Transparencia Venezuela 14 de marzo de 2023.- 2.000. Ese es el número de formularios, documentos y videos que las víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela han enviado a la Corte Penal Internacional (CPI).
La información la ofreció la CPI, juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), el cual anunció en su sitio web que el lapso para que los particulares informaran sobre lo que les ocurrió, y sobre todo para que expusieran si consideraban que las autoridades venezolanas estaban investigando dichos hechos, concluyó el pasado 7 de marzo.
La CPI admitió que su Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés), instancia encargada de recibir la información, se ha visto desbordada por la cantidad de material recibido desde Venezuela vinculado crímenes de lesa humanidad.
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“La VPRS aún no ha acusado recibo de todos los formularios y videos recibidos debido al altísimo volumen de información recibida particularmente en la primera semana de marzo”, reveló, al tiempo que declaró que “los acuses de recibo de todos los formularios, videos u otros documentos presentados se emitirán sucesivamente en las próximas semanas”.
Los argumentos de las víctimas formarán parte de un informe sobre el Caso Venezuela I
La CPI indicó que la VPRS está procesando “todas las opiniones e inquietudes recibidas de las víctimas” sobre el denominado caso Venezuela I, para presentarlas a la Sala de Cuestiones Preliminares en el informe que este 21 de marzo deberán hacerle llegar.
El reporte antes mencionado será uno de los elementos que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI empleará para decidir si autoriza al fiscal Karim Khan a reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en Venezuela y a tratar de identificar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que considera que han ocurrido en el país (detenciones arbitrarias, persecución, torturas y ejecuciones extrajudiciales).
En noviembre de 2022 fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió a la Sala permiso para retomar sus investigaciones, por considerar que las autoridades venezolanas no habían mostrado verdadera voluntad de esclarecer y castigar los hechos.
Para sustentar esta opinión, Khan esgrimió las cifras que el Ministerio Público venezolano le ha suministrado y en las cuales figura que 606 de los 893 casos abiertos desde 2014 (67,86%) se hallan en fase de investigación, en 764 (85,55%) ni siquiera ha logrado determinar a los autores de los crímenes, pese a que ha transcurrido más de un lustro de los hechos; y solamente 23 (2,58%) han terminado con una sentencia.
Gobierno venezolano no tendrá acceso a la información de las víctimas
La CPI informó que la información suministra por los venezolanos solo podrá ser revisada por funcionarios del juzgado internacional. “Los formularios de víctimas, videos, etc. solo se transmitirán a la Sala de Cuestiones Preliminares, ninguna otra entidad tendrá acceso a ellos. El Gobierno de Venezuela no tendrá acceso a ningún formulario, video, otros documentos presentados por o en nombre de las víctimas”, garantizó la instancia.
Por su parte, el informe que la VPRS presentará este mes no contendrá ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otro actor que haya participado en el proceso.
Por último, el juzgado también pidió a las víctimas venezolanas y a sus representantes discreción para evitar cualquier peligro. “Las víctimas no deben correr ningún riesgo y no deben mencionar públicamente su interacción con la CPI, ya que la confidencialidad y la discreción son la mejor manera de protegerlas en esta etapa del procedimiento.
En un mes 441 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos han expuesto sus casos ante la CPI
