Transparencia Venezuela 30 de agosto de 2023. En días recientes el Estado venezolano presentó datos sobre la actuación de la Contraloría General de la República (CGR) ante los órganos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que muestran cómo se maneja la información sobre la actuación de este importante organismo con datos confusos y contradictorios.
Al responder -en junio de este año- a la lista de preguntas que presentó el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que evalúa el cumplimiento de los Estados al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Estado venezolano aseguró que según los previsto en el artículo 29 de la Ley Contra la Corrupción, la CGR inició 1.045 procedimientos de verificación patrimonial y se efectuaron 2.909 determinaciones de responsabilidad administrativa, entre 2015 y 2022.
Es un dato que luce inconsistente, pues si cada procedimiento corresponde a un solo funcionario que presenta cuentas de su situación patrimonial ante la CGR, de acuerdo a normas para la verificación de la declaración jurada de patrimonio, no se entiende cómo el número de determinaciones de responsabilidad puede ser mayor a la cantidad de procedimientos iniciados.
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Es más difícil de comprender si se contrasta este mismo dato, con los 5 informes de gestión publicados por la CGR en un lapso de 8 años (no hay informes de los años 2018, 2020 y 2022). El análisis arroja que en solo 4 de esos años (2015, 2016, 2017 y 2019) se iniciaron 55 procedimientos, muy lejos de los más de 1.000 reportados a la ONU.
A continuación el resultado del rastreo hecho por Transparencia Venezuela para contrastar las cifras.
| Contraloría General de la República | ||
| Año | Número de Declaraciones de Patrimonio recibidas | Número de procedimientos de verificación iniciados |
| 2015 | 455.405 | 27 |
| 2016 | 372.358 | 2 |
| 2017 | 445.344 | 10 |
| 2018 | El informe no está publicado | |
| 2019 | 309.775 | 16 |
| 2020 | El informe no está publicado | |
| 2021 | 234.918 | No se especifica cuántos procedimientos se iniciaron |
| 2022 | El informe no está publicado | |
Es decir, si se toma como cierta la información que dio el Estado venezolano a la ONU sobre la gestión de la Contraloría General de la República (CGR), entonces, entre los años sobre los que no hay información (2018, 2020, 2021 y 2022), se debieron iniciar y decidir nada menos que unos 990 procedimientos de verificación, de los cuales nadie sabe nada.
Este número elevado de procedimientos resulta contrario al ritmo de procesamiento de la CGR, en especial cuando en sus informes anteriores (2015, 2016 y 2017) el mismo organismo refiere que había dificultades en el manejo, almacenamiento y custodia de los datos y de los registros de las operaciones para verificar las declaraciones juradas. También señaló la escasa automatización o ausencias de sistemas de información para evaluar la totalidad de bienes, derechos u obligaciones.
Solo números
El Estado venezolano, y la CGR incumplen la Convención de Naciones Unidas y Convención Interamericana contra la Corrupción, que obliga a los países a publicar las declaraciones juradas de bienes y de intereses de todos los funcionarios públicos.
La respuesta que ofrecieron las autoridades gubernamentales ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU señala el número de funcionarios sobre los que recayó responsabilidad civil, inhabilitación política o multas, pero no se dice contra quiénes se aplicaron esas sanciones, salvo si se trata de opositores, una práctica recurrente a la hora de hablar de la gestión del ente contralor venezolano.
En este sentido, el Estado venezolano dijo ante el Comité de ONU que en el período 2015- 2022, la CGR tomó las siguientes decisiones:
– Ámbito de la administración fiscal: la CGR realizó procedimientos que concluyeron con la declaratoria de responsabilidad administrativa de 89 funcionarios, a quienes se les impuso multas; se declaró la responsabilidad civil (reparos resarcitorios) a 13 funcionarios y se aplicaron 12 sanciones de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
¿Contra quién?
– Ámbito de la contratación pública: la CGR declaró la responsabilidad administrativa de 249 personas naturales, que también fueron multadas; acordó la responsabilidad civil (reparos resarcitorios) a 34 personas naturales y se aplicaron 264 sanciones de inhabilitación para el ejercicio de funciones.
– Ámbito militar: En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) los procedimientos de la CGR (entre 2015-2022) arrojaron la responsabilidad administrativa de 21 efectivos, que fueron multados, y se aplicaron 15 sanciones de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
– Cuerpos de seguridad del Estado: en el mismo período, la CGR declaró la responsabilidad administrativa de 118 funcionarios, se impusieron 118 multas, se declaró la responsabilidad civil (reparos resarcitorios) a 57 funcionarios y se aplicaron 42 sanciones de inhabilitación.
¿Contra quién?
El máximo entre contralor de Venezuela dejó de publicar el listado de personas inhabilitadas en 2014. La gran mayoría de inhabilitaciones no se publican Gaceta Oficial pese a que el artículo 113 del Reglamento de La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, lo ordena expresamente. Solo se publican unas cuantas, de forma discrecional, como, por ejemplo, el 3/4/2019 se publicó la inhabilitación contra el diputado electo en 2015, Juan Guaidó.
Sobre el resto de las inhabilitaciones no se conocen los motivos ni las personas contra las cuáles recaen. Tampoco se conoce si las declaratorias de responsabilidad han derivado en el envío del expediente al Ministerio Público para el inicio de investigaciones penales.
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