De un solo golpe el TSJ liquidó 11 peticiones de información pública

Once de un golpe. No se trata del sastrecillo valiente y tampoco es un cuento de niños. Los autores de esta historia no son los hermanos Grimm, sino los magistrados de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que en un solo día -15 de diciembre de 2016- liquidaron 11 demandas presentadas por Transparencia Venezuela para obtener información sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras y denuncias de posibles hechos de corrupción recibidas a través de la aplicación “Dilo Aquí”.

Las peticiones en cuestión versaban sobre los siguientes casos:

• Sobrefacturación en la presentación de un proyecto para los Juegos Panamericanos Bolívar 2019 (22/09/2016, sentencia No 01448, ponente María Carolina Ameliach).
• Irregularidades en la ejecución de una presa de 147 metros de altura sobre el Río Cuira y sus obras complementarias en el Valle Quíbor, estado Lara (17/03/2016, sentencia No 01463, ponente Eulalia Guerrero).
• Irregularidades en la obras en carreteras y puentes de San Juan de Colón, estado Táchira (22/09/2016, sentencia No 01464, ponente Eulalia Guerrero).
• Denuncia de posibles hechos de corrupción realizados por funcionarios del Hotel Venetur Orinoco (22/09/2016, sentencia No 01465, ponente Eulalia Guerrero).
• Irregularidades en el suministro de medicinas y fallas en la prestación de los servicios médicos (22/09/2016, sentencia No 01466, ponente Eulalia Guerrero).
• Irregularidades en la ampliación del alcance físico del Sistema de Riego El Diluvio-Palmar (17/03/2016, sentencia No 01523, ponente Marco Antonio Medina).
• Cobros de comisiones por agilizar trámites de reenganches laborales (22/09/2016, sentencia No 01526, ponente Marco Antonio Medina).
• Irregularidades en la asignación de títulos de tierras (22/09/2016, sentencia No 01527, ponente Marco Antonio Medina).
• Información sobre los proyectos y presupuestos destinados a la protección y apoyo a los pueblos indígenas que se verán afectados por el Arco Minero (03/11/2016, sentencia No 01534, ponente Marco Antonio Medina).
• Hechos de corrupción de funcionarios de la Zona Educativa Santa Rita Cecilio Acosta del municipio Maracaibo, estado Zulia (22/09/2016, sentencia No 01561, ponente Bárbara Gabriela César).
• Cobro de comisiones a proveedores a cambio de la emisión de pagos pendientes y malversación de vehículos financiados por el Estado (22/09/2016, sentencia No 01562, ponente Bárbara Gabriela César).

Los temas son diversos, pero la respuesta de la Sala Político-Administrativa fue la misma: “se observa que la parte actora adujo las razones o los propósitos por los cuales requiere la información y lo que en su criterio, justifica que lo solicitado es proporcional con la utilización y el uso que se le pretender dar a la misma; sin embargo, a juicio de esta Sala Político Administrativa, en este caso en concreto, lo expuesto por la accionante no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia”.

Aunque el artículo 143 de la Constitución establece que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública”, el TSJ ha colocado una serie de obstáculos que impiden a los venezolanos obtener libremente datos básicos que afectan su propia vida. Por eso no se trata de un sastrecillo valiente, sino de unos magistrados temerosos a que se imponga la verdad.