Transparencia Venezuela, 21 de junio de 2024. A cinco semanas de que se celebren las elecciones presidenciales en Venezuela, pautadas para el 28 de julio, el trío conformado por la Contraloría General de la República (CGR), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio Público han actuado contra la disidencia con inhabilitaciones, órdenes de captura y detenciones.
El jueves 20 de junio 10 alcaldes opositores se enteraron de que estaban inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.
Los sancionados son los alcaldes de Trujillo Heriberto Tapia (municipio Motatán), José Leocadio Carrillo (municipio Urdaneta), Dilcia de Oviedo (municipio Campo Elías), Keiver Peña (municipio Sucre), Servando Godoy (municipio Márquez Cañizales), Wilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Yohanthi Domínguez (municipio Carache) y Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello. Por su parte, los otros dos inhabilitados- Iraima Vásquez (municipio Tubores) y José María Fermín (municipio Villalba)- gobiernan localidades del insular estado Nueva Esparta.
La medida contra los mandatarios locales trujillanos se ha producido apenas días después de que ellos se reunieron con el candidato opositor Edmundo González Urrutia, a quien le expresaron su respaldo en la carrera por la silla del Palacio presidencial de Miraflores.
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Sancionados sin procedimiento y sin respeto al debido proceso
Los afectados se enteraron de la sanción en su contra por la página web del CNE, pero no fueron notificados por la CGR de la medida ni mucho de la existencia de un procedimiento en su contra por presuntas irregularidades administrativas.
José Leocadio Carrillo, alcalde del municipio Urdaneta, dijo en un comunicado que, hasta ese momento, no sabía que la Contraloría le había abierto un procedimiento. “No he recibido una notificación formal”, escribió.
En similares términos se pronunció Yohanthi Domínguez, quien gobierna en Carache. “No he recibido comunicación formal alguna, más allá de lo que dice el portal (del CNE). Ningún organismo con competencia en estos casos se ha dirigido a mí”, dijo en un comunicado difundido en la cuenta de X de la alcaldía.
Las inhabilitaciones se impusieron a contracorriente de lo que establece el artículo 49 de la Constitución venezolana, que señala: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”.
El mismo artículo establece que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”.
Con estos ya son 12 los alcaldes opositores que, tras respaldar la candidatura de Edmundo González Urrutia han sido sancionados en lo que va de 2023. El pasado 24 de abril la CGR aplicó la misma medida, con la misma receta, a los actuales alcaldes los municipios mirandinos de Los Salías y de El Hatillo, José Antonio Fernández y Elías Sayegh.
Por su parte en el estado Delta Amacuro, a dos concejales de Tucupita la mayoría oficialista le ha impedido el ingreso a la cámara municipal para ejercer sus funciones. ¿El motivo? Participar recientemente en un acto de campaña con dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, denunció la dirigente opositora Delsa Solorzano.
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Las detenciones siguen estando en el menú
Pero las autoridades no solo han recurrido a la cuestionada figura de las inhabilitaciones que puede imponer la CGR, sino que también han empleado las detenciones.
Así, desde el pasado 15 de junio, al menos un alcalde y cinco activistas opositores y periodistas han sido aprehendidos.
Los detenidos son Yonnhy Liscano, alcalde del tachirense municipio Ayacucho (San Juan de Colón); Juan Iriarte, coordinador regional del partido Vente Venezuela en el estado La Guaira; el activista juvenil Jeancarlos Rivas, del partido Voluntad Popular, y los periodistas Luis López, del Diario La Verdad, y Gabriel González, del equipo de comunicaciones de Vente Venezuela. También Javier Cisneros, coordinador nacional juvenil de Vente Venezuela, liberado horas después.
El fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, confirmó las detenciones en su cuenta de la red social X y anunció que estaban detrás de otras dos personas (Johny Rivas y Jhillkys Alcila).
El funcionario señaló a los detenidos de intentar tomar por la fuerza un comando de la Guardia Nacional en Maiquetía; y, por ello, los imputó por los delitos de incitación al odio y asociación.
A lista de solicitados se suma otro funcionario. Las autoridades han dictado orden de captura contra el alcalde de municipio Antonio Rómulo Costa (Las Mesas) del estado Táchira, Rigoberto Ovallos, según informó la cuenta Juntos por Táchira, manejada por el equipo del gobernador de esa entidad, Freddy Bernal.
Los alcaldes detenidos y solicitados estarían involucrados en presuntos hechos de corrupción, según las autoridades.
