Transparencia Venezuela, 14 de septiembre de 2021.- El colapso del modelo económico venezolano, que cumple 22 años, y el cariz autoritario del Gobierno explican la crisis humanitaria sin precedentes que afronta Venezuela, que ha forzado a casi seis millones de personas a buscar calidad de vida en otras latitudes. La opacidad con la que las autoridades vienen administrando los recursos públicos y tomando decisiones, también ha jugado un papel importante, y lo sigue haciendo, porque dificulta la posibilidad de revertir la situación. Así lo denunció la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su reciente informe sobre Venezuela.
“La falta de acceso a la información pública ha afectado directamente la capacidad de la población para participar en la formulación, implementación y fiscalización de políticas públicas”, se lee en el reporte “Situación de los Derechos Humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela”, que la exmandataria chilena presentó el 13 de septiembre de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, oportunidad en la que dejó ver que Venezuela es una especie de “una caja negra” que dificulta el combate contra la crisis humanitaria
Tras verificar que desde hace años en Venezuela no se publican estadísticas relacionadas con la salud pública (boletín epidemiológico y anuario de mortalidad que no se publican desde 2016 y 2014, respectivamente), que el presupuesto nacional es un misterio desde 2016 y que de los informes de gestión que los distintos ministerios y entes gubernamentales deben presentar cada año no hay rastro, la exmandataria chilena afirmó: “La información pública es indispensable para la participación efectiva de las personas titulares de derechos en los asuntos públicos y para políticas públicas eficaces que estén en conformidad con las normas de igualdad y de no discriminación, con enfoque de género y que tenga en cuenta las necesidades y perspectivas de los grupos más marginados. Esto también contribuiría a atraer más recursos para hacer frente a los desafíos humanitarios existentes”.
“El presupuesto nacional y la información sobre su ejecución son esenciales para la supervisión, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos, y deberían estar disponibles públicamente”, agregó Bachelet en su reporte.
Mirar sin ver
Entre junio de 2020 y junio de 2021 la oficina de Bachelet contabilizó 60 solicitudes de información pública relacionadas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales presentadas por distintas organizaciones civiles. La mayoría de ellas o no han sido respondidas o han sido rechazadas.
Bachelet sostiene que una Ley de Acceso a la Información, como las que existen en el grueso de los países de la región, permitiría a solucionar el problema. Sin embargo, parece ignorar que el oficialismo jamás ha mostrado interés en tal tema. En la agenda legislativa de este año no figura este asunto, pero sí la Ley de Cooperación Internacional que busca limitar el espacio cívico en Venezuela controlando a las organizaciones independientes.
Tampoco reparó la exmandataria chilena en el hecho de que en las últimas dos décadas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha legalizado la opacidad. Así, tanto la Sala Constitucional, como la Sala Político Administrativa han desechado sistemáticamente todas las demandas que agrupaciones y particulares han realizado para acceder a datos en poder del Estado.
“En ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”.
Estas fueron las condiciones que la Sala Constitucional fijó para ejercer el derecho al acceso a la información pública en su sentencia 745 de 2010, en total contravía de las convenciones internacionales, las buenas prácticas y las leyes modelo de ONU y OEA.
Para los magistrados, nadie ha cumplido los requisitos para tener acceso a la información pública y por ello han rechazado peticiones que buscaban, por ejemplo, que el Banco Central de Venezuela (BCV) cumpliera con su deber de publicar los índices de inflación y escasez, que el Ministerio de Salud mostrara a la población los datos epidemiológicos o que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como cualquier otro organismo policial y militar existente, informara sobre sus protocolos y procedimientos para vigilar a ciudadanos.
Bachelet, en su informe, también expresó su preocupación por la insistente persecución y criminalización contra defensores de Derechos Humanos, estudiantes y sindicalistas.
“El ACNUDH documentó 17 casos de violaciones de Derechos Humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria. Muchos de los casos documentados iban acompañados de actos de violencia e implicaban la criminalización de actividades legítimas”, se lee en el reporte, en el cual también denunció que siete dirigentes laborales han sido enjuiciados por defender los derechos de sus compañeros de trabajo.
Un informe publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2020 reveló que desde 2014 en el país 18.093 personas habrían perdido la vida a manos de agentes de seguridad y funcionarios policiales. Por otro lado, solo en la ola de protestas antigubernamentales que sacudió al país en 2017 más de 100 personas murieron producto de la represión policial. Estas cifras dejan en claro que falta mucho por investigar.
Afinidad con discurso oficial: La culpa es de las sanciones
En su análisis, la Alta Comisionada se alineó de nuevo con el argumento según el cual las sanciones tienen la culpa de todo, sin hacer mención a los hechos de Gran Corrupción que investigan más de 21 países del mundo y que de acuerdo al registro de Transparencia Venezuela ya son más de 90 las investigaciones sobre desfalcos millonarios perpetrados por redes trasnacionales, en las que han participado funcionarios venezolanos de alto nivel, cuyo efecto ha sido devastador en la calidad de vida de los ciudadanos.
La pequeña corrupción tampoco se menciona en el informe, por lo que se pasa alto sus efectos perjudiciales en el día a día del venezolano, que se agravaron justamente tras la declaratoria de emergencia por la COVID- 19 porque se incrementaron los riesgos de abusos, con un repunte de cobros indebidos para solucionar averías en servicios, para acceder a combustible, y hasta para poder transitar. Además se obvió el impacto de la Gran Corrupción a partir de contrataciones para atender la pandemia que son absolutamente opacas, lo que vulnera aún más los maltrechos derechos de los venezolanos, tal como lo constató Transparencia Venezuela en su informe Corrupción en Pandemia: La tragedia más allá de la COVID-19.
El jurista Fernando Fernández lamentó que el informe de Bachelet “no estuvo bien documentado, ni su metodología fue la más sólida”.
Para el abogado y activista en su reporte Bachelet ni siquiera menciona “los problemas estructurales y de fondo que causan la crisis económica” y que han deteriorado ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), y que, son producto de un modelo político y jurídico que ha fracasado en varios países. Rechazó que el informe se acopla a la narrativa del gobierno según la cual la culpa de todo es de las sanciones y pasa por alto la radicalización de algunas políticas como el avance en las llamadas leyes comunales, que es contrario a la Constitución Nacional.
“El informe tampoco detecta los acontecimientos derivados de la acción de la Asamblea Constituyente, que sustituyó al órgano legislativo y usurpó sus funciones desde 2017 a diciembre de 2020
Debe destacarse la promulgación de la Ley Antibloqueo en octubre de 2020 con importantes efectos sobre la economía y los DESCA, al permitir ´la inaplicación de leyes´ algo que no tiene sentido jurídico”, aseguró.
“Menos aún menciona la hiperinflación incontenible y exacerbada por el gobierno y sus políticas financieras. Es obvia la falta grave de metodología al no incluir esta variable como causa del deterioro del salario, pensiones e ingresos”, apuntó.
¿Es que Bachelet estima que sin las sanciones se reduciría la violación de los Derechos Humanos, mejoraría la calidad de los servicios básicos, se incrementaría la producción en las empresas públicas, y superaríamos la emergencia humanitaria compleja? Es decir, ¿si el gobierno tuviera más recursos se manejarían diferente a como se hace hoy?.
La funcionaria también saludó lo que considera la buena disposición del gobierno a atender sus peticiones y aseguró que gracias a esto 152 personas fueron excarceladas. Está claro que esas excarcelaciones tienen que ver con la necesidad de la justicia venezolana de mostrar una aparente acción interna para tratar de impedir que el caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional avance a la próxima fase.
Bachelet también exaltó “algunos avances” que el Ministerio Público intervenido por la cuestionada Constituyente ha mostrado para sancionar graves violaciones de los Derechos Humanos. En particular destacó el hecho de que 79 casos de ejecuciones extrajudiciales y 18 muertes ocurridas en protestas estén siendo investigadas en la actualidad. Sin embargo, admitió que “hasta ahora la mayoría de estos casos permanecen en proceso, sin que se haya emitido una sentencia definitiva”.
A Bachelet le va bien en Venezuela, se mantiene y amplía su equipo en Caracas. Lo que aún no sabemos es si a los venezolanos nos va bien con esa oficina de la ONU en nuestro país.