Tansparencia Venezuela, 19 de noviembre de 2021.- La colaboración del general (r) Hugo Carvajal con la justicia española ha reavivado una investigación por financiación ilegal contra el partido español Podemos. Este miércoles el magistrado Joaquín Gadea, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) que investigue las transferencias, por valor de USD 142.000, que los fundadores de la formación que cogobierna en España, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, habrían recibido de autoridades venezolanas en 2013.
Los madrileños diarios El Mundo y El País informaron que el juez adoptó la decisión luego de que el exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en tiempos de Hugo Chávez, declarara ante el tribunal el pasado 27 de octubre y afirmara que los dirigentes del partido izquierdista habrían recibido fondos venezolanos, a través de una empresa llamada Viu Comunicaciones. El uniformado habría aportado documentos que sustentan sus argumentos, de acuerdo con la prensa ibérica.
En 2016 la justicia española ya abrió una averiguación contra Podemos para tratar de esclarecer la veracidad de las denuncias que sostienen que este partido habría recibido dinero público venezolano para financiarse.
Sin embargo, meses después el magistrado Alejandro Abascal decidió archivar el caso, al calificar la denuncia como “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa en las que se atribuye a los denunciados y a otras personas recibir cantidades de dinero de paraísos fiscales o países de riesgo a través de la empresa 360º Global Media, propiedad supuestamente de un ciudadano iraní, y ello a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales”.
Otras actuaciones
Además, el juez Joaquín Gadea también encargó a la UDEF que investigue los supuestos cobros que habría recibido Juan Carlos Monedero, otro de los fundadores del partido español, y que indague en los viajes que realizó a Venezuela durante la última etapa de Chávez en el poder.
Carvajal ha acusado a Monedero de cobrar del Gobierno de Nicolás Maduro por unos trabajos de asesoría ficticios canalizados a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Desde 2005 y, por intermedio de Gaspar Llamazares, entonces líder de Izquierda Unida, una pequeña formación comunista española, Monedero entró en contacto con autoridades venezolanas. Con el paso del tiempo comenzó a ser un asiduo invitado del Centro Internacional Miranda (CIM), una especie de centro de formación chavista y participó en numerosos de sus actos.
En uno de esos eventos, en 2009, incluso provocó una dura crítica de Chávez contra Monedero, entonces profesor de la Universidad Complutense de Madrid, años después de unión a Pablo Iglesias para fundar Podemos, declaró que “el hiperliderazgo (de Chávez) tiene una parte importante (…) que es capaz de enfrentar al Estado poderoso que impide que los pueblos se desarrollen, pero esa tutela extrema infantiliza a la sociedad, que termina (…) esperando que el líder lo solucione todo”.
La respuesta del entonces mandatario no se hizo esperar. “¿Dónde está mi hiperliderazgo? (…) yo creo que estoy haciendo el papel que me corresponde, y más bien creo que, en algunos temas, debería meterme más», afirmó, al tiempo que denunció que algunos “intelectuales que se hacen llamar chavistas y en verdad no lo son”.
Monedero, quien hace unos años se separó de la formación que ayudó a levantar, ha puesto en tela de juicio las acusaciones en su contra. “Una maleta, un hotel, dos testigos acusados de narcotráfico que no quieren ser extraditados, una habitación… ¡Uuuuuhhh! Una causa ‘secreta’ todos los días en la portada de los medios», escribió en Twitter.
Por su parte, desde Podemos han atribuido los señalamientos a una campaña en su contra.
Evitando a EEUU
Carvajal no solo habría aportado a la Audiencia Nacional varios documentos para tratar de sostener sus acusaciones. Además, afirmó que facilitaría una lista de testigos que podrían verificar sus palabras.
El exjefe de la DGCIM ha comenzado a colaborar con las autoridades judiciales españoles en un intento por frenar su extradición a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su entrega, que fue acordada semanas atrás, se encuentra actualmente paralizada, a la espera de que Washington envíe garantías por escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el trato que recibiría Carvajal de ser puesto en manos del Departamento de Justicia.
