Caracas, 26 de octubre de 2017.- El gobierno venezolano ha resultado invicto en los procesos judiciales iniciados en su contra ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuando el factor político está involucrado. De allí que los 5 mil 701 juicios que habría perdido el Poder Ejecutivo ante esta instancia, de acuerdo al reciente alegato de una representante del gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no son prueba de la imparcialidad del máximo organismo judicial.
En Transparencia Venezuela sostenemos que los planteamientos de la funcionaria del Estado, Mariely Valdéz, Inspectora General de Tribunales, deben ser analizados tomando en consideración que en Venezuela existe una evidente relación entre la justicia y la política. Si bien el Estado no resulta ganador en todos los juicios en su contra, si obtiene la victoria en el 100 por ciento de los procesos cuando la política se encuentra involucrada.
Todas las sentencias relacionadas con reclamos interpuestos por parte de representantes de la Asamblea Nacional, estados, municipios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, en contra de las políticas gubernamentales, han resultado en su totalidad favorables al Poder Ejecutivo.
Es de destacar que ha resultado invicto en aquellas demandas interpuestas por el mismo Ejecutivo Nacional para obviar controles, debilitar instituciones y concentrar competencias.
Mariely Valdéz, representante del gobierno venezolano en las sesiones que adelanta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Uruguay, donde se analiza la crisis institucional de Venezuela, esgrimió ante los relatores que el Poder Judicial en Venezuela “goza de independencia, autonomía funcional, financiera y administrativa”.
En la sesión de la CIDH realizada en Montevideo el pasado 24 de octubre, la funcionaria alegó que la Sala Político Administrativa del TSJ no favoreció al Estado en 840 juicios, mientras que la de Casación Social sentenció en su contra en 4812 querellas. Agregó que la Sala Constitucional rechazó los argumentos del Estado en al menos 49 causas.
Eficiencia para debilitar el Estado de Derecho
La Inspectora General de Tribunales que defendió la supuesta separación de poderes en Venezuela, manifestó ante la CIDH que el Tribunal Supremo de Justicia es “eficiente” y que su labor está destinada a “mejorar el sistema de administración de justicia”.
Alegó que la instancia judicial “contribuye significativamente al cumplimiento del Estado de Derecho, estabilidad democrática, justicia y paz social”, al tiempo que señaló que el TSJ “confronta acusaciones temerarias”, como la relacionada con la anulación de las funciones de la Asamblea Nacional, electa por voto popular en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
En Transparencia Venezuela queremos subrayar que justamente en diciembre de 2015 se inició un juicio que acordó, como medida temporal, la separación del cargo de tres diputados favorecidos por el electorado del estado Amazonas en esos comicios y que, a la fecha, no ha emitido decisión. En ese juicio es de suma importancia para la estabilidad democrática y el Estado lleva casi dos años sin emitir sentencia.
Valdéz esgrimió que el TSJ contribuye con el Estado de Derecho, pero la realidad es que no sólo no ha resuelto el proceso relativo a la separación del cargo de los tres diputados, sino que suprimió todas las competencias de la Asamblea Nacional y se las entregó al Ejecutivo o las asumió directamente. Sus decisiones han roto el hilo constitucional y obligaron a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a accionar contra las sentencias que materializaron la ruptura del orden legal, lo que derivó en su posterior destitución por parte de un órgano fraudulento como lo es la Asamblea Nacional Constituyente.
Hay que dejar sentado que la Sala Constitucional y la Sala Penal han inadmitido todas las demandas interpuestas por la sociedad civil para solicitar información “pública” sobre la gestión del gobierno nacional.
Transparencia Venezuela ha presentado acciones ante el TSJ y al menos una de ellas tiene retrasos de hasta cuatro años, pues no ha superado siquiera la etapa de admisión. Olvida la inspectora, cuya trayectoria está ligada al Ejecutivo Nacional, la cantidad de presos con orden de excarcelación y su falta de acción para garantizar la justicia.
La funcionaria, aseguró también ante la instancia que vela por los Derechos Humanos en el hemisferio, que el TSJ “cumple plenamente las disposiciones contenidas en los acuerdos y tratados suscritos válidamente por el Estado”. Con esta afirmación Valdéz deja de lado el desconocimiento del TSJ de las sentencias emanadas de la Corte Interamericana, en especial en el caso de Leopoldo López o de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.