Transparencia Venezuela, 28 de junio de 2022.- El gobierno de Nicolás Maduro rechazó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) asumir el compromiso de tomar medidas que garanticen la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción, la impunidad y violación de derechos en el sistema de justicia venezolano.
La negativa ante el CDHNU se conoció tras el anuncio de las autoridades venezolanas sobre cuáles de las 280 recomendaciones formuladas por los Estados miembros de la ONU – durante el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), celebrado en enero de 2022- aceptaron poner en marcha para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el Venezuela; y cuáles descartaron de plano.
Del total de 280 recomendaciones, las autoridades venezolanas rechazaron 59, de las cuales 10 tienen que ver con el sistema de justicia venezolano.
Las 10 recomendaciones – de las 59 rechazadas- que estaban dirigidas a fortalecer la independencia del Poder Judicial venezolano coincidían en pedirle a las autoridades venezolanas que pusieran en marcha reformas necesarias para restablecer “la independencia e imparcialidad del sistema judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo” como instancias fundamentales para salvaguardar el Estado de Derecho, la defensa de la legalidad y la protección de los Derechos Humanos.
“Adoptar medidas eficaces para garantizar la independencia, la autonomía y la estabilidad del sistema de justicia y la magistratura, y para luchar contra la corrupción, las injerencias políticas deliberadas en los juicios y la impunidad, y para eliminar los obstáculos que impiden el acceso de todas las personas a la justicia con miras a instaurar el estado de derecho”, fue la recomendación del Estado de Liechtenstein, que fue rechazada junto a otras 9 propuestas referidas a la independencia del Poder Judicial venezolano, que también fueron desechadas, planteadas por España, Brasil, Luxemburgo, Paraguay, Irlanda, Bélgica, Portugal, Bahamas y Austria.
En respuesta a las solicitudes sobre independencia del Poder Judicial venezolano y violación de derechos humanos en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dijo ante la ONU:
“Venezuela es un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, que asume el respeto y garantía de los derechos humanos como un valor superior de su ordenamiento jurídico y de su actuación. Cada uno de los Poderes Públicos ejerce de manera autónoma sus competencias, garantizando la debida colaboración para la consecución de los fines del Estado.”
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Los tribunales y la Fiscalía continuarán formando parte del aparato represor contra la oposición venezolana
El Gobierno de Nicolás Maduro, que rechazó también ante el CDHNU asumir el compromiso de no volver a utilizar a estas instancias del Poder Público para perseguir y silenciar a la disidencia en Venezuela.
“Garantizar que no se utilizan las instituciones del Estado para perseguir a los opositores políticos, los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación, a los dirigentes sindicales y a otros supuestos opositores al Gobierno”. Esta sugerencia, formulada por el Gobierno de Suecia, fue una de las 59 que la administración de Maduro rechazó, por considerar que es “muestra concreta del uso politizado de los Derechos Humanos para atacar a un Estado soberano, en contravención de los principios del derecho internacional”.
“Las 10 recomendaciones – de las 59 rechazadas- que estaban dirigidas a fortalecer la independencia del Poder Judicial venezolano coincidían en pedirle a las autoridades venezolanas que pusieran en marcha reformas necesarias para restablecer “la independencia e imparcialidad del sistema judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo” como instancias fundamentales para salvaguardar el Estado de Derecho, la defensa de la legalidad y la protección de los Derechos Humanos”.
En su respuesta, las autoridades insistieron en que en Venezuela se garantiza el “juicio justo” y el debido proceso judicial:
“En Venezuela se respetan y garantizan los Derechos Humanos a todas las personas, sin discriminación de ninguna naturaleza. Las personas privadas de libertad en el país se encuentran sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con las garantías para un juicio justo, incluyendo el pleno ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa”. Esa fue la respuesta de las autoridades venezolanas al justificar su negativa ante el CDHNU, al tiempo que afirmaron que muchas de las recomendaciones tendientes a fortalecer la independencia de la justicia ya estarían siendo implementadas.
Gobierno venezolano rechaza supervisión de instancias internacionales
El Gobierno venezolano también rechazó las peticiones que lo instaban a reforzar la colaboración con instancias de Naciones Unidas, así como a permitir la visita de más relatores o de los miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela.
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“Venezuela ratifica que no reconoce, ni reconocerá, mecanismos paralelos e innecesarios que pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en clara violación de los pilares fundamentales del multilateralismo y del funcionamiento del Consejo de Derechos de Humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el Paquete de Construcción Institucional del Consejo, entre otros instrumentos relevantes”, fue la respuesta de las autoridades en relación a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela.
Igualmente, las autoridades venezolanas hicieron oídos sordos a los llamados para dar marcha atrás en su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, así como a liberar de manera “inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos” actualmente encarcelados.
Promesas ante la ONU que el viento se llevó
La negativa de las autoridades a seguir utilizando a los tribunales y al Ministerio Público como instrumentos de represión no debería sorprender y aunque hubieran prometido no volver a recurrir a ellos, pues habría muchos motivos para dudar de la sinceridad de esas palabras. ¿La razón? No es la primera vez que el Gobierno de Maduro asume compromisos ante el Consejo de Derechos Humanos que después no cumple.
Durante el II EPU el Estado anunció que pondría en marcha los concursos para adjudicación de los cargos de jueces, este fue uno de los 24 compromisos que voluntariamente asumió. No obstante, un lustro después no se ha celebrado el primero y se estima que el 80 % de los más de 2.200 jueces que hay en el Venezuela son provisorios, temporales o accidentales; es decir que pueden ser removidos de un momento a otro por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin un procedimiento que les garantice el debido proceso.
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El papel asumido por la justicia en los últimos años ha sido duramente cuestionado por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, que denunció que debido a su falta de independencia “ha dejado de funcionar como un control independiente de los demás poderes del Estado” y se ha convertido en un autor o cómplice de graves violaciones a las garantías fundamentales.
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