La anomia en el sistema de justicia en Venezuela pasa de largo frente a los altos funcionarios llamados por la Constitución para resguardar la ley. El poder de los órganos de seguridad, como la policía política del Gobierno Nacional, Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), no sabe de abogados, jueces, magistrados, ni tribunales. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General de la República.
Este cuerpo de inteligencia parece no tener contrapesos. Detiene sin orden judicial y su forma de proceder se asemeja a la de un secuestro.Pone tras las rejas a menores de edad por supuesta conspiración, ignora los dictámenes de los tribunales y se niega a liberar presos con órdenes de excarcelación.
Tarek William Saab es uno de esos funcionarios a quien se le ha reclamado actuación efectiva en esta materia, primero cuando fue Defensor del Pueblo (2014-217) y ahora siendo Fiscal General, designado en 2017 por la Constituyente (el Parlamento paralelo creado por el Gobierno). Es un funcionario que defiende a ultranza su vocación por la defensa de los derechos humanos y la legalidad, una lucha que según él mismo se remonta a tiempos de su adolescencia. Eso no le ha valido de nada a la hora de ser sancionado por la OFAC (Office of Foreign Assets Control, por sus siglas en inglés), por no resguardar las garantías fundamentales de los venezolanos.
Saab ha sido requerido por los abogados defensores en todos los casos de violación de derechos de los detenidos. Su intervención ha sido tibia en algunos casos, en otros casi inexistente.
“Muchas de las boletas de excarcelación están sujetas a un condicionante, que son los fiadores. Si los fiadores no cumplen, la boleta no culmina. No es el 100 % de los casos, pero he visto que es la mayoría”. Ese fue el argumento técnico de Saab registrado por algunos medios el 23 de mayo de 2018, cuando se le consultó sobre ocho personas presas en el Sebin (sede El Helicoide) que no lograban poner un pie fuera de la cárcel, aunque el sistema judicial así lo ordenaba.
No hay que ser exhaustivos para encontrarse con esta realidad. Allí está el caso de Gregory Hinds (32 años) y Geraldine Chacón (24 años), directores de la organización Embajadores Comunitarios, apresados por el Sebin a principios de 2018. El 2 de abril un juez decidió darles libertad condicional porque el Ministerio Público, dirigido por Tarek William Saab, no presentó acusación en su contra. Nada pasó. El tribunal de instancia no defendió la ejecución de su decisión, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz Angulo, no se esforzó por terminar con la detención ilegal, ni la Fiscalía reguardó el debido proceso. Se quedaron tras las rejas hasta que fueron incluidos en la lista de presos políticos liberados por iniciativa del Presidente Nicolás Maduro, a finales de mayo y principio de junio de 2018.
Elianis Rodríguez, Simón Andrés Aserraf, Dylan Canache y Betzaida Martínez son los cuatro adolescentes que estuvieron presos en la sede del Sebin, en El Helicoide, tras ser detenidos entre enero y marzo de 2018. Su boleta de excarcelación fue emitida hasta tres veces por un tribunal. No hubo autoridad que lograra que la policía política accediera, hasta que Maduro pidió las liberaciones “para superar las heridas que dejaron las guarimbas, las conspiraciones.”
Hay casos más escabrosos, como el de Juan Pedro Lares, hijo de Omar Lares, ex alcalde del municipio Campo Elías en el estado Mérida, que estuvo en el Sebin sin orden de un juez y en 10 meses nunca fue presentado ante un tribunal. Fue liberado el 1º de junio, en “secreto”porque el caso dejaba “muy mal parado al gobierno”, según lo declaró su madre al portal El Pitazo, horas después de su excarcelación. En ese medio de comunicación se lee:
“Juan Pedro Lares fue detenido por funcionarios del Sebin el 30 de julio de 2017, pese a que él no había cometido ningún delito. Los uniformados se lo llevaron para presionar a su padre, Omar Lares, a entregarse luego que este huyera a Colombia después de una orden de detención que se dictó en su contra cuando era alcalde del municipio Campo Elías.
Desde la Fiscalía General de la República no hubo acción concreta a favor del debido proceso, que terminara con esa detención arbitraria de casi un año. Ni de la Defensoría del Pueblo, mucho menos de las más altas instancias del Poder Judicial.
Yon Goicoechea, dirigente político opositor, fue detenido el 29 de agosto de 2016 y en menos de dos meses, el 20 de octubre de 2016, un juez ordena su libertad. Fue el 11 de julio de 2017, casi un año después, cuando Tarek William Saab,entonces Defensor del Pueblo, solicitó su liberación.El político salió de la cárcel el 4 de noviembre de 2017.
Saab pidió en esa misma ocasión la libertad condicional para Wilmer Azuaje, diputado al Consejo Legislativo de Barinas y 14 policías del municipio Chacao, estado Miranda, que también tenían boletas de excarcelación. Su solicitud no fue atendida. Azuaje salió a la calle el 2 de junio de 2018, porque fue incluido en la lista de presos políticos liberados a solicitud presidencial. Nada menos que 11 meses después de la intermediación de Tarek William Saab.
