Transparencia Venezuela, 15 de julio de 2021.- En saco roto. Allí parecen haber caído las denuncias de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó en su último informe publicado a finales de junio. Al menos eso es lo que deja entrever el caso del diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Freddy Guevara, quien fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y solo 58 horas después fue presentado ante un juez, en lugar de los 48 que manda la ley.
“Los patrones previamente identificados de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron”, denunció la exmandataria chilena, quien constató que en Venezuela es una práctica recurrente detener a una persona y luego someterlas a “desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”.
Guevara fue aprehendido en la autopista Francisco Fajardo (ahora renombrada Cacique Guaicaipuro) mientras conducía su vehículo; es decir no había cometido ningún delito. El parlamentario logró transmitir mediante su teléfono su captura y se veía como los agentes armados lo apuntaban.
Horas después de su detención, el Ministerio Público intervenido por la Constituyente emitió un comunicado en el que aseguraba que la captura de Guevara fue requerida por este organismo, aunque no precisó el tribunal que la acordó, por “su vinculación a grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano”.
Un día después, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una rueda de prensa en la que vinculó a Guevara y otros dirigentes del opositor partido Voluntad Popular con la banda de “El Koki” que actúa en La Vega y la cual, entre el 7 de 10 de julio pasado, lanzó ataques contra distintos cuerpos policiales y de seguridad del Estado que mantuvieron paralizada a buena parte del suroeste de Caracas y en vilo a la población de la zonas, unos 700 mil habitantes.
Como pruebas de sus señalamientos, el parlamentario mostró videos que supuestamente habrían sido obtenidos de los teléfonos de uno de los 22 presuntos delincuentes abatidos por las autoridades durante los enfrentamientos. Pero además exhibió presuntas conversaciones de Whatsapp obtenidas del teléfono de Guevara. Esta situación no solo siembra dudas sobre la legalidad del proceso, por cuanto solo los fiscales y policías deberían tener acceso a las evidencias, sino que además vuelven a poner de manifiesto la escasa independencia judicial.
“Me imagino que luego de estas imágenes, la Fiscalía General de la República ya debe haber dado órdenes de captura para (los dirigentes de VP también mencionados por él) Gilbert Caro, Hassler Iglesias, Emilio Graterón y Luis Somaza”, dijo Rodríguez.
Durante su intervención, el presidente de la AN, electa en 2020, negó que el opositor estuviera “desaparecido” como sostenían sus allegados y defensores. No obstante, fue presentado en los tribunales 58 horas después; es decir 10 horas más de lo establecido en la ley; y sus representantes legales denunciaron que no pudieron acceder a él, con lo cual se violó el derecho a la defensa y al debido proceso, previstos en los artículos 44 y 49 constitucionales. La defensa informó que el Freddy Guevara fue trasladado a tribunales vistiendo un uniforme anaranjado.
La detención de Guevara se dio poco más de seis meses después de haber recibido un indulto presidencial, lo cual le permitió salir de la Embajada de Chile, en la que se refugió en noviembre de 2017, tras participar en la ola de protestas antigubernamentales que desataron las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que dejaron más de un centenar de muertos y miles de detenidos. Estos fallos en la práctica aniquilaron al Parlamento controlado por la oposición.
Sin ton ni son
El Ministerio Público anunció que a Guevara le serían imputados los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria, algo que efectivamente ocurrió. No obstante, expertos como el penalista Fernando Fernández consideran esta calificación es errada.
“El delito de terrorismo, según la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, consiste en poner bombas o matar gente para aterrorizar a la población y obligarla a hacer lo que exige el terrorista (se puede decir que es una modalidad de extorsión calificada). Preguntas: ¿Cuál bomba puso Freddy Guevara? ¿A quién mató? ¿Cuál fue su mensaje para aterrorizar a la población? Concierto para delinquir. ¿Con quién? ¿Con el Koki? ¿Con las FARC o el ELN? No cuadra en nada”, escribió en Twitter.
Sobre el delito de traición a la patria, se preguntó: “¿Venezuela ha decretado la guerra a cuál país? ¿Algún otro país se la ha declarado (a Venezuela)? ¿Cuál es el enemigo externo? ¿Cuál parte del territorio ha sido afectada? ¿Cuáles son los grupos terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos implicados?”.
Y, por último, sobre el delito de atentado contra el orden constitucional recordó que el mismo implica un alzamiento armado contra el Gobierno. “Guevara fue detenido en su carro, indefenso y sin armas. No hubo alzamiento armado. Falso positivo flagrante”, sentenció.