Transparencia Venezuela, 9 de diciembre de 2022.- Desde cero. El juicio contra el director de Fundaredes, Javier Tarazona, se reinició este miércoles 7 de diciembre, luego de que el primero, que comenzó el 16 de agosto pasado, quedara interrumpido debido a los constantes diferimientos en los que incurrió la jueza del caso.
La información la suministró el director del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, quien es uno de los representantes del activista, quien ya tiene año y medio tras las rejas señalado de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
“Se inició el juicio y quedó suspendido para el martes que viene (13 de diciembre) para las declaraciones de Tarazona que solicitó hacer en relación a tratos crueles, inhumanos y tortura de los que señala que fue víctima”, explicó Romero en un video que compartió a través de su cuenta de Twitter
La Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos para Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una actualización de su segundo informe presentada en marzo pasado, señaló que “ha recibido información de que Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca”.
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Por su parte, la abogada Rachel González, otra de las representantes legales del activista, afirmó que aprovecharon la apertura del debate oral y público para denunciar “la detención arbitraria e ilegal de la que fueron sujeto todos los involucrados” y para solicitar “su libertad plena”.
Un caso que prueba que la ley es para unos y no para todos
El proceso seguido contra Tarazona pone entredicho el principio constitucional de igualdad ante la ley. ¿La razón? El primer juicio contra el activista se inició luego de 13 diferimientos, una cifra que va a contracorriente de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
El artículo 325 del texto antes citado establece que el acto de apertura de juicio deberá celebrarse entre 5 y 10 hábiles después de que el juez de Control haya decidido que hay motivos para sentar en el banquillo de los acusados a alguien.
Asimismo, el artículo 309 señala que, si el proceso no se celebra debido a la incomparecencia de los jueces, fiscales o defensores públicos, cualquiera de las partes puede solicitar a los superiores de los responsables del retraso que tomen medidas disciplinarias contra ellos. Algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Una señal de alarma
El caso de Javier Tarazona es motivo de preocupación dentro y fuera de las fronteras. Así el mes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió de nuevo a las autoridades venezolanas autorización para viajar a Venezuela y verificar el estando en el que se encuentra detenido el activista y otras personas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Al modificar las medidas cautelares que ha dictado a favor del director de Fundaredes, el organismo continental instó a las autoridades a garantizar que las condiciones de detención de Javier Tarazona “sean acordes con los estándares internacionales en la materia”.
Tarazona tiene casi año y medio detenido señalado por las autoridades venezolanas de recibir un presunto financiamiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), de supuestos vínculos con el paramilitarismo colombiano y de buscar dañar la imagen de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Esto por las críticas y denuncias que formuló de excesos y abusos durante la operación militar lanzada contra disidencias de las guerrillas colombianas en el estado Apure.
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