Transparencia Venezuela, 28 de septiembre de 2023.- “El Estado (venezolano) no está dispuesto a corregir las violaciones del pasado”, dijo Martha Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela ante el Consejo de Derechos humanos de Naciones Unidas, esta misma semana. Horas después, se conoció que el estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez, detenido el 30 agosto de 2023, “perdió la visión en su ojo izquierdo, tiene inflamación en su riñón izquierdo y presenta una lesión que va desde glúteo derecho hasta la rodilla que le impide mantener extendida la pierna derecha”, por las golpizas que ha recibido bajo custodia del Estado.
Así describió el abogado, Joel García, defensor del estudiante de 24 años de edad, y está fundamentada en un examen forense hecho por el Servicio Forense del Ministerio Público, instancia que respondió a las denuncias sobre los maltratos unos 20 días después que fueron hechas por la defensa y sus familiares.
La Defensoría del Pueblo también se comunicó con la defensa para tratar el caso del joven en una reunión pautada para el lunes de la semana entrante, tras recibir la denuncia el pasado 6 de septiembre.
John Álvarez fue vinculado por las autoridades venezolanas con el expediente que se instruye contra 6 sindicalistas que fueron sentenciados recientemente a 16 años de cárcel. Está detenido en la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con sede en La Yaguara, en el municipio Libertador del Área Metropolitana de Caracas.
A John Álvarez le aplicaron uno de los patrones denunciados por la Misión de la ONU
La Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela denunció que en nuestro país se aplican dos mecanismos de represión: uno duro y otro blando.
Las características de lo ocurrido con John Álvarez encajan en lo que esta instancia de la ONU ha denominado el “patrón blando de represión”, en cuanto a la aplicación de la detención arbitraria y torturas.
Sobre la detención irregular, el abogado Joel García, consultado por Suprema Injusticia, dijo que John Álvarez fue detenido el 30 de agosto a las 9:30 de la mañana cuando transitaba en su moto por la avenida Bolívar en Caracas, por 5 o 6 hombres vestidos de civil, que lo introdujeron en un vehículo Orinoquia, color blanco, donde le colocaron una capucha.
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En el momento en que es llevado a la sede de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), en la urbanización Los Chaguaramos, en Caracas, es que el joven entiende que no se trata de un robo, porque le habían quitado sus pertenencias, sino de una detención policial. Su moto, reloj, y cadena desaparecieron cuando fue detenido, porque no aparecieron en el acta de detención.
“Le revisan el teléfono. Empiezan a enviar mensajes de texto a distintas personas, para que contestaran. Se hacían pasar por él. Incluso, intentaron hacer una video llamada. También lo condujeron a hacer un pago móvil, a que trasladara unos fondos a una cuenta. Después lo obligaron a grabar unos videos incriminando a Carlos Sánchez y al periodista Carlos Julio Rojas diciendo que ellos estaban conspirando, dijo a Suprema Injusticia el abogado Joel García.
La descripción de las torturas a las que fue sometido Jhon Álvarez hecha por el abogado Joel García, encuadra en el patrón denunciado por la Misión de Determinación de los Hechos.
Los tratos crueles comenzaron el mismo día 30 de agosto: “Empiezan a darle golpes. A darle con trozos de madera, forrados con material acolchado. También le pusieron electricidad en los costados, en los testículos y lo tuvieron maltratando por mucho tiempo”, acotó el abogado García.
El abogado señaló que el estudiante universitario narró ante el juez, el 4 de septiembre, los maltratos que recibió, dónde ocurrieron, quiénes lo torturaron, sus nombres y características fisionómicas y relató el robo de sus pertenencias.
De un procedimiento judicial irregular
Relata el abogado que el viernes 1 de septiembre John Álvarez fue trasladado al Palacio de Justicia, sede de los tribunales penales en Caracas, pero “no lo bajan de la patrulla y lo devuelven”.
El lunes 4 de septiembre fue llevado finalmente ante el tribunal, 5 días después de su detención.
En el acta policial dice que “fue encontrado pegando unos panfletos en la estatua de Simón Bolívar, que está en la avenida Bolívar, un panfleto que tenía la bandera de Ucrania y Venezuela, que decía ´Juntos por la libertad´ y que por ese motivo fue preso”, afirmó el abogado.
La defensa del estudiante fue sorprendida cuando el fiscal asignado al caso dijo que había una solicitud de detención contra Álvarez que data de junio de 2022 y que estaba relacionada con los 6 sindicalistas recientemente condenados. “Sin embargo, no se nos mostró la orden de aprehensión, no se nos mostró el expediente donde reza esa orden de aprehensión, sino el acta policial donde dice que lo detuvieron por un panfleto”, agregó el abogado defensor.
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A Álvarez le imputaron los delitos de conspiración y asociación, que según su abogado defensor no se sostienen porque no existen en el acta policial elementos que los sustenten. “Cómo con un panfleto se puede cambiar la forma republicana del país, como es que con un panfleto se solicite la intervención de una potencia extranjera para que intervenga en los asuntos internos del país”, se pregunta el abogado.
La Fiscalía pidió al tribunal la reserva de las actas, lo que fue acordado por el juez. “Quiere decir que nosotros no hemos podido tener acceso a este expediente, porque están reservadas en secreto, esas actas”, dijo García.
El miércoles 6 de septiembre, los familiares y abogados de John, instaron al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, a realizar una investigación sobre las acusaciones de torturas que el joven sufrió mientras estuvo detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), activar la Comisión Nacional contra la Tortura.
¿DAET o FAES?: activar y desactivar a voluntad la mano dura en Venezuela
El abogado de John Álvarez señaló que el estudiante de la UCV fue torturado por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), establecida en julio de 2022.
La situación del estudiante de Antropología no está en el informe más reciente de la Misión de la ONU, pero organizaciones como Freedom House, la Comisión internacional de Juristas (CIJ), Amnistía Internacional, alertaron en la audiencia en las Naciones Unidas sobre la grave situación del joven.
“El Estado (venezolano) sigue teniendo la mano dura, que desactiva a voluntad”, sentenció la presidenta de la Misión ante el pleno de la ONU.
La DAET, según lo dijo Martha Valiñas, en su intervención ante la ONU, es la “continuación de facto de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”, un cuerpo policial que ya señalado por “ejecuciones extrajudiciales, incluyendo crímenes de lesa humanidad”, que supuestamente fue desmantelado por la presión internacional y nacional.
Fuentes con conocimiento de la organización, modus operandi y cadena de mando de la DAET permitieron a la Misión ONU concluir que “La DAET es la continuación de facto de las FAES”, dijo Valiñas.
“En relación con la cadena de mando de 15 puestos de mando y de nivel medio de la DAET, 10 han sido ocupados por antiguos altos cargos de le extinta FAES”. Valiñas señaló que 3 de estos funcionarios- el director y exdirector de la DAET y el jefe de la División de Investigaciones Criminales de este organismo- fueron señalados de “crímenes internacionales” en informes anteriores de la Misión.
La DAET ha estado involucrada en detenciones arbitrarias, “incluso en un caso de tortura”.
También señaló que en las llamadas Operaciones de seguridad Trueno, la DAET- realizadas entre abril y septiembre de 2022- arrojó “un saldo de 72 asesinatos y 345 detención”. La Misión determinó que las estrategias y acciones de la DAET “fueron muy similares a la de las FAES”.
Operación Constitución: detenciones arbitrarias, torturas e irregularidades en el proceso judicial