Transparencia Venezuela, 3 de febrero de 2022.- Venezuela se sometió el pasado 25 de enero a su III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y por tercera vez consecutiva las fallas que aquejan al sistema de administración de justicia, en particular la falta de autonomía de los jueces y fiscales fue el tema dominante.
En contraposición, la corrupción apenas fue mencionada, pese a que las irregularidades administrativas ocurridas en el país le costaron miles de millones de dólares a los venezolanos afectando otras garantías fundamentales como la alimentación, salud o educación.
Australia, Bélgica, Corea del Sur, Chile, España, Perú e incluso la aliada Palestina, fueron algunos de la veintena de países, de los 113 que participaron en el llamado diálogo interactivo con el Gobierno de Nicolás Maduro, que expresaron su alarma por la alineación de los tribunales, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo con el Gobierno e instaron a las autoridades a poner en marcha reformas legislativas y adoptar medidas “efectivas e inmediatas para restablecer la independencia del Poder Judicial”.
Unas demandas que sin embargo parece que caerán en saco roto, pues las autoridades parece que mantendrán la misma actitud de los dos anteriores EPU y no están dispuestas hacer ninguna concesión en el ámbito de la justicia. Al menos ese es el sabor de boca que dejó la intervención del magistrado Juan Carlos Ibarra, quien representó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la evaluación y quien se limitó a informarle al Consejo que desde en 2006 en Venezuela están en vigor unas normas para asegurar el acceso a la carrera judicial mediante concursos de oposición, tal y como manda el artículo 255 de la Constitución.
“mas de 20 países expresaron su alarma por la alineación de los tribunales, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo con el Gobierno e instaron a las autoridades a poner en marcha reformas legislativas y adoptar medidas “efectivas e inmediatas para restablecer la independencia del Poder Judicial».
No obstante, el funcionario obvió que desde 2007 no se celebra un solo concurso y no mencionó que haya planes para reanudarlos. El que no se realicen estas pruebas es la causa principal de que en la actualidad más del 80% de los jueces son provisorios, accidentales o temporales; es decir que son nombrados a dedo por la Comisión Judicial del TSJ y pueden ser removidos sin un procedimiento previo que les garantice el debido proceso. Una situación similar que hace a los jueces susceptibles a presiones externas.
Desde el Ministerio Público aseguraron que el Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos, que a finales de 2021 anunció el fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, buscará combatir la provisionalidad reinante en el organismo. Sin embargo, no fijaron fecha para el arranque de esta iniciativa ni le pusieron objetivos.
Instancias de Naciones Unidas como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos denunció en 2020 que “el Poder Judicial no ha actuado como un control de los demás agentes del Estado, perpetuando la impunidad por los crímenes cometidos. La mayoría de las violaciones y crímenes documentados por la Misión no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de los presuntos responsables. A pesar de recibir información de que las víctimas habían sido torturadas, los y las fiscales y jueces no investigaron ni sancionaron esos actos. Hay motivos razonables para creer que esas omisiones se vieron afectadas por la falta de independencia judicial”.
¿Y qué dijeron de la corrupción?
Los casos de abusos policiales, en particular las ejecuciones extrajudiciales y los casos de torturas, así como la situación de los presos políticos, las amenazas a la libertad de expresión y a los defensores de Derechos Humanos fueron otros de los asuntos que dominaron el intercambio, celebrado vía teleconferencia entre Caracas y Ginebra.
La corrupción fue un tema que apenas figuró. Esto, a pesar de que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los Derechos Humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”
“la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los Derechos Humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo».
Apenas tres países (Canadá, Georgia y Liechtenstein) se refirieron al asunto. El embajador del Gobierno de Tiblisi fue el más duro. “Nos preocupa la situación de los Derechos Humanos en Venezuela que se debe a años de corrupción, conflicto político, represión. Se pide a las autoridades en control que respeten los mecanismos constitucionales del país para garantizar el imperio de la ley. Por esa razón recomendamos: Hacer una invitación permanente a los procedimientos especiales”, indicó.
Por su parte, Países Bajos, Bahamas y Barbados instaron a Venezuela a tomar medidas para prevenir la corrupción, como publicar el presupuesto nacional, investigar las denuncias de discriminación en los programas sociales y garantizar el acceso a la información pública.
¿Quiénes pidieron medidas contra la corrupción en Venezuela?
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Países Bajos
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Bahamas
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Barbados
Que la corrupción no se mencione resulta llamativo, pues las irregularidades administrativas no solamente le han costado millones de dólares a los venezolanos, sino que han terminado sacudiendo a las sociedades, en particular a los sistemas financieros de otros países. Prueba de ello es que en la actualidad hay 108 casos de corrupción abiertos en 21 países, de acuerdo con los registros que maneja Transparencia Venezuela.