Transparencia Venezuela, 10 de julio de 2019.- La liberación de algunos presos políticos era el gesto que muchos esperaban del Gobierno con miras a facilitar el ambiente durante la visita de tres días que la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, realizó al país a finales de junio de 2019. Algunas de esas liberaciones se produjeron antes de que la exmandataria chilena pusiera un pie en el país y otras se producirían luego de que ella volviera a Ginebra (Suiza).
Entre las que se darían posteriormente estaban la de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, y la del periodista Braulio Jatar. La propia funcionaria internacional así lo anunció el pasado viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante una conversación con periodistas, luego de presentar su duro informe sobre la situación del país ante esa instancia.
Sin embargo, ni la jueza Afiuni ni Jatar obtuvieron libertad plena, sino que las medidas de restricción de la libertad que pesaban sobre ellos fueron modificadas por los juzgados que conocen sus causas.
En el caso de Afiuni, quien en marzo fue condenada a cinco años de prisión por su decisión de atender una petición del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y excarcelar al banquero Eligio Cedeño en 2009, el Tribunal 17 de Juicio de Caracas le levantó la medida de presentación periódica ante ese despacho, pero no le informó sobre las medidas de prohibición de salida del país o de declarar a los medios que pesan sobre ella desde que fuera excarcelada hace un par de años.
“Leyendo la boleta podemos entender que hay un cese de la medida cautelar contenida en el artículo 242, numeral 13, (del Código Orgánico Procesal Penal), de manera que lo que efectivamente le suspendieron a la doctora Afiuni fue la presentación periódica, pero ella continua con la prohibición de hablar a los medios de comunicación y con la prohibición de salida del país”, denunció su abogada Sandi Guevara.
El caso de Afiuni es mencionado constantemente en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o las propias Naciones Unidas como una demostración de la falta de independencia del Poder Judicial venezolano.
El hermano de la funcionaria, Nelson Afiuni, acusó al Gobierno de engañar a Bachelet.
Casi simultáneamente el periodista Braulio Jatar, quien en 2016 fuera detenido y sometido a proceso por informar sobre un cacerolazo del que fue objeto el presidente Nicolás Maduro en una visita a la isla Margarita, denunció que a él le fue impuesta una medida de presentación periódica cada 15 días ante el juzgado que tiene su causa.
“Nos sacan de la jaula y nos tiran una cadena al cuello”. Con estas palabras el comunicador, quien tiene nacionalidad chilena, ilustró su situación jurídica.
En su informe Bachelet acusó al Gobierno de utilizar a la justicia para perseguir a la disidencia y para aplicar “leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”.
En ese reporte, la Alta Comisionada dio por válidas las cifras de organizaciones como el Foro Penal Venezolano, el cual para mayo de 2019 había contabilizado que 793 personas permanecían tras las rejas por oponerse o criticar al Gobierno encabezado por Nicolás Maduro.
