Transparencia Venezuela, 27 de abril de 2023. Por considerar que contiene “nuevos elementos”, el Gobierno de Nicolás Maduro pidió responder al duro informe que recopiló los testimonios y denuncias presentadas por las casi 9.000 víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela que acudieron a la Corte Penal Internacional (CPI).
La solicitud la formuló el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, quien en un escrito fechado el pasado 25 de abril le requirió a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado internacional que le permita contestar al reporte que, cuatro días antes, presentó la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación del organismo (VPRS, por sus siglas en inglés).
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“El informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas, incluso los perpetradores podrían haber sido sancionados ya o podrían
ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial venezolano”. Estos fueron los tres argumentos que el jefe de la diplomacia venezolana ofreció a la Sala para justificar su solicitud.
En el documento, de 57 páginas, la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación del organismo concluyó que “las víctimas apoyan abrumadoramente la reanudación de la investigación por parte del Fiscal de la CPI (Karim Khan)”, pues consideran que la justicia venezolana no ha sido ni será capaz de llevar adelante dichas averiguaciones hasta las últimas consecuencias, por cuanto está controlada por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, las víctimas solicitaron que las indagaciones no se limiten a los cuatro delitos que la Fiscalía de la CPI constató (tortura, detenciones ilegítimas y arbitrarias, así como persecución) y pidieron que se amplíe a asesinato y desplazamiento forzado. También demandaron que las averiguaciones vayan más allá del año 2017 y que incluyan la represión en las protestas de 2014.
¿Demorando lo más posible a la CPI?
En su solicitud, el ministro Yván Gil Pinto requirió a la Sala que en caso de aceptar su solicitud le conceda al Ejecutivo venezolano hasta el 30 de mayo para presentar su respuesta.
Varias organizaciones de Derechos Humanos criticaron la jugada gubernamental. Así la Acceso a la Justicia y desde Justicia, Encuentro y Perdón no dudaron en calificarla como otro ejemplo de la “estrategia dilatoria” que viene siguiendo el Gobierno en este proceso.
“Esta solicitud por parte de Venezuela no tiene sentido, dado que el informe es confidencial tanto para el Gobierno como para el fiscal Karim Khan en atención a la protección de las víctimas, pero evidentemente hay que esperar la decisión de la Sala al respecto”, agregaron desde Acceso a la Justicia.
Por su parte, desde Justicia, Encuentro y Perdón pidieron a las víctimas no preocuparse, pues “desde el inicio de la solicitud de los formularios quedó establecido que la información allí reflejada es absolutamente confidencial”.