Transparencia Venezuela, 18 de agosto de 2022.- “El abuso de poder de alto nivel que beneficia a pocos al costo de muchos y causa un daño extendido y serio a individuos y a la sociedad. Usualmente permanece impune”, ese es el concepto de Gran Corrupción que desde 2016 maneja la organización Transparencia Internacional. Se trata de esquemas que por la cantidad de recursos públicos que involucran impactan en forma negativa en la calidad de vida de miles de ciudadanos. ¿Cuáles son los casos de Gran Corrupción investigados en Venezuela? ¿Cuál es su estatus?
Un registro realizado por Transparencia Venezuela, desde que Tarek William Saab fue designado fiscal por la extinta y cuestionada Constituyente, revela que este funcionario, única fuente de información de los casos investigados en Venezuela, solo ha ofrecido algún dato de 217 casos de corrupción durante su gestión (2017-2021), de los cuales 66 corresponden a Gran corrupción, 128 tienen que ver con corrupción simple o tradicional y 23 son causas de narcotráfico en la que están involucrados funcionarios públicos, la mayoría de cuerpos de seguridad del Estado.
Hasta 2022 Transparencia Venezuela ha registrado 118 casos de Gran Corrupción, vinculados con Venezuela, investigados en 122 países. El país que más investigaciones procesa es Estados Unidos, con al menos 50 causas.
¿Cuál es la diferencia entre Gran Corrupción y corrupción simple?
La diferencia entre Gran Corrupción y la llamada corrupción simple o tradicional es la cantidad de recursos públicos comprometidos en la primera, pero el elemento que le asigna una diferencia cualitativa es el efecto en la vida cotidiana de los ciudadanos, a través de la violación de sus derechos fundamentales.
“La corrupción socava la democracia y el estado de derecho. Conduce a la violación de derechos humanos. Erosiona la confianza pública en el gobierno. Incluso puede matar, por ejemplo, cuando oficiales corruptos permiten que se alteren medicinas o cuando aceptan sobornos que permiten actos terroristas”.
Ban Ki-moon. Secretario general de Naciones Unidas, (2016)
La Gran Corrupción es la que se penetra en los niveles más altos de gobierno, generando graves abusos de poder (captura del Estado), que implica la distorsión de funciones centrales de gobierno por funcionarios públicos de alto nivel, mientras que la corrupción simple o tradicional se desarrolla en el contexto de un gobierno en funciones y la infraestructura social.
¿Qué pasa con los casos de corrupción investigados por la Fiscalía venezolana?
Con fundamento en que la Gran Corrupción se caracteriza por:
- Ser un crimen de poder, cometido por agentes con poder político o económico.
- Movilizar ingentes cantidades de recursos.
- Implicar una violación a los derechos humanos porque impide que vastos sectores de la población vean satisfechas sus necesidades fundamentales.
Veamos qué muestra la Fiscalía venezolana.
Los casos de Gran Corrupción investigados en Venezuela
De los 66 casos de Gran Corrupción investigados por el Ministerio Público, de acuerdo al registro de Transparencia Venezuela, ninguno involucra a un alto funcionario del gobierno, que se encuentre actualmente en ejercicio, aunque información oficial de tramas de corrupción y crimen organizado internacional ofrecidas por autoridades de otros países mencionan a algunos funcionarios de alto nivel.
En general, los casos son anunciados por Saab, algunos con detalles y cifras, pero no se conoce el avance de los procesos.
De acuerdo a la base de datos de Transparencia Venezuela, al menos 38 de las 66 investigaciones de gran corrupción que lleva el Ministerio Público- entre 2017 y 2021- tienen las siguientes características:
1.- Hay 9 investigaciones que fueron iniciadas por Luisa Ortega Díaz, o son casos que vinculan a esta exfuncionaria en algunos hechos, o bien tienen que ver con fiscales que trabajaron con ella cuando fue fiscal general, antes de ser destituida en agosto de 2017. Estas son:
– Investigaciones contra funcionarios de Petropiar, empresa mixta de la Faja Petrolífera del Orinoco, y algunos empresarios por irregularidades y sobreprecios en procesos de contrataciones públicas. En estas investigaciones participaron los fiscales Pedro Lupera, hoy en el exilio, y Luis Sánchez, actualmente preso.
– Presunto sobreprecio contra Orlando Chacín, entonces presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo, y Pedro León, exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco.
2.- Hay 7 expedientes contra Rafael Ramírez, el hombre fuerte del petróleo de Hugo Chávez, que fueron instruidos luego que rompió con Nicolás Maduro. En este grupo también hay investigaciones contra personas del entorno del exministro del Petróleo y expresidente de Pdvsa. Hay 2 de esos casos que son investigados en otros países: la trama de Andorra y las investigaciones contra Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa entre 2005 y 2011. Tarek William Saab solo ha ofrecido los montos comprometidos en 4 de esos 7 casos vinculados a Rafael Ramírez y superan los USD 10.175.300.000.
3.- Hay 4 casos instruidos por la Fiscalía venezolana en los que se señalan a altos funcionarios o empresarios, que también son investigados en Estados Unidos y Andorra; en los que se mencionan a personas que hoy se enfrentan a Nicolás Maduro o que han colaborado con sistemas de justicia de otras naciones.
4.- Otros 2 casos que investiga el despacho de Tarek William Saab son catalogados como juicios por razones políticas por algunas organizaciones de la sociedad civil: 2 investigaciones de Saab involucran sabotaje a Pdvsa y al menos 1 de ellos es abiertamente manejado bajo influencia política. Este último es el caso de los 6 exdirectivos de Citgo acusados de supuesto peculado y de haber firmado contratos que «comprometían el patrimonio nacional y el futuro» de esta filial de PDVSA.
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El otro caso está referido a Petrozamora, en el que los implicados son personas que la organización Foro Penal incluyó dentro de la categoría de presos políticos. De acuerdo a Tarek William Saab, el dinero público comprometido en estos hechos asciende a USD 4.500.000.000.
5.- Unas 15 se vinculan a tramas de corrupción por el otorgamiento ilegal de divisas a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, Cadivi, (activa desde el 2003 hasta 2014) y el Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex (que sustituyó a Cadivi, y creado por Maduro el 29/11/2013). En esas investigaciones no hay referencia a algún funcionario público y solo se señala compañías y empresarios.
En 12 de esos 15 casos de Cadivi y Cencoex el dinero público comprometido, de acuerdo a las cifras ofrecidas por el mismo Saab, asciende a USD 554.500.000.
Se trata de una cantidad que dista mucho de los USD 25.000.000.000 presuntamente desfalcados a través del otorgamiento de divisas preferenciales a empresas de maletín, según lo denunció Jorge Giordani, exministro de Planificación de Hugo Chávez. Aunque la cifra de Giordani es exorbitante aún se desconoce el monto real de daño, que según algunos es aún mucho mayor.
6.- Hay una investigación fue ordenada públicamente por Nicolás Maduro por irregularidades en la empresa estatal Lácteos Los Andes, expropiada en 2008 por el gobierno de Hugo Chávez. Siete días después de la solicitud de Maduro, el 14/05/2021, Tarek William Saab dijo en una alocución de prensa que actuó “instrucciones expresas del presidente Nicolás Maduro Moros”, que había conversado “personalmente” sobre el caso con el presidente y anunció la detención del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, presidente Lácteos Los Andes. El militar había sido funcionario de alto nivel desde 2015.
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En los restantes casos- que hemos considerado de gran corrupción en nuestra base de datos- solo se anuncia el inicio de investigaciones contra determinadas empresas, sin mencionar a los dueños de esas compañías y tampoco se informa si está involucrado algún funcionario de alto nivel del Estado.
Se conocen pocos casos de condenas por gran corrupción y corrupción simple. De los 217 casos de corrupción identificados, solo hemos obtenido datos de la sentencia de 50 personas, la mayoría por corrupción simple (3 de las sentencias son absolutorias)
1.- 2 exministros de Petróleo y expresidentes de Pdvsa
Hay dos exfuncionarios de alto nivel, que serían cercanos al exzar del petróleo, Rafael Ramírez, que han sido investigados. Se trata de dos expresidentes de Pdvsa y exministros de Petróleo, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, quienes fueron detenidos en noviembre 2017, tres meses después que asumió Tarek William Saab como fiscal de la Constituyente.
Nelson Martínez murió bajo custodia del Estado en el Hospital Militar de Caracas por problemas renales, en diciembre de 2018, un año después de su detención y sin haber sido llevado a juicio. Rafael Ramírez escribió en su cuenta en Twitter que Martínez fue “secuestrado” por Nicolás Maduro y que “lo humillaron hasta su muerte”.
Eulogio Del Pino fue detenido el 30 de noviembre de 2017. El exfuncionario habría formado parte de una trama que alteró las cifras de producción de petróleo durante los tres años que estuvo al frente del Ministerio del Petróleo venezolano.
Según el Ministerio Público, Del Pino habría permitido el desvío de 15 millones de barriles de crudo, lo que habría originado un desfalco USD 500.000 en perjuicio de Petrozamora, una empresa mixta en la que Pdvsa está asociada con la rusa Gazprombank. En febrero de 2021, un juez acordó enviar a juicio a Del Pino, cuatro años después de su captura. En agosto de 2022 no hay información oficial sobre el estatus de su caso.
2.- Odebrecht
Una investigación sobre Odebrecht iniciada por Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, en momentos en que la actuación del Ministerio Público parecía incomodar al gobierno de Nicolás Maduro, fue obstruida por las autoridades, según denunció la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Odebrecht es uno de los más grandes esquemas de sobornos para la obtención de contratos en el hemisferio, y de acuerdo a las investigaciones en Venezuela se habría pagado USD 98.000.000. Pero los registros de Transparencia Venezuela señalan que los sobornos a funcionarios venezolanos pudieron alcanzar los USD 1.300.000.000.
Tal y como denunció en su momento Suprema Injusticia en ese entonces hubo presiones contra los fiscales que Ortega Díaz designó para el caso, con una alerta migratoria justo cuando intentaban viajar a Brasil para obtener información sobre la trama criminal que afectó el hemisferio. El informe de la Misión señala: “Temiendo por su seguridad, los fiscales lograron huir. Desde entonces no han vuelto a Venezuela”.
Pdvsa
La Misión de Determinación de los Hechos también denunció lo ocurrido en el caso de la Constructora Conkor, investigada por la obtención irregular de contratos de Pdvsa en la Faja del Orinoco. De acuerdo a la información del organismo de la ONU, así transcurrieron los hechos:
En 14/02/2017, el fiscal auxiliar 55 contra la corrupción, Luis Javier Sánchez Rangel, allanó las oficinas de Conkor, junto a funcionarios de la DIGCIM.
En julio de 2017, el Ministerio Público citó en calidad de imputados a los directivos de la empresa Conkor, C.A.
El 5/08/2027, Luisa Ortega Díaz fue destituida. Tras su nombramiento como fiscal general Tarek William Saab “habría solicitado que se le entregara el expediente del caso”, señala el informe de la Misión.
El 16/08/2017 fue detenido por el Sebin el fiscal Luis Javier Sánchez Rangel, acusado de formar parte de una presunta red de extorsión dentro de la fiscalía venezolana, y en 2022 continúa preso.
En noviembre de 2018, el Ministerio Público solicitó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el sobreseimiento y el archivo judicial de la causa en la que estaba implicada la empresa Conkor.
En declaraciones públicas desde su exilio, en mayo de 2020, la exfiscal general Luis Ortega Díaz dijo que los contratos suscritos entre Conkor y Pdvsa eran 9 y que superaban los USD 1.000.000.000. Acusó a Tarek William Saab de enriquecerse a través de esa empresa, propiedad de “sus testaferros” Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, presidente y vicepresidente de la empresa. Dijo que algunos de esos documentos los habría obtenido el Ministerio Público en un allanamiento a las oficinas de la empresa, efectuado el 14/02/2017.
En Estados Unidos, hay una investigación por los pagos a dos funcionarios del Ministerio Público venezolano. En ese caso es mencionado el fiscal Luis Javier Sánchez Rangel, y su excolega en el Ministerio Público, Daniel D’Andrea Golindano, quienes, según la acusación, junto a otros conspiradores “discutieron por correo electrónico, reuniones y teléfono el acuerdo para recibir sobornos de aproximadamente un millón de dólares a cambio de no perseguir cargos criminales contra el Contratista 1”.
Las “ganancias” de los sobornos habían sido transferidas, a través de empresas y en cuentas en Estados Unidos, especialmente en el Sur de Florida.
Carlos Enrique Urbano Fermín: de pagar sobornos a “baluarte contra la corrupción”
