Transparencia Venezuela, 11 de agosto de 2021.- “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. El Poder Judicial no se cansa de probar que este mandato contenido en el artículo 26 de la Constitución es letra muerta. El último ejemplo ha sido el caso del proceso seguido contra los autores del asesinato del comisario Eliézer Otaiza, ocurrido en 2014, quienes apenas esta semana fueron condenados por un tribunal; es decir casi siete años después de ocurridos los hechos.
Gabriela González, viuda del militar golpista, miembro de la Constituyente de 1999 y ex director de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), informó que este 10 de agosto de 2021 el Tribunal 27 de Juicio de Caracas declaró culpables a los cinco acusados del crimen y ordenó que pasen los próximos 20 años tras las rejas.
«Hoy se hizo justicia´, luego de siete años de lucha con el corazón destrozado mes a mes en el Palacio de Justicia. Hoy el Tribunal 27 de Juicio dicta sentencia condenatoria de 20 años y dos meses a cada uno de los cinco asesinos. Vida mía, Eliézer Otaiza, solo tú y nuestro hijo me dieron la fuerza”, escribió en Twitter la pareja del desaparecido uniformado y exfuncionario del Gobierno de Hugo Chávez.
La duración del proceso contra los asesinos de Otaiza excedió con creces los dos años que formalmente deberían durar este tipo de casos, de acuerdo a los lapsos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) desde el momento del inicio de la investigación hasta que el asunto llegue al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para hipotética revisión final.
Un falso “falso positivo”
El 26 de abril de 2014 Otaiza, quien para la época era concejal del municipio Libertador, fue asesinado tras ser interceptado por un grupo de delincuentes, quienes habrían confundido su vehículo con un auto policial. El hecho ocurrió en el barrio La Palomera, en el municipio Baruta del estado Miranda.
Los asesinos del funcionario habrían sido integrantes de la banda “Los Menores”, quienes lograron desarmarlo, despojarlo de sus teléfonos y del dinero que cargaba encima.
Nada más conocer la noticia del hecho Nicolás Maduro afirmó que lo ocurrido era parte de una conspiración contra su administración. “El asesinato de Otaiza fue ejecutado como un falso positivo para que fuera presentado ante la opinión pública como un hecho de violencia más; como se planifican los falsos positivos en Colombia. El asesinato de Otaiza lo alentaron desde Miami sectores que tuvieron el poder mediático y económico en Venezuela en el pasado”, llegó a decir.
De nada valió el hecho de que la víctima hubiera ocupado altos cargos gubernamentales, eso no hizo que el aparato judicial se moviera más rápido. Una situación que no es inusual, porque en otros casos que afectan a personas que ocuparon posiciones relevantes de poder también ha ocurrido lo mismo. Un caso claro es el de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ninoska Queipo, quien murió en 2012 como consecuencia de una mala praxis médica mientras se sometía a una liposucción.
En 2015 la Sala de Casación Penal del máximo juzgado atendió las peticiones de los familiares de la malograda funcionaria y se avocó al asunto y tras constatar irregularidades ordenó al Ministerio Público repetir las averiguaciones contra los galenos. Sin embargo, más de un lustro después no hay noticias de que el caso haya avanzado.