Creación del Tribunal Internacional contra la Gran Corrupción tendría impulso desde Reino Unido

Transparencia Venezuela, 11 de julio de 2023.- “El abuso de poder de alto nivel que beneficia a pocos al costo de muchos y causa un daño extendido y serio a individuos y a la sociedad en su conjunto, permaneciendo usualmente impune”. Ese es el concepto de Gran Corrupción según Transparencia Internacional. La corrupción a este nivel va mucho más allá de sustraer enormes cantidades de dinero, por los daños graves que ocasiona en los derechos de las personas.

Los países no terminan de concretar una iniciativa de este tipo, pero la propuesta de un tribunal internacional especializado en castigar la Gran Corrupción recibió en Reino Unido un inesperado impulso del Partido Laborista británico, actualmente en la oposición, que prometió que- de ganar las próximas elecciones generales de finales de 2024- dar un empujón a la creación de una instancia dedicada a investigar y sancionar eso que se ha dado en llamar como la “Gran Corrupción”.

El concepto de la “Gran Corrupción” va más allá de los montos sustraídos del erario, sino que constituye un sistema mediante el cual un grupo de funcionarios públicos, con el concierto de actores del sector privado, se aprovechan de su poder para hacerse con recursos del Estado. Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) definen ese tipo de corrupción que aquella que “penetra los niveles más altos de Gobierno, generando graves abusos de poder y distorsionando las funciones centrales de Gobierno”.

Reino Unido: la gran lavadora de dinero de la Gran Corrupción

El diputado David Lammy, responsable de Asuntos Exteriores del Partido Laborista, la principal formación opositora británica, aseguró que buscarán acabar esa imagen del Reino Unido como el lugar ideal para legitimar capitales obtenidos ilegalmente.

“Estamos decidido acabar con la lavandería de (de dinero sucio en la que se ha convertido) Londres y derrotar a la cleptocracia en todo el mundo”, declaró el legislador, en un evento celebrado este lunes.

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El actual Gobierno británico, por su parte, no considera esta idea. El secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Tariq Mahmood Ahmad, descartó el establecimiento de la corte anticorrupción, alegando que una reunión en noviembre, celebrada en La Haya (Países Bajos), 40 países discutieron el asunto ampliamente y rechazaron la propuesta. Sin embargo, distintas organizaciones civiles sostienen que la reunión en la ciudad neerlandesa no tenía por propósito abordar este asunto y que en realidad de la allí no salió ninguna conclusión.

Tribunal Internacional contra la Corrupción: Más de una década dando batalla

La propuesta de un Tribunal Internacional contra la Corrupción fue planteada en 2012 por el juez estadounidense Mark Wolf, quien en 2016 con otros destacados juristas y expertos creó la organización Iniciativa de Integridad Internacional (III), la cual persigue “fortalecer la aplicación de las leyes penales a fin de castigar y castigar a los líderes corruptos y violan regularmente los derechos humanos, y crear oportunidades para que el proceso democrático los reemplace con líderes dedicados a servir a sus ciudadanos”.

Wolf ha defendido la necesidad de crear una instancia especializada, por considerar que la actual arquitectura criminal internacional permite que los oligarcas y cleptócratas de todas las nacionalidades roben con toda impunidad.

Asimismo, ha explicado que el nuevo juzgado internacional anticorrupción se centraría únicamente en la “corrupción a gran escala”, es decir, “el abuso de un cargo público para beneficio privado por parte de los líderes de una nación (cleptócratas)”. Como la Corte Penal Internacional (CPI), el organismo tendría un fiscal independiente y operaría la base de la complementariedad, lo que significa que el Tribunal intervendría solo donde los estados “no pueden o no quieren enjuiciar e investigar casos de corrupción de manera genuina”.

Canadá, Países Bajos, Ecuador, Moldavia y Nigeria son algunos de los países que hasta el momento han dado su respaldo abierto a la propuesta. Y a finales de 2022 el Parlamento Europeo emitió un documento en que pidió a sus estados miembros “analizar la propuesta su diseño legal, estudiar su factibilidad y efectividad potencial (…) como herramienta para abordar la Gran Corrupción a nivel mundial y cerrar la brecha de impunidad”.

Tribunal internacional anticorrupción: un clamor de muchos países

La idea viene ganando apoyo internacionalmente, según una encuesta realizada por el Centro Stimson. El nivel más alto de apoyo se encuentra entre el grupo de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), donde la corrupción es un gran problema: 87 % en China, 81 % en Sudáfrica, 80 % en Brasil y 74 % en India.

Pero no solo en los países en vías de desarrollo la idea es bien recibida, pues el mismo sondeo asegura que en los miembros europeos del G7, el 70% de los encuestados también se muestran favorables a esta instancia.

La Gran Corrupción es un gran problema en todo el mundo. Expertos estiman que la corrupción cuesta USD 2 billones al año, o lo que es lo mismo el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) del mundo, y el impacto se siente peor en los países en desarrollo.

La organización Global Financial Integrity, con sede en Washington (Estados Unidos), descubrió que, entre 2004 y 2013, las economías emergentes y en desarrollo perdieron USD 7,8 billones en flujos financieros ilícitos. Esas salidas habían aumentado a una tasa promedio del 6,5 % anual, casi el doble de rápido que el PIB mundial.

Venezuela no escapa a esta realidad. Los desfalcos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) o el escándalo Odebrecht, son solo algunos de los casos que han costado a los venezolanos miles de millones de dólares en estas dos décadas. Y vista la incapacidad de las autoridades de sancionar a los responsables hasta 2020, por lo menos 27 países habían abierto al menos 150 investigaciones por corrupción de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que de acuerdo a cálculos conservadores de Transparencia Venezuela involucran USD 69 mil millones.

 

 

Radiografía de una inhabilitación dictada por un contralor que calla ante la Gran Corrupción