Transparencia Venezuela 27 de enero de 2024.- El 6 de febrero, a las 2:30 de la tarde, en la sala de audiencias de la sede de la Corte Interamericana de Derechoso Humanos (Corte IDH), en la ciudad de San José (Costa Rica) se celebrará la audiencia oral y pública relacionada con las presuntas irregularidades ocurridas en las elecciones presidenciales de 2013.
La decisión la adoptó el juzgado continental en una resolución aprobada el pasado 5 de diciembre, en la cual el presidente de la Corte IDH, magistrado Ricardo Pérez Manrique, considera “necesario” celebrar un acto para recibir “los alegatos y observaciones finales orales de las partes y (de) la Comisión Interamericana, respectivamente”.
De acuerdo a la información emanada de la Corte IDH durante la audiencia los magistrados escucharán la declaración que el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski realizará en relación al “desarrollo de la campaña electoral de 2013; los efectos que el sistema regulatorio y la actuación del órgano electoral tuvieron en el ejercicio de sus derechos políticos durante el proceso electoral; la respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante los recursos presentados, y las consecuencias de estas en el ejercicio de sus derechos políticos y acceso a la justicia, y los posibles daños que le fueron causados a su vida personal y profesional”.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su calidad de demandante, presentará el testimonio del abogado Pedro Salazar Ugarte, quien como perito declarará sobre “las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos políticos. En particular, respecto a los estándares aplicables en el marco de contiendas electorales para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas en el contexto de procesos electorales y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos”.
Asimismo, el perito “se referirá a los recursos que deben brindar los Estados frente a violaciones a los derechos políticos, particularmente respecto de garantizar de manera efectiva la imparcialidad de las autoridades que participan del control electoral de las elecciones”. Y, por último, hablará sobre otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y el derecho comparado.
Las autoridades venezolanas se defenderán con todo
El Estado venezolano, por su parte, representado por el agente Larry Devoe Márquez. presentará el testimonio de cuatro testigos y de dos peritos, reveló la Corte IDH en su resolución.
Los testigos serán: Eglee Sofia Toro Navas, una electora que participó en los comicios denunciados; el exfuncionario del CNE, Omar Roa Veliz, quien expondrán sobre las medidas adoptadas para la celebración de esas elecciones y sobre las respuestas dadas a las peticiones realizadas por Henrique Capriles.
Carlos Alberto Álvarez, quien fue miembro de la Misión de Observación Electoral de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), declarará sobre el desarrollo del proceso electoral, “incluyendo aspectos relacionados con la campaña electoral y los recursos posteriores”. Lo mismo hará Pedro Contreras, integrante de la organización Proyecto Social y quien fue Observador Nacional de los comicios.
Por su parte, el abogado Federico Fuenmayor, quien fue magistrado suplente del TSJ y es colaborador de la expresidenta del organismo, Gladys Gutiérrez, expondrá sobre la regulación de los procesos electorales en Venezuela, sobre los mecanismos de auditoría y los procedimientos existentes para objetarlos. Y, por último, la también abogada Intina Reina López Pérez, declarará sobre la procedencia y trámite del recurso contencioso electoral, conforme a la legislación venezolana.
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Aunque el Gobierno venezolano considera que el país está fuera de la jurisdicción de la Corte IDH desde hace más de una década participará en este proceso, por cuanto los hechos de los que versa ocurrieron cuando Venezuela seguía estando sometida a los dictados del tribunal continental.
Unas elecciones reñidas que fueron cerradas en falso
Las presidenciales del 14 de abril de 2013 se celebraron luego de que el 5 de marzo de ese año se informara de la muerte del presidente Hugo Chávez, quien fue reelecto en los anteriores comicios de octubre de 2012. Y de acuerdo con el CNE este proceso fue ganado por el oficialista Nicolás Maduro con una pírrica diferencia de 1,49%.
Sin embargo, Capriles cuestionó dichos resultados y denunció una serie de irregularidades (ventajismo, presiones a testigos y abusos en el voto asistido) que, según él, inclinaron la balanza a favor de su rival.
Aunque en un principio Maduro aceptó realizar una auditoría total del proceso para verificar sus resultados, posteriormente el CNE le cerró las puertas a esta posibilidad y todos los recursos que el aspirante opositor presentó ante el TSJ fueron rechazados.
La Sala Constitucional del TSJ, instancia que decidió arrogarse la potestad de decidir las demandas de Capriles, respondió todas y cada una con el mismo argumento: “(El accionante) narró múltiples circunstancias en las que se produjeron eventuales retrasos en el proceso de votación y presuntas irregularidades en determinados centros electorales, pero no concatenó los señalados eventos entre sí de manera de evidenciar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se habrían presentado tales irregularidades y sobre todo su impacto determinante en la decisión en la que habrían tomado los electores en las urnas, pues no basta que exista una anomalía ella debe ser determinante para comprometer la voluntad del cuerpo electoral”.
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