Transparencia Venezuela, 4 de noviembre de 2024. Venezuela cuenta con un nuevo contralor general de la República. Se trata de Gustavo Vizcaíno Gil, quien se desempeñaba como director general del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y como rector suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La designación de Vizcaino Gil la realizó la Asamblea Nacional el pasado 31 de octubre de 2024 en una sesión plenaria, en la cual también decidió ratificar al fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab; y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
“Estamos dispuestos a llevar la Contraloría al más alto nivel y ponerla al servicio del pueblo, y (poner a) nuestros funcionarios públicos al cuidado de los bienes nacionales”, prometió el contralor.
La gestión de Gustavo Vizcaíno Gil al frente del Saime ha sido blanco de críticas, en especial luego de las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. ¿La razón? La anulación de pasaportes contra activistas de derechos humanos, periodistas o venezolanos residentes en el exterior que viajaron a Venezuela para votar o ser testigos de las elecciones.
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Hasta principios de agosto la organización Espacio Público había contabilizado 16 casos de pasaportes anulados. Entre estos figuran el activista y defensor de derechos de la comunidad LGTBQ+, Yendri Velásquez, quien el 3 de agosto no pudo abordar el vuelo que tenía previsto tomar desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, porque su pasaporte fue anulado y fue retenido por efectivos policiales durante varias horas.
La cancelación unilateral del documento para viajar al extranjero viola lo previsto en el artículo 56 de la Constitución de Venezuela, que señala que “toda persona tiene derecho (…) a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley”.
Esta práctica también contraría lo previsto en el artículo 9 de la Reglamento de la Ley Orgánica de Identificación, la cual solo permite que los pasaportes sean anulados en caso de deterioro, robo, extravío o “por una orden administrativa y judicial”.
La renovación del Consejo Moral: un procedimiento de dudosa constitucionalidad
La manera como el Parlamento venezolano “renovó” parcialmente el Consejo Moral Republicano, máximo organismo del Poder Ciudadano, genera muchas dudas sobre su constitucionalidad.
El primer cuestionamiento es que el Comité de Evaluación de Postulaciones que presentó la lista a los diputados no se conformó de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley.
“El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; (y) adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna que será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular. En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente”, establece la norma.
Por su parte, el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano señala que la instancia evaluadora debe estar conformada por hasta 25 “representantes de la sociedad civil”.
Sin embargo, el Comité de Evaluación de Postulaciones ni fue nombrado por el Consejo Moral ni estuvo integrado por miembros de la sociedad civil, sino por diputados.
Asimismo, el Comité jamás presentó el baremo o la metodología para evaluar a los aspirantes, denunció la organización Acceso a la Justicia.
Y, por último, está el hecho de que la reelección del defensor del Pueblo va en contra de lo previsto en el artículo 280 de la Constitución venezolana, el cual señala que el titular de este cargo solo lo puede ejercer un período de siete años.
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¿Pero quién es el nuevo contralor?
Gustavo Vizcaíno Gil es abogado con doctorado en seguridad ciudadana y su carrera pública se inició en 2002, cuando ocupó el cargo de síndico municipal de la Alcaldía de Caracas.
Un año después pasó a ser consultor jurídico del extinto Cabildo Metropolitano y en 2005 fue coordinador del despacho de la Asamblea Nacional. Posteriormente, en el 2007, pasó a desempeñarse como director del Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, poco después de llegar Nicolás Maduro a ese cargo.
En 2013 fue designado presidente de la Fundación Pueblo Soberano y al año siguiente fue nombrado secretario permanente del Consejo de Ministros.
Desde 2018 estuvo al frente del Saime y en 2023 fue designado rector suplente del CNE, donde, aunque nunca se incorporó, ha respaldado con su firma todos los comunicados del organismo que respaldan las actuaciones relacionadas con las presidenciales.
