Transparencia Venezuela 22 de febrero de 2023. “En Venezuela decide y manda el pueblo”. Nicolás Maduro y otros voceros del oficialismo ha repetido esta frase sobre el pueblo soberano hasta la saciedad a lo largo de las últimas dos décadas. Sin embargo, los hechos se encargan de desmentirla y un ejemplo de esto ocurrió en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde un grupo de campesinos del estado Falcón perdieron un juicio que intentaron contra el Presidente de la República, por ignorar sus denuncias de atropellos, hostigamientos, daños a sus cosechas y para conseguir que les entregara las cartas agrarias que les den la titularidad de las tierras que ocupan.
La Sala Político Administrativa del TSJ, en su sentencia número 00045 del pasado 16 de febrero de 2023 declaró “inadmisible” la demanda por abstención que los miembros de la Asociación Civil Consejo Campesino José Leonardo Chirino interpusieron en noviembre de 2022 contra Maduro.
La instancia desechó la querella contra Nicolás Maduro escudándose en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, el cual señala que “el demandante deberá acompañar (su petición con) los documentos que acrediten los trámites efectuados, en los casos de reclamo por la prestación de servicios públicos o por abstención”.
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“De la revisión exhaustiva efectuada a las actas que conforman el expediente judicial, (se observa) que la parte actora en juicio acompañó a su libelo un escrito de fecha 21 de abril de 2022, mediante el cual solicitaron al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela “(…) que se ordenara la inmediata investigación, a fin de establecer las responsabilidades del caso y aplicar todo el peso de la Ley a los responsables autores intelectuales y materiales cómplices de tal atropello criminal contra los campesinos, campesinas y soberanía agroalimentaria (…) [y] el Título de Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario para las familias campesinas ocupantes de los mencionados predios (…)”, con sello húmedo de recibido en el Ministerio del Despacho de la Presidencia”, se lee en el dictamen.
Sin embargo, lo anterior no fue suficiente para que la Sala Político Administrativa del TSJ considerara cumplidos los extremos del artículo 66. Y como “no se acompañó alguna otra prueba que acredite la realización de otras gestiones ante la Administración para obtener respuesta”, desechó la petición de los campesinos de Falcón.
136 familias quedan en el limbo
El dictamen deja en el aire a las 136 familias que, según los demandantes, se encuentran ocupando desde 2005 más 688 hectáreas de la Finca Barimisagua (Falcón), que pertenecería al Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Sin embargo, en la propia decisión se afirma que las tierras ocupadas pertenecían desde más de tres décadas a las Empresas Agropecuaria Barimisagua y Agropecuaria Yaracuibare, representadas por Jacobo Salas Romer.
El dictamen que desechó la solicitud de estos campesinos está en sintonía con la práctica del TSJ de decidir a favor del Gobierno, de altos funcionarios y otras instancias públicas en aquellos casos que le afectan directamente.
Entre 2003 y 2014 el TSJ no emitió un solo dictamen desfavorable a los intereses del Estado, reveló un estudio de la organización Un Estado de Derecho, que revisó de 45.474 decisiones que las salas Constitucional, Electoral y de la Político Administrativa emitieron en esos nueve años.
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