Transparencia Venezuela, 8 de octubre de 2024. El caso de las decenas de adolescentes entre 14 y 17 años detenidos tras la ola de protestas que estalló por los resultados anunciados por el CNE de la elección presidencial del 28 de julio enciende de nuevo las alarmas. Un tribunal penal de Caracas decidió, entre el 3 y 5 de octubre, someter a juicio a 11 de esos menores de edad a quienes se les está imputando delitos de terrorismo y de incitación al odio.
La coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo aseguró que las autoridades judiciales y policiales intentaron forzar a un primer grupo de 7 chicos- que fueron sometidos a la audiencia de preliminar- a “admitir los hechos”; es decir que los funcionarios habrían intentado obligarlos a declararse culpables.
Sin embargo, “todos estos jóvenes se negaron muy gallardamente, a pesar de toda la situación terrible que han vivido, a admitir los hechos, por lo cual ayer (miércoles), en audiencia preliminar, se ordenó pase a juicio, sin ningún tipo de beneficio procesal”, declaró la activista a la agencia EFE.
La jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal segundo con competencia en terrorismo, que dictó el pase a juicio de los muchachos, es una de las funcionarias judiciales que habría ofrecido a los adolescentes admitir los hechos (declararse culpables) para pasar 6 años y 8 meses en prisión, sin beneficios procesales; o ir a juicio y enfrentar la posibilidad de pasar más de 10 años tras las rejas, reseñaron algunos medios.
¿Cuál es esa “situación terrible que han vivido” según la activista? Suprema Injusticia la intentará dibujar a continuación a partir de informaciones que han sido publicadas en algunos medios nacionales e internacionales en los últimos días:
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La tortura y los malos tratos, una práctica que no desaparece del repertorio de las policías venezolanas
El fiscal general impuesto por la extinta Constituyente de 2017, Tarek William Saab, ha asegurado en repetidas ocasiones que a todos los detenidos en Venezuela se les respeta el debido proceso y el derecho a la defensa. No obstante, esta afirmación es refutada por los testimonios que, en los últimos días, han ofrecido los familiares de algunos muchachos que están tras las rejas.
“Mamá, me dieron una paliza tan horrible que yo creía que estaba vomitando sangre. Los policías querían que yo grabara un video para que dijera que María Corina Machado me estaba pagando 30 dólares para salir a protestar. Yo no hice ese video”.*
*Relato que uno de los aprehendidos en el estado Carabobo le dio a su madre.
#ÚLTIMAHORA Madres denuncian golpizas contra adolescentes detenidos en retén de Caraballeda https://t.co/GVi50LSW0G pic.twitter.com/LKwDunCbwH
— Monitoreamos (@monitoreamos) October 4, 2024
“Cuando vi a mi hijo lo vi bastante mal. Golpeado, demacrado. Por donde se movía le dolía. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que le pusieron electricidad por varias partes del cuerpo y le quemaron las tetillas. Todo esto para obligarlo a grabar un video contra María Corina Machado”, dijo Martina *
“Le dije a la defensora pública que tiene el caso que por favor le hicieran un examen médico forense a mi hijo, pero ella me dijo que me quedara tranquila, que le harían todo eso. Pero hasta el sol de hoy no le han hecho ni examen médico ni el psicológico”.*
*Madre de otro adolescente que fue detenido el 29 de julio en Valencia.
La mujer aseguró que su hijo fue presentado ante los tribunales el 1 de agosto y que, durante los días previos, no recibió agua ni comida.
«No lo reconocí. Estaba tan flaco y desnutrido que lo tenía delante de mí y no sabía que era él. Reaccioné cuando el funcionario me dijo que era mi hijo”, declaró una madre, luego de visitar a su hijo de 19 años en el penal de Tocuyito, #Carabobo https://t.co/GubUMGunih
— El Pitazo (@ElPitazoTV) October 3, 2024
Recientemente se ha difundido una grabación de un chico detenido en el Centro de Detención Preventivo de Adolescentes y Féminas del retén de Caraballeda, en el cual denuncia que son golpeados por los custodios .
🚨 | Mireya González, madre de Sandro Rodríguez, un joven activista del estado Lara secuestrado por la Policía Bolivariana, denuncia que su hijo fue golpeado y torturado con electricidad. Que está desnutrido.
Dice que la policía le quitó $700 para liberarlo; pero la estafaron. pic.twitter.com/JZjOR5tpk8
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) October 4, 2024
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Más de dos meses sin contacto con sus seres queridos
Otra irregularidad que ha venido siendo denunciada reiteradamente en los últimos tiempos y que se ha repetido en el caso de los menores de edad aprehendidos es que no se les permite contactar a sus familias nada más ser detenidos y luego, durante su encarcelamiento, tampoco se les garantiza su derecho a recibir visitas.
“En Tocuyito hay muchachos con depresión, desnutridos, que han intentado suicidarse”
“(…) han intentado quitarse la vida dentro de ese centro penitenciario”.*
* Wendy Liendo, madre de uno de los muchachos detenidos.
Dijo que pudo ver a su hijo por primera vez a principios de octubre, después de dos meses de haber sido aprehendido y de viajar más de 200 kilómetros hasta la cárcel donde fue trasladado.
A uno de los que intentó acabar con su vida, un chico de 16 años, le permitieron ver a su progenitora durante 5 minutos luego de su episodio suicida, confirmó su madre a Efecto Cocuyo.
“Lo han maltratado mucho, demasiado”.
URGENTE: madres de adolescentes detenidos en el penal de Caraballeda nos envían varios audios pidiendo ayuda porque hoy no las dejaron ver a sus hijos y desde afuera escuchan sus gritos y cómo los golpean.
Ayuda para los adolescentes presos.
¡Libertad ya y respeto a sus derechos! pic.twitter.com/RhcPorolmn— Manuel Azuaje R. (@Manuelfilosofia) October 3, 2024
Debido a las deficiencias del sistema penitenciario venezolano las visitas son fundamentales para garantizar la alimentación y la salud de los reos, pues son sus parientes quienes les llevan comida, medicamentos y productos de aseo personal. Una responsabilidad que es del Estado venezolano, pero que no cumple, tal y como han denunciado organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Según datos del OVP, en 2022 55 de los 76 presos que fallecieron en las prisiones venezolanas fue “por hambre y falta de atención médica”.
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Sin garantías judiciales
Las audiencias preliminares, que sirvieron para sentar en el banquillo de los acusados a los adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, fueron telemáticas y no se le permitió a ninguno contar con un abogado de su confianza, han asegurado activistas de distintas organizaciones y familiares de algunos de los muchachos.
Lo antes narrado supone una violación al derecho al debido proceso previsto en los artículos 44 y 49 de la Constitución de Venezuela, que estipulan que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso” y que toda persona tiene derecho a “un abogado de su confianza”.
Un grupo de familiares acudió en días pasados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para denunciar la situación de sus seres queridos y para pedir una revisión de sus casos.
Habrá que esperar a ver si el juzgado atiende las solicitudes.
Relatora de la ONU exige a Venezuela que libere “de inmediato” al abogado Perkins Rocha
