Los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales, ya no tienen visa “para un sueño”, al menos no para el americano, pues el Gobierno de Estados Unidos decidió revocarle el permiso para ingresar a su territorio.
El Departamento de Estado notificó la semana pasada a los funcionarios que sus permisos de viaje fueron anulados. Aunque ni Washington ni la embajada estadounidense en Caracas dieron a conocer la información, fuentes cercanas a Zuleta confirmaron que ella recibió un correo donde le anunciaban que le anulaban la visa “sin explicación ninguna”.
Zuleta y Delgado son dos de los magistrados que han redactado o suscrito sentencias que le han arrebatado potestades a la Asamblea Nacional (AN) y, por ello, en predios judiciales dan por hecho que la sanción está sustentada en la Ley de Defensa de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Venezuela, mediante la cual el Congreso de EE. UU. autorizó al presidente de ese país, Barack Obama, a retirarle las visas y congelarle las cuentas y bienes a los funcionarios venezolanos sospechosos de violar los DDHH y atentar contra la democracia.
Hasta ahora, Washington solamente ha anunciado que gracias a este instrumento, siete funcionarios, entre ellos el actual jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Gustavo González López; y la exfiscal Katherine Harrington, habían sido sancionados. Sin embargo, en agosto pasado un grupo de congresistas informaron que 62 más habían sido castigados en base a la ley y lo hicieron en una carta donde solicitaron al presidente Obama penalizar a más personas.
Al número anterior habría que incluir a los 29 venezolanos que figuran en la lista que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos(OFAC, por sus siglas en inglés) elabora con los particulares y las empresas sancionadas por presuntamente hacer negocios con narcos, terroristas o corruptos.
La decisión contra Zuleta y Delgado resulta paradójica por decir lo menos, pues ambos suscribieron la sentencia número 100 que el año pasado dictó la Sala Constitucional, en la cual la instancia judicial calificó de “agresión” y acto de “injerencia” la ley que permite a la Casa Blanca sancionar a funcionarios venezolanos sospechosos de violar Derechos Humanos y afirmó que “EEUU no tiene jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República”.
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