Transparencia Venezuela, 27 de marzo de 2023.- Pese a que las protestas antigubernamentales masivas han desaparecido, las autoridades venezolanas no se dan por satisfechas y no cesan en sus intentos por silenciar cualquier expresión de disenso o descontento. Así lo denunciaron el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk; y la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos para Venezuela.
Con distintos tonos, ambas instancias alertaron sobre la persistencia de ataques contra periodistas, activistas de Derechos Humanos, sindicalistas y líderes campesinos e indígenas en los informes orales que presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 21 y 22 de marzo.
“Los defensores de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, seis sindicalistas y dirigentes sindicales llevan más de nueve meses detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir”, reportó Volker Turk.
En similares términos se pronunció la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos, la jurista portuguesa Marta Valiñas, quien planteó que “tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al Gobierno. Persisten y, en algunos casos, han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada en Venezuela, así como a líderes políticos”.
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Y como ejemplo puso el caso de los dirigentes sindicales Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, quienes fueron detenidos en julio de 2022, y están siendo procesados por terrorismo, conspiración y asociación para delinquir por participar en la ola de protestas que trabajadores públicos iniciaron a mediados de ese año, en rechazo a la disminución que sufrieron sus salarios, debido a la aplicación del polémico instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Asimismo, Marta Valiñas mencionó el arresto y posterior liberación de otros nueve dirigentes sindicales de las empresas básicas de Guayana ocurrido en enero pasado.
Cerrando todas las ventanas a los derechos en Venezuela
Pero Marta Valiñas no se limitó a mencionar a los dirigentes sindicales, sino que informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los cierres de medios de comunicación registrados en 2022, hechos que dijo veía “con especial preocupación”.
La Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos hizo suyas las cifras de la organización Espacio Público, la cual contabilizó que 80 emisoras de radio fueron clausuradas por órdenes gubernamentales.
Volker Turk, por su parte, cuestionó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) insista en el bloqueo de páginas web.
“Un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones es vital” para una democracia, apuntó el Alto Comisionado de la ONU.
Ambos funcionarios también coincidieron en cuestionar el polémico proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines que el oficialismo aprobó, en primera discusión, en la Asamblea Nacional en enero pasado.
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Turk expresó su preocupación por el contenido de la norma, la cual impone a las agrupaciones civiles nuevos trámites y registros para poder seguir operando, y reiteró llamado a las autoridades para que “cualquier legislación se ajuste a los estándares internacionales de Derechos Humanos”.
Marta Valiñas, por su parte, advirtió que “de ser aprobada (la norma tal y como fue presentada se) consolidaría un control abusivo por parte del Estado sobre la existencia, el financiamiento, y las actividades de las ONG”.
En Venezuela siguen los crímenes y la opacidad
El Alto Comisionado y la Misión Internacional Independiente también coincidieron en señalar que en el Venezuela se siguen produciendo graves violaciones a los Derechos Humanos como ajusticiamientos, detenciones arbitrarias e ilegales y casos de tortura.
Valiñas denunció que “la política estatal de lucha contra la criminalidad, que incluía la eliminación, mediante ejecuciones extrajudiciales, de personas consideradas o presentadas como “delincuentes”” persiste y como prueba citó las cifras de Control Ciudadano, que el año pasado contabilizó 716 casos.
Y dejó entrever que la eliminación de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), uno de los cuerpos más señalados de incurrir en estas prácticas, no se ha traducido en cambios, porque los mandos e integrantes de la unidad eliminada pasaron a la Dirección de Actuaciones Estratégicas y Tácticas del mismo organismo (DAET).
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU contabilizó cinco casos de presuntos ajusticiamientos, los cuales reclamó que sean resueltos.
“Si bien soy consciente de que se han abierto investigaciones sobre denuncias relativas a operaciones de seguridad, años después muchas siguen sin resolverse y las audiencias judiciales se posponen constantemente. Me hago eco de las peticiones de justicia que escuché de las víctimas. A estas y a sus familias se les debe otorgar su derecho a la reparación y garantías de no repetición”, dijo.
Por último, el funcionario de la ONU saludó a la supuesta recuperación económica anunciada por el Gobierno. Sin embargo, advirtió que para que la misma se traduzca en una mejora en la situación de los Derechos Humanos de los venezolanos es clave “el acceso libre, transparente e igualitario a los datos y la información de interés público”.
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