La constructora brasileña Norberto Odebrecht no podrá mover un saco de cemento, una cabilla, una pala mecánica ni una grúa de ninguna de las once obras inconclusas que tiene en Venezuela, pues la justicia se lo prohibió y le ordenó a la Guardia Nacional asegurarse de que todo el material y los equipos que se encuentran en los campamentos de construcción permanezcan dentro de ellos.
La decisión la adoptó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia número 598 del pasado 9 de agosto, en la cual aceptó la solicitud que siete días antes le hiciera la Procuraduría General de la República para que ordenara el aseguramiento de los bienes de la filial venezolana de la empresa “con el fin de resguardar el patrimonio público”, visto que “es un hecho público, notorio y comunicacional la situación política, social, económica y financiera por la cual atraviesa (…) que ha sido evidenciada en los diferentes medios de comunicación escritos y audiovisuales que trasciende las esferas internacionales de una manera viral”.
El juzgado justificó su dictamen en el hecho de que once de las 20 grandes obras que los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, contrataron y pagaron a Odebrecht están paralizadas y algunas de ellas presentan apenas avances.
En el dictamen, se citan los resultados de unas inspecciones que varios tribunales de Municipio realizaron en marzo y julio a las construcciones a solicitud de la Procuraduría y las cuales confirmaron en alguna de ellas ya no hay un solo trabajador y que la mayoría están lejos de ser concluidas.
El proyecto de repotenciación de la vieja flota de trenes de la línea 1 del Metro de Caracas es uno de los once proyectos adjudicados a Odebrecht que presenta mayor retraso, según las evaluaciones hechas por los jueces y la Procuraduría, pues apenas se ha ejecutado el 3,08%, pese a que debió estar listo para finales de 2016. El tercer puente sobre el río Orinoco presenta una ejecución del 50%; lo cual revela que es difícil que esté listo para finales de 2017 como estaba programado.
En el caso del II puente sobre el Lago de Maracaibo, pese a que se han gastado más de 36 millardos de bolívares, solamente presenta un avance de 17%, lo cual también pone en tela de juicio que pueda estar concluido en diciembre de 2018 como estaba previsto.
Antes de ser destituida por la Constituyente impulsada por Maduro, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció que Venezuela pagó a Odebrecht 30 mil millones de dólares por obras de infraestructura (puentes, represas, líneas de metro y funiculares) y que la mayoría están lejos de ser terminadas, pese a que algunas fueron pagadas totalmente. Asimismo señaló que tenía indicios de que al menos 20 funcionarios, exfuncionarios y sus familiares habrían recibido sobornos a cambio de adjudicarle contratos a la empresa.
En el dictamen no se da ninguna razón para la interrupción de las obras y por el contrario afirma que “se encuentran paralizadas injustificadamente”.
Contra los investigadores
Las investigaciones que el Ministerio Público venía adelantando sobre el caso de Odebrecht están en riesgo, pues el 16 de agosto el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció que destituyó al fiscal Pedro Lupera y a su auxiliar, Luis Sánchez; y solicitó la detención de ambos, por supuestamente formar parte de una red de fiscales que extorsionaba y chantajeaba a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia.
Lupera y Sánchez conducían las averiguaciones sobre Odebrecht y a principios de agosto le primero viajó a Salvador (Brasil) para entrevistarse con el publicista Joao Santana y su esposa, Mónica Moura, y recabar información sobre la supuesta financiación ilegal de la última campaña de Chávez por parte de esa y otras empresas brasileñas, así como pruebas de los sobornos que la compañía dio a funcionarios chavistas a cambio de contratos millonarios.
Fuentes judiciales aseguran que Lupera no ha vuelto a Venezuela, mientras que Sánchez fue detenido el 16 de agosto de 2017, en Caracas, señalado de participar en la supuesta red de extorsión que opera en el Ministerio Público.
La aprehensión de Sánchez se produjo en virtud de la investigación solicitada por el constituyentista y hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, quien denunció que la Fiscalía “se convirtió por culpa de la administración anterior en un gran centro para el chantaje y la corrupción” y aseguró: “Hay fiscales que extorsionaban a empresarios, a detenidos. Tenemos grabaciones”.
Según Cabello, el exfiscal detenido tendría cuentas en las Bahamas, junto al esposo de Ortega Díaz, el diputado Germán Ferrer.
