Transparencia Venezuela, 6 de marzo de 2023.- El incumplimiento de las medidas cautelares, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado a favor de un grupo de personas privadas de libertad en Venezuela, será denunciado ante esa instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) por ocho organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos.
El próximo 6 de marzo la Coalición Derechos Humanos y Democracia, Defiende Venezuela, el Centro Ciudadano de Litigación Estratégica en Derechos Humanos (Cecled), Foro Penal, FundaRedes, Una Ventana a la Libertad, el Instituto CASLA y Humans Right Venezuela informarán al organismo hemisférico sobre el abierto desacato del Gobierno de Nicolás Maduro a sus requerimientos durante la audiencia oral y pública de seguimiento de medidas cautelares que benefician a personas privadas de libertad en Venezuela.
Esta es la única audiencia relacionada con Venezuela que la CIDH celebrará durante 186 período de sesiones, que tendrá lugar entre el 6 y 10 de marzo próximos en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en el campus de la Universidad de California (UCLA).
Más que un desacato a la CIDH: es una postura mortal
La negativa de las autoridades venezolanas a cumplir las instrucciones de la CIDH no solo representa una violación al derecho internacional, sino que está poniendo en peligro de muerte a ciudadanos. Así lo denunciará la organización Defiende Venezuela, que expondrá tres casos.
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El primer ejemplo que será presentado a los comisionados es el caso del economista Juan José Gámez, quien fue detenido sin orden judicial por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 24 de diciembre de 2019, por su presunta participación en una conspiración contra el Gobierno venezolano. Durante días Gamez estuvo incomunicado y las autoridades no informaron su paradero. Actualmente está recluido en el Internado Judicial Rodeo II en Guatire (Miranda), donde ha denunciado que fue torturado por funcionarios de la DGCIM.
El segundo caso se refiere a un privado de libertad que padece de VIH y no ha tenido acceso a su tratamiento médico desde que fue enviado en la sede de la policía científica (Cicpc) de Plaza de Toros, Valencia (Carabobo).
Y, por último, está el caso de José Ernesto Lasorsa, quien padece cáncer y está detenido en la Penitenciaria Fénix Lara, en la ciudad de Barquisimeto.
La CIDH ordenó a las autoridades tomar medidas para garantizar la integridad física y la salud de los señalados.
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Sin embargo, hasta ahora las instrucciones de organismo hemisférico han caído en saco roto, como ya viene ocurriendo de manera sistemática desde que el chavismo llegó al poder.
Precisamente el desacato a sus medidas cautelares es una de las razones por la cuales la CIDH mantiene a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual, también conocido popularmente como la “lista negra” de los Derechos Humanos en el continente.
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