala Político Administrativo declaró con lugar el embargo, según consta en su sentencia número 387.
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Evitando males mayores
La empresa embargada, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y contraatacó interponiendo una querella contra la República de Venezuela en los tribunales españoles.
Sin embargo, en la cláusula cuarta del acuerdo se establece que una vez que el TSJ levante el embargo en su contra ella retirará su acción contra Venezuela.
El pacto, como se observa, no cubre la totalidad del anticipo entregado, pero además tampoco toma en consideración el daño sufrido por las arcas públicas en virtud de la inflación en los más de cinco lustros que han transcurridos desde que pagó el anticipo.
Originalmente la República de Venezuela aspiraba recuperar los US$ 10 millones y además exigía otro millón por concepto de reparación, de acuerdo con el relato que figura en el fallo.
Los cojedeños siguen secos
El proyecto del embalse de Las Palmas buscaba solucionar el grave problema de agua potable que padece el estado Cojedes, donde se estima que unos 400 mil habitantes no disfrutan de este servicio básico de manera constante. La idea original surgió en 1948, pero sólo fue en 1972 cuando el Gobierno Nacional decretó su ejecución.
En 1993 se contrató a la empresa española Dragados su ejecución, pero las desavenencias arriba narradas impidieron que su realización.
No obstante, en 2006 fue retomado, al menos en el papel, por la administración del fallecido Hugo Chávez, aunque tampoco éste cumplió sus promesas. En 1998 se estimaba que el proyecto tendría un coste de US$ 63 millones.
