Transparencia Venezuela, 4 de octubre de 2023.- Cuatro. Ese es el número de Fiscalías del Ministerio Público que, hasta ahora, tienen la responsabilidad de conocer los casos relacionados con Extinción de Dominio.
El fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, ha encomendado a los fiscales nacionales 50, 67, 73 y 74 la tarea de conducir las investigaciones que permitan iniciar los procesos para despojar de sus bienes y fondos a los presuntos corruptos, narcotraficantes y delincuentes organizados, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio aprobada a principios de año.
Las designaciones figuran en las resoluciones 1.235, 1.234, 1.237 y 1.430, que Saab dictó el pasado 7 de julio y que aparecieron publicadas en la Gaceta Oficial números 42.673, 42.711 y 42.714 del 18 julio, 11 de septiembre y 14 de septiembre; respectivamente.
En los documentos queda claro que Tarek William Saab optó por ampliarle a instancias ya existentes las facultades que poseían. Así, por ejemplo, los despachos 50 y 67 hasta ahora tenían competencias en materia contra la corrupción en todo el país, mientras que los 73 y 74 se encargaban de delitos relacionados con la legitimación de capitales, movimientos financieros y el mercado de capitales, también en todo el territorio nacional.
📍También te puede interesar: El TSJ desechó sin responder una demanda por ideologización contra la Colección Bicentenario y la Constitución Ilustrada
Como se recordará la Extinción de Dominio es una figura legal que permite “transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente”.
Procedimientos de la Ley de Extinción de Dominio están en la más absoluta opacidad
El número de despachos fiscales fue obtenido por Suprema Injusticia, luego de realizar una revisión a todas las ediciones de la Gaceta Oficial publicadas desde julio pasado. Sin embargo, el mismo no se puede considerar como definitivo, porque existe la posibilidad de que más resoluciones similares dictadas por el Fiscal General no hayan sido difundidas todavía en la publicación oficial.
No obstante, la cantidad de instancias que el Ministerio Público ha escogido para aplicar las disposiciones de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio es, hasta el momento, menor que el número de juzgados a los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habilitó para el mismo fin.
En mayo pasado, Suprema Injusticia informó que la Sala Plena del TSJ asignó a 8 tribunales civiles de Caracas la tarea de conocer estos asuntos
📍También te puede interesar: Ocho juzgados civiles de Caracas aplicarán la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en una primera fase
Casi seis meses después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio las autoridades judiciales venezolanas no han informado cuántos casos han tramitado, si es que han tramitado alguno, ni mucho menos cuántos han decidido y cuántos bienes han sido recuperados.
En abril pasado Nicolás Maduro aseguró que más de 1.000 bienes habían sido incautados a los implicados en las tramas de corrupción desarticuladas a principios de este año en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), la Industria Venezolana de Papeles (Invepal) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
En estos operativos de la justicia venezolana más casi 60 personas fueron aprehendidas y dos detenidos terminaron falleciendo bajo custodia.
Entre los bienes confiscados en las operaciones policiales figuraban 361 vehículos de «alta gama», 52 camiones, 38 apartamentos de lujo, 28 casas-mansión, 23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves, 16 oficinas, 13 complejos empresariales, 9 motos, 9 autobuses, 7 embarcaciones, 7 empresas, 6 edificios, una posada, un club y «un grupo de armas».
Sin embargo, una semana antes el diputado Diosdado Cabello aseguró que la Ley de Extinción de Dominio permitiría que unos 10.000 bienes que ya estaban en poder del Estado venezolano volvieran definitivamente a las arcas públicas.
