Transparencia Venezuela, 3 de julio de 2024. El incumplimiento de los lapsos procesales, los retrasos en las investigaciones, la denegación del derecho a la defensa, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y hasta las persistentes fallas en los servicios públicos que atentan contra el normal funcionamiento de los juzgados, son algunas de las deficiencias e irregularidades que siguen presentes en sistema de justicia venezolano , pese a las reformas legales y a los nuevos planes que las autoridades han anunciado para intentar mejorar su desempeño.
La denuncia la formuló el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, en su informe- tanto escrito como oral- sobre la situación de las garantías fundamentales en Venezuela que presentó este 3 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desapariciones forzadas
El alto comisionado de la ONU dijo en su reporte oral que desde mayo de 2023 su oficina documentó 28 casos de detenidos disidentes que fueron “separados de sus parientes y abogados” a pesar de los intentos de conseguir explicaciones por parte de las autoridades.
“Esto supone desapariciones forzadas”, manifestó y agregó que esta práctica “debe terminar inmediatamente”.
También en su informe escrito, de 26 páginas, Türk expresó su preocupación por el escaso avance registrado en las averiguaciones relacionadas con las presuntas desapariciones forzadas de Hugo Henrique Marino Salas y del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos ocurridas en 2019 y 2018 respectivamente, así como de Nelson Alexis Giménez Canelón, cuyo paradero se desconoce desde 2017.
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Violación del derecho a la defensa de muchos detenidos
El alto comisionado reportó que el derecho a la defensa en Venezuela no está plenamente garantizado y como prueba expuso que contabilizó 23 casos en los que no se concedió a los acusados “el derecho a la representación letrada de su elección” o en los que se encontraron obstáculos para ejercer ese derecho.
Todos estos casos ocurrieron en tribunales antiterroristas o contra personas señalas de estar incursos en este tipo de delitos.
Un ejemplo claro de esta situación es el caso de la presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad y la Fuerza Armada, Rocío San Miguel, quien después de cinco meses tras las rejas no ha podido juramentar a sus abogados de confianza, reportó el funcionario al Consejo de la ONU.
En su exposición oral, el alto comisionado destacó también el caso del periodista y dirigente vecinal Carlos Julio Rojas, quien sigue detenido sin que se respete su derecho a la defensa.
La Constitución venezolana reconoce, en sus artículos 44 y 49, que los ciudadanos que enfrenten algún proceso judicial tienen derecho a ser representados por “un abogado de su confianza” y que solo en caso de que no puedan costear un defensor privado el Estado les garantizará un abogado, a través de la Defensa Pública.
También Volker Türk refirió en su reporte escrito que las fallas en los servicios públicos afectan el normal funcionamiento de los tribunales.
“El ACNUDH toma nota de otras acciones para acelerar los procesos judiciales, incluso a través de audiencias virtuales. Sin embargo, el ACNUDH recibió información relativa a desafíos, tales como los cortes de internet y las limitaciones a la tecnología de la comunicación, que socavarían el derecho a la defensa de los acusados y el derecho al debido proceso”, expuso el jurista austriaco.
En 2024 el TSJ puso en marcha el llamado Plan de Reimpulso Procesal, con el cual supuestamente buscaba combatir el retardo procesal. No obstante, la reciente huelga carcelaria registrada a principios de junio parece revelar que la iniciativa no ha arrojado los resultados esperados. Hasta el momento las autoridades judiciales no han hecho balance de dicha iniciativa.
Persisten las detenciones arbitrarias
El alto comisionado de la ONU manifestó que sigue recibiendo informes de detenciones antes de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 “de personas que apoyan o son miembros de la oposición” y manifestó, además, que se han registrado 38 detenciones arbitrarias.
Volker Türk reiteró su llamado para que sean liberadas todas las personas que han sido objeto de detención arbitraria y mencionó el caso del activista de Fundaredes, Javier Tarazona, quien cumplió 3 años detenido y ha visto deteriorado su estado de salud.
“Las personas siguen siendo acusadas de cargos de terrorismo que no corresponden con las normas de derechos humanos internacionales, el principio de legalidad y de certidumbre jurídica. También hay problemas con el derecho a un juicio justo”, dijo en su informe oral.
Más motivos a la Fiscalía de la CPI para investigar
Türk constató que la justicia venezolana sigue siendo incapaz de investigar hasta las últimas consecuencias los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que refuerza los argumentos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para actuar en el caso venezolano.
“Persisten retrasos en las investigaciones de casos de muertes en protestas y en operaciones de seguridad. El ACNUDH observa que estas investigaciones no han abordado la cadena de responsabilidades”, se quejó en su informe escrito.
Y como prueba de sus afirmaciones reportó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que de los 114 casos de ajusticiamiento documentados, solo ocho terminaron con sentencias, de las cuales 3 fueron apeladas, mientras que 12 casos están en juicio y otros 91 siguen bajo investigación (de estos 38 permanecen sin cargos, mientras que en 30 casos se desconocen los cargos). En 3 casos se desconoce el estado de su avance.
Algo similar reportó sobre los casos de las muertes ocurridas durante las manifestaciones registradas entre 2014 y 2019. “De 43 casos documentados por el ACNUDH, 28 permanecen bajo investigación o en juicio con diligencias procesales aún pendientes, 14 de los cuales carecen de acusación. Cuatro han sido sobreseídos, o los imputados absueltos, ocho han derivado en condenas y los tres restantes están pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo de Justicia”, precisó en el documento.
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Unas malas prácticas que están lejos de desaparecer
En el reporte escrito, el alto funcionario de la ONU constató que continúan las prácticas irregulares como el desacato a las órdenes de excarcelación o se registran retrasos en la emisión de estas órdenes.
“El ACNUDH observó nuevos retrasos en la emisión y ejecución de las órdenes de puesta en libertad. Diez personas detenidas fueron retenidas arbitrariamente, ya que no se dictó ninguna orden de puesta en libertad tras el cumplimiento de sus condenas. Una persona sigue detenida a pesar de haber sido absuelta en mayo de 2023, ya que no se dictó ninguna orden de puesta en libertad. En un caso, la orden de puesta en libertad fue revocada por motivos administrativos”, se lee en el informe.
La situación antes descrita representa una flagrante violación al numeral 5 del artículo 44 de la Constitución venezolana, el cual reza: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”.
La opacidad campeando a sus anchas
Como en 2023, la corrupción volvió a ser la gran ignorada en el informe de Türk. No obstante, el funcionario denunció en el Consejo de Derechos Humanos que el derecho al acceso a la información pública no está garantizando en Venezuela. Esta garantía es fundamental para ejercer la llamada contraloría social y combatir las irregularidades administrativas.
“De 20 solicitudes presentadas por un actor de la sociedad civil entre marzo de 2023 y marzo de 2024, 14 siguen sin respuesta”, expuso el funcionario de la ONU.
En su reporte oral, Volker Türk lamentó que las restricciones al espacio cívico prevalezcan.
Así manifestó su preocupación sobre el proyecto de ley sobre las ONG y su financiamiento, conocida como la Ley Antisociedad, y la Ley contra el Fascismo que a su juicio incluyen definiciones “vagas y amplias”, al tiempo que instó a las autoridades a que se abstengan de aprobarlas.
