Transparencia Venezuela, 07 de julio de 2021.- Ejercer la libertad de expresión en Venezuela tiene un precio y a veces puede ser terminar tras las rejas. Al menos esta es la sensación que deja el caso del director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue detenido el pasado 2 de julio en el estado Falcón; aprehensión que las autoridades atribuyeron precisamente a las denuncias e informaciones que el activista de Derechos Humanos ha realizado en los últimos meses, en relación con el conflicto que se desarrolla en el fronterizo estado Apure.
“Realizaron acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República. Este tipo de actividades las venían haciendo bajo la fachada de una organización no gubernamental”, afirmó el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab.
El funcionario aseguró que Tarazona fue aprehendido por la denuncia que hizo en días pasados sobre los supuestos nexos entre el exministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, con presuntos jefes de grupos irregulares colombianos.
“Javier Tarazona denunció, sin presentar siquiera una sola evidencia, salvo una foto sin fecha que, por su propia procedencia, pareciera que tenía años o meses de haberse tomado. Refería que existió una relación directa entre el Estado venezolano y grupos irregulares colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (…) Este ciudadano señaló supuestas relaciones comerciales del Estado con estos grupos delictivos relacionados a la explotación de oro, diamantes, coltán. Agregó igualmente, de manera irresponsable, que en Venezuela existen pistas clandestinas y laboratorios de procesamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, afirmando además que el Ejército de Liberación Nacional tiene presencia en 21 entidades del país, sin presentar ningún documento que avale esas afirmaciones”, agregó.
Para Saab los señalamientos del director de Fundaredes no solo dañarían la imagen de autoridades y exfuncionarios venezolanas, por lo cual se le imputó el delito de instigación al odio previsto en la polémica Ley contra el Odio, sino que además señaló que las afirmaciones del activista detenido parecen estar destinadas a justificar acciones internacionales y por ello se le imputó también el delito de traición a la patria.
“Seguro este señor es un adicto a las narcoseries, a las novelas colombianas, a ver este tipo de hechos de lo que ha ocurrido en Colombia. Son cosas muy delicadas, no se está hablando de una simple información o denuncia sobre temas caseros o cotidianos. Buscaría justificar acciones de carácter intervencionista en territorio venezolano”, agregó el fiscal designado por la extinta Constituyente.
Una piedra molesta
Javier Tarazona se ha convertido en una fuente alternativa de información en relación con el conflicto que, desde finales de marzo, efectivos de la Fuerza Armada Nacional libran contra miembros de disidentes de las FARC que no entregaron las armas y que se han instalado en el estado Apure, al sur de país.
Esta labor también habría pesado en la detención del activista, admitió Saab. “No ocurrió este evento (en relación con las denuncias sobre supuesta complicidad de agentes estatales con miembros de las FARC) en los días que menciono, sino también en meses anteriores”, dijo el titular del intervenido Ministerio Público.
Saab negó que Tarazona estuviera desaparecido e informó que se encuentra recluido en la antigua cárcel de La Planta, ubicada al suroeste de la capital, Caracas. Sin embargo, sus familiares y abogados aseguran que no han tenido contacto con él.
Bachelet se pronuncia
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tomó nota de la detención del director de Fundaredes y de otros tres activistas, uno de los cuales fue liberado; y consideró que este hecho forma parte de la “reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización” que se vive en Venezuela.
Por último, denunció que desde junio de 2020 su oficina ha documentado 97 ataques contra activistas de Derechos Humanos.