Por haber “usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional democráticamente elegida de Venezuela” y permitir al Gobierno de Nicolás Maduro dictar “un decreto de emergencia, que restringe los derechos y frustra la voluntad del pueblo venezolano”, Estados Unidos sancionó a los siete miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión la adoptó la Oficina del Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Estado (OFAC, por sus siglas en inglés), la cual este 18 de mayo incluyó en su lista negra a los magistrados Gladys Gutiérrez, Calixto Ortega, Luis Damiani, Arcadio Delgado, Juan José Mendoza, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta de Merchán, por los fallos que en este año y medio han dictado contra el Parlamento dominado por la oposición y con los cuales han anulado casi todas las leyes que ha dictado y le han arrebatado prácticamente todas las competencias que la Carta Magna le confiere, bajo el argumento de que está en desacato porque no ha desincorporado a tres diputados de Amazonas impugnados en un acto público.
Pero no solo los miembros de la Sala Constitucional fueron castigados, pues el presidente del máximo juzgado, magistrado Maikel Moreno Pérez, también corrió la misma suerte, pues “supervisaba al TSJ en su conjunto” y “defendió públicamente” a sus colegas de la Sala Constitucional, se lee en el comunicado donde Washington anunció sus medidas.
La sanción implica que los activos de los funcionarios pueden ser congelados y prohíbe a cualquier ciudadano o empresa de ese país realizar operaciones con ellos, so pena de ser igualmente sancionados.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, justificó la medida afirmando: “El pueblo venezolano está sufriendo de una economía colapsada causada por la mala administración y corrupción de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia del país han exacerbado la situación al interferir constantemente en la autoridad del Poder Legislativo».
Asimismo aseveró que «al imponer estas sanciones específicas, Estados Unidos está apoyando al pueblo venezolano en sus esfuerzos por proteger y promover la gobernabilidad democrática en su país», de acuerdo con el comunicado difundido por la OFAC.
Ya a mediados del pasado año Washington tomó medidas contra algunos miembros del máximo juzgado, en particular contra Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales, cuyas visas de entrada a ese país fueron anuladas en el marco de la ley que faculta a la Casa Blanca a sancionar a funcionarios venezolanos sospechosos de violar los Derechos Humanos.
