Transparencia Venezuela, 16 de mayo de 2022.- La justicia internacional sigue ejerciendo presión sobre Venezuela. Así mientras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inicia oficialmente sus investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fijará su atención ahora sobre las irregularidades ocurridas en las elecciones presidenciales sobrevenidas celebradas en 2013 y, sobre todo, en la manera cómo las autoridades despacharon las denuncias de la oposición.
El caso de los comicios celebrados a raíz del deceso de Hugo Chávez, y que oficialmente ganó Nicolás Maduro con una pírrica ventaja de 1,49% de los votos, fue llevado ante la Corte IDH, con sede en San José (Costa Rica), por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que dio por validas las denuncias formuladas por el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski. Así lo informó la instancia en un comunicado de prensa.
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La CIDH acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de violar al entonces candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sus derechos elegir y ser electo, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y la protección judicial efectiva, todos ellos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo al organizar unos comicios francamente favorables al abanderado oficialista sino al no atender ninguna de las quejas que su adversario formuló durante y luego de las votaciones e incluso sancionarlo con una multa de 100 unidades tributarias.
¿Ventajismo descarado en la elección de Maduro?
En su querella a la Corte, la CIDH denunció que el proceso electoral estuvo marcado por “el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato oficialista y un acceso marcadamente inequitativo de los medios masivos de comunicación estatal”.
Se trata de una situación que según la CIDH devino en “un favoritismo indebido” que le permitió a Maduro participar en la elección del 14 de abril de 2013 en “una situación de ventaja o superioridad frente al resto de los candidatos”, algo que, a su vez, “constituyó una afectación al derecho de la presunta víctima a participar en tal proceso en condiciones de igualdad y sin ninguna desventaja ilegítima respecto de otros candidatos”.
Tras advertir que estas irregularidades no solo afectaron los derechos particulares de Capriles Radonski, sino los derechos políticos de los venezolanos en su conjunto, al irrespetar “la voluntad de los electores”, la CIDH fustigó la actuación del CNE, por cuanto no tramitó ninguna de las denuncias ni tomó ninguna medida para ponerle coto.
La falta de argumentos de la Sala Constitucional del TSJ
Pero la CIDH no solo fustigó al árbitro, sino también al Tribunal Supremo de justicia (TSJ). “Capriles no contó con un recurso judicial idóneo y efectivo dado que la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisibles las recusaciones formuladas sin un mayor análisis”, denunció la instancia.
El candidato interpuso en su momento dos recursos contenciosos electorales contra los comicios ante la Sala Electoral, luego de que ver como sus peticiones eran ignoradas por el CNE. Una de las acciones buscaba que se ordenara un recuento general, mientras que en la otra se pedía la anulación del proceso por “fraudulento”, en virtud de las denuncias de coacción y amenaza a votantes. Por su parte, la MUD interpuso una tercera acción contra las votaciones efectuadas “en 5.729 mesas electorales”. Sin embargo, la intérprete de la Sala Constitucional del TSJ, sin explicación alguna, se avocó de oficio a conocer estas acciones, así como a otras siete interpuestas por individualidades y organizaciones civiles.
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La Sala Constitucional desechó todas y cada una de las demandas con casi el mismo argumento:
“(El accionante) narró múltiples circunstancias en las que se produjeron eventuales retrasos en el proceso de votación y presuntas irregularidades en determinados centros electorales, pero no concatenó los señalados eventos entre sí de manera de evidenciar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se habrían presentado tales irregularidades y sobre todo su impacto determinante en la decisión en la que habrían tomado los electores en las urnas, pues no basta que exista una anomalía ella debe ser determinante para comprometer la voluntad del cuerpo electoral”.
Capriles no es el primero
El caso de Capriles no es el primero que relacionado con la presunta violación de derechos políticos en Venezuela que la Corte IDH analizará.
En 2011, el tribunal regional condenó al Estado venezolano por violar sus derechos a la elegir y ser electo al también dirigente opositor Leopoldo López, quien fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por la Contraloría General de la República.
Semanas atrás la CIDH emitió otro comunicado instando a las autoridades a derogar la figura de las “inhabilitaciones administrativas” que puede imponer la Contraloría. Solo entre 2002 y 2015, esta instancia sancionó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los cuales destacan López y el propio Capriles, así como disidentes del chavismo como el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres. Así lo denunció la organización Acceso a la Justicia, en un análisis en el cual sostiene que esta práctica ha sido utilizada por el chavismo para consolidar en las urnas su hegemonía.
