El Gobierno, a través del Poder Judicial, se ha lanzado a la caza de connotados chavistas disidentes que están en el exilio, tales como la removida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; y el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, cuyas extradiciones ha reclamado a Colombia y España, respectivamente.
Entre el 16 y 17 de agosto de 2018, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia respondió afirmativamente a ocho solicitudes de extradición que el Ministerio Público intervenido por la Constituyente le presentó en los últimos días contra opositores y otrora dirigentes oficialistas, por su presunta vinculación en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro o por hechos de corrupción.
A Ortega Díaz su sucesor Tarek William Saab la ha vinculado con los sucesos ocurridos durante el acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional y la ha acusado de amenazar a los fiscales que están investigando el caso, por publicar sus fotos y datos en las redes sociales. “Contra estos canallas cobardes que creen que colocando fotos de nuestros hombres y mujeres (…) hemos abierto una investigación”, dijo al tiempo que la tachó de “cómplice de estos hechos funestos”.
Además de acusar a la jurista guariqueña de incurrir en traición a la patria, el Ministerio Público la señala de incurrir enusurpación de funciones, uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención; falsa denuncia o acusación y asociación para delinquir, según figura en el fallo número 258.
Pero Saab no solo ha apuntado contra su predecesora en el cargo, sino también contra uno de los colaboradores más cercanos: el abogado Zair Mundaray, director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio, quien calificó los señalamientos en su contra de “payasada” que buscan distraer la atención del “fracaso social y económico” del Gobierno.
“Es un delito inexistente, porque el hecho de pedir el cumplimiento del deber a los fiscales no es un delito”, agregó, en relación a la sentencia número 257 en su contra.
Otro connotado dirigente oficialista al que el fiscal designado por la Constituyente desea capturar es el ex ministro de Energía, Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y ex embajador en Naciones Unidas, cuya extradición solicitó a las autoridades españolas, para procesarlo por su presunta vinculación en el caso del desvío de miles de millones de dólares de la estatal petrolera a cuentas de la Banca Privada de Andorra.
Además del ex zar del petróleo, el TSJ ha pedido a Madrid que entregue a los empresarios Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Ramón Sánchez García, detenidos en el país ibérico por su presunta vinculación en hechos de corrupción en la principal industria del país.
Tanto Ortega Díaz como Ramírez se han convertido en dos de las voces más críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. La primera desde que tuvo que refugiarse en Colombia, días después de haber sido removida de su cargo por la cuestionada Constituyente, inició una serie de acciones contra el mandatario, entre ellas la denunció por “delitos de lesa humanidad” ante la Corte Penal Internacional y más recientemente por el caso Odebrecht ante el TSJ en el exilio.
La removida fiscal sigue siendo considerada como la jefa del Ministerio Público por sus colegas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, de EEUU, Canadá y de países de la Unión Europea, con los cuales ha sostenido reuniones y ha suministrado información sobre distintos casos que venía investigando antes de ser despojada por la fuerza de su despacho.
Por su parte, el exministro de Energía y ex presidente de Pdvsa en sus artículos de opinión y entrevistas ha acusado al Jefe del Estado de destruir el legado de Hugo Chávez y de arruinar a Pdvsa.
Contra la oposición
Estas solicitudes se suman a la orden de captura internacional girada contra el ex presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, al que el Gobierno acusa de ser uno de planificadores del supuesto atentado contra el mandatario.
El legislador, quien permanece auto exilado en Bogotá desde principios de 2018, ha negado los señalamientos y ha atribuido los mismos a las gestiones que ha realizado para conseguir que distintos gobiernos impongan sanciones a jerarcas chavistas de bloquear cualquier financiamiento que no sea autorizado por el Parlamento.
“Esta nueva medida que ahora dictan en mi contra forma parte de la persecución que vivimos todos los venezolanos por el abuso de justicia que existe. Definitivamente es una retaliación política, que no me perdonarán jamás”, afirmó.