Transparencia Venezuela, 17 de junio de 2021.- “La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia su ejemplo”. Si en el Ministerio Público intervenido por la cuestionada Constituyente hubieran tomado nota de esta frase del periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano, posiblemente el Fondo Nacional de Desarrollo Nacional (Fonden) no habría vuelto a ser escenario de un caso de corrupción.
Este 16 de junio, el fiscal general Tarek William Saab anunció la desarticulación de una banda de funcionarios y exfuncionarios, así como de particulares, que habrían logrado desviar millones de bolívares desde el Ministerio de Economía y Finanzas, así como desde el Fonden hacia cuentas de particulares.
Tras explicar que el grupo habría logrado apropiarse de los fondos, cuya cuantía no detalló, mediante “la instalación de un software ilegal en una computadora que les permitía tener acceso a cuentas bancarias” desde cualquier lugar del mundo, el funcionario indicó que en esta operación habrían participado Jonathan José Flores Estrada, exfuncionario del Ministerio y quien actualmente se encuentra en España; y Anthony Carreño, quien laboraba en el área de tecnología. Estas dos personas habrían instalado el programa informático que les permitía acceder a cuentas bancarias de las instituciones públicas y enviar recursos a donde quisieran.
“Los fondos (apropiados) se utilizaban para comprar dólares en el mercado negro”, aseguró Saab durante una rueda de prensa, en la cual anunció la detención de Carreño, así como de Karen Rondón y Milexis Torres, quienes también laboraban en el despacho de las finanzas públicas, así como de los particulares Keberlin Zerpa, Edison Pérez, Winker Suárez, Reinaldo Sivira y Abraham Sánchez.
A los particulares les imputaron los delitos de legitimación de capitales, fraude y asociación, pero a los funcionarios se les señaló, además, de peculado y uso indebido de información. Asimismo, Saab informó que su despacho se apresta a solicitar orden de captura internacional contra Flores Estrada.
De aquellos polvos…
El hecho de que el Fonden vuelva a ser escenario de corrupción no debería sorprender, pues desde que fue creado en 2003 este fondo, el cual ha sido administrado de manera discrecional y opaca por los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha estado envuelto en no pocos hechos irregulares.
Una investigación elaborada por Transparencia Venezuela en este mes de junio de 2021 reveló que entre 2005 y 2020 el Fonden financió 781 proyectos para los cuales se comprometió a pagar USD 174.898,10 millones, pero de esa cifra total se habían pagado solo USD 153.117,08 millones. Según ese estudio, la mayor parte del dinero se comprometió en la compra de armas, por encima de sectores como salud y educación. Además, quedó evidenciado que, en su primera década de existencia, el Fonden destinó USD 21.189,13 millones a proyectos con Cuba, una cifra que equivale a 2,6 veces el presupuesto aprobado en Venezuela para el ejercicio fiscal de 2021.
Buena parte de los recursos del Fonden se perdieron en operaciones turbias. Prueba de ello es que de él salieron 827 millones de dólares para la construcción del tercer puente del río Orinoco, obra que fue adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht y la cual aunque fue pagada en un porcentaje elevado no se terminó.
La línea V del Metro de Caracas, la continuación del ferrocarril entre Puerto Cabello y la Encrucijada, el Metro Guarenas-Guatire, la línea II del Metro de Los Teques, la fábrica de Pulpa, el complejo azucarero Ezequiel Zamora, el complejo petroquímico de Puerto Nutrias y la modernización del sistema eléctrico fueron otras obras financiadas por el Fonden que, aunque fueron pagadas, no se terminaron.
Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido procesado ni condenado por estos hechos.
El Fonden también fue utilizado para comprar armas como los 24 cazabombarderos rusos Sukhoi y para ayudar a países como Cuba, Nicaragua, Ecuador o Bolivia.
No obstante, los datos antes mencionados Saab insistió en que lleva adelante una “lucha implacable” contra la corrupción y además se atrevió a hacer recomendaciones al resto de los poderes públicos. “No basta con remover a un funcionario (señalado por irregularidades administrativas). Si merece una pena privativa (de libertad) debe hacerse efectiva (…) no puede tolerarse una justicia clasista: Solo van presos los que no tienen acceso a bufetes, abogados y que en el camino vemos que son los miembros de los sectores populares los que terminan en las cárceles”, dijo.
Ojalá cumpliera sus palabras e investigue todos los casos, sin distinción de quienes estén implicados.