Transparencia Venezuela, 31 de enero de 2024. Un total de 413 fiscales, exdirectores y exfiscales superiores están “siendo condenados, imputados o tienen medidas cautelares por diversos delitos”, escribió el 29 de enero de 2024 en la red social X el fiscal general Tarek William Saab al anunciar la detención de la segunda fiscal por hechos de corrupción en menos de una semana. No es la primera vez que el titular del Ministerio Público informa sobre fiscales corruptos, lo pone de relieve si más allá de los anuncios se toman medidas para evitar que estos funcionarios caigan en corruptelas.
La segunda fiscal detenida es Roymar Gardenia Contreras Alviarez, fiscal 11 de Carabobo, quien según el mensaje de Saab es investigada por los retraso u omisión intencional de funciones, constricción para obtener sumas de dinero y suposición de valimiento. El titular del Ministerio Público escribió en la red social que la funcionaria exigía a los representantes de un colegio en Carabobo sumas en dólares y hasta “el pago del alquiler de un apartamento”.
el @MinpublicoVEN, realiza la #detención de Roimar Contreras Ex Fiscal 11 de #Carabobo, para ser #Investigada y #Sancionada por los #delitos de Retraso u Omisión Intencional de Funciones, Constriccion para Obtener Sumas de Dinero y Suposición de Valimiento.
Ello luego… pic.twitter.com/8NORkVxSCB
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 29, 2024
La detención de Contreras Alviarez se suma al anuncio hecho por Saab días antes, el 26 de enero, cuando informó en la red social X sobre la detención del fiscal, Renny Raúl Amundarain Durán, quien estuvo en la Fiscalía desde abril 2014, tras ser designado fiscal auxiliar interino en la Fiscalía 98, de acuerdo a la resolución 392, suscrita por la destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz,
Amundarain Durán fue vinculado por Saab con un integrante de la temida megabanda Tren de Aragua.
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También fueron señalados por Saab en este caso, el defensor público Addy José Salcedo Luquez y la que para el momento era directora de Auditoría de la Defensa Pública, Emily Pacheco, sobre quien pesa una orden de captura con alerta roja internacional, según informó el fiscal general en la red social X, el 30 de enero en la noche.
#AVANCE #continuando con la #investigación iniciada con ocasión a los audios, videos e imagenes de ex funcionarios del @MinpublicoVEN y la #DefensaPublica vinculados a hechos de #Corrupción y Delincuencia Organizada, fue #solicitada Alerta Roja Internacional contra Emily… pic.twitter.com/e2I0mI5gkW
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 30, 2024
El ahora exfiscal Amundarain Durán, según la Gaceta Oficial N° 42.271 del 07 de diciembre de 2021, fue condecorado por el mismo Tarek William Saab (Resolución N° 2140, del 12 de noviembre de 2021) la medalla “Dr. Luis María Olaso Junyent”, como “reconocimiento por coadyuvar al logro de la defensa de los Derechos Humanos”.
“Que el ciudadano Abogado RENNY RAUL AMUNDARAIN DURAN, Fiscal Provisorio en la Fiscalía 94 Nacional de Protección de Derechos Humanos y Plena, con gran vocación de servicio, reconocida formación moral, académica y profesional, y una especial sensibilidad por el respeto a la condición humana, ha tenido una participación activa en relevantes investigaciones en materia de derechos humanos; todo lo cual le confiere atributos suficientes para considerarlo merecedor al otorgamiento de tal distinción”, dice la resolución.
¿Qué se sabe sobre la fiscal 11 de Carabobo Roymar Gardenia Contreras Alviarez?
Según la Gaceta Oficial N- 42.585, del 9 de marzo de 2023, Roymar Gardenia Contreras Alviarez, pasó del cargo de fiscal superior interino a la Fiscalía Superior del estado Carabobo, con sede en Valencia.
Además, Roymar Gardenia Contreras Alviarez llegó a registrar una empresa en Panamá denominada Natural Element Spa & Salon, S.A, el 8 de octubre de 2015, con un capital de 10.000 dólares. En la actualidad la compañía está suspendida.
Se necesitan medidas urgentes en el Ministerio Público para evitar casos de corrupción
Transparencia Venezuela recalca, una vez más, que es necesario efectuar cambios estructurales en el Ministerio Público que disminuyan las posibilidades de que un fiscal caiga en actos de corrupción o sea instrumento del crimen organizado.
El 26 de enero de 2022, a propósito de la detención de 7 fiscales por distintos hechos, Tarek William Saab, dijo que 287 fiscales eran investigados, y que 249 de ellos han sido judicializados. Es decir que a enero de 2024 la cifra se ha duplicado, tomando como referencia los 413 fiscales, exdirectores y exfiscales superiores que según el fiscal están incursos en irregularidades.
Es escasa, y hasta inexistente, la información relacionada con los sueldos y salarios de los fiscales. No hay datos sobre sus declaraciones juradas y de intereses. Tampoco hay información clara sobre los casos asignados a cada fiscal y su estatus judicial.
En una reciente evaluación hecha por Transparencia Venezuela, a través del rastreo gacetas oficiales desde octubre de 2021, cuando inició el Plan Especial para regularizar la situación de los fiscales provisorios activos, hasta octubre de 2023, fueron identificadas 968 designaciones, y de las cuales solo 54 son de fiscales titulares, en distintas competencias, incluyendo los asignados en materia anticorrupción. Entre los fiscales provisorios e interinos suman 878 funcionarios, es decir, el 90,7% de las designaciones.
La titularidad de los fiscales, y otros funcionarios del sistema de justicia, ha sido una exigencia de instancias internacionales, para evitar que la designación de estos funcionarios se haga a dedo, sino que obtengan los cargos por mérito y por concurso público. Un fiscal titular debería gozar de estabilidad laboral lo que se traduciría en mayor independencia a la hora de actuar en los procesos judiciales, sin interferencia o interés de algún tipo o de presiones de otro Poder Público.
A esto se suma la gestión opaca del Ministerio Público en relación con la presentación de las memorias y cuentas, ejecución presupuestaria, contrataciones, bienes confiscados e incautados. Incluso se desconoce si hay la colaboración de la Fiscalía venezolana con jurisdicciones de otros países en casos en los que está comprometido el patrimonio público venezolano.
