Transparencia Venezuela, 26 de octubre de 2021.- La justicia venezolana trabaja a todo vapor para evitar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación contra funcionarios y exfuncionarios chavistas por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Estos esfuerzos se han visto redoblados en los últimos días, con dos nuevas condenas contra dos policías y un militar por asesinar a dos jóvenes durante la ola de protestas de 2017. Este ímpetu coincide con la visita que el fiscal del juzgado de La Haya (Países Bajos), Karim Khan, realizará a Venezuela en los próximos días.
Khan inició este 25 de octubre una gira de 10 días por Colombia y Venezuela, informó su despacho en un comunicado de prensa. Colomba y Venezuela son dos de los tres países latinoamericanos que tienen abiertos “exámenes preliminares” ante la Fiscalía de la CPI; es decir que la instancia considera que existen motivos para sospechar que hay evidencias de la presunta comisión de delitos como genocidio o crímenes de lesa humanidad.
El 20 de octubre, el Tribunal 7 de juicio de Carabobo dictó sentencia en el caso de la muerte del joven Daniel Alejandro Queliz, quien falleció de un disparo durante una manifestación ocurrida en 2017 en la entidad central. “En este caso se condenó a dos funcionarios (de la Policía regional). El acusado Marcos Ojeda fue condenado a 26 años de prisión y tres meses, por homicidio intencional calificado y uso indebido de arma de fuego, mientras que al acusado Eddien Romero se le condenó a 26 años y tres meses de prisión, por complicidad en homicidio intencional calificado y uso indebido de armas”, anunció el fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab.
Queliz falleció mientras protestaba contra el Gobierno de Nicolás Maduro el 10 de abril del 2017, debido a un balazo que recibió en el cuello y que fue disparado por Ojeda. El joven, quien tenía 19 años para el momento de los sucesos y que era estudiante de Derecho en la Universidad Arturo Michelena, fue trasladado a un centro hospitalario, ya sin signos vitales.
Nada más conocerse la muerte del estudiante, las autoridades regionales reconocieron la implicación de agentes policiales. Así el entonces gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, puso a disposición del Ministerio Público a los funcionarios. No obstante, la justicia se demoró cinco años en emitir su dictamen.
Caso David Vallenilla
Pero como si lo anterior no fuera suficiente, dos días después el Tribunal 29 de Juicio de Caracas declaró culpable al sargento de la Policía de la Aviación, Arli Cleiwi Mendez Terán, por asesinar al estudiante David Vallenilla. El uniformado fue condenado a pasar 23 años tras las rejas, por dispararle a quemarropa al joven mientras este participaba en julio de 2017 en una protesta frente a la Base Aérea de La Carlota.
Horas antes Saab ya había adelantado el fallo. “Se han evacuado más de 30 órganos de prueba presentados por el Ministerio Público entre testigos presenciales, referenciales, expertos e investigadores, tanto de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales (…) como del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”, precisó el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, quien agregó: “Se ha logrado comprobar más allá de toda duda razonable la responsabilidad plena del hoy acusado por los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, así como el uso indebido de arma orgánica”.
Como se recordará a finales de septiembre el Tribunal 15 de Juicio de Caracas absolvió al uniformado y acto seguido el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación, que fue decidido en menos de 24 horas por la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas.
Evadiendo a La Haya
Para Saab los casos de Queliz y de Vallenilla prueban que “sin tener que recurrir a instancias transnacionales o internacionales” se puede conseguir castigo a las violaciones a los Derechos Humanos; es decir no hay necesidad de que la CPI fije su mirada en el país. La Fiscalía de la CPI debe decidir si abre o no una investigación contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad y la visita de su titular al país podría ayudar a despejar esa duda.
Tarek William Saab considera que no es necesario y para sustentar este criterio reveló que desde agosto de 2017 al menos 185 personas han sido condenadas por violaciones a los Derechos Humanos (119 por homicidio, 5 por tratos inhumanos, 10 trato cruel, 9 por privación ilegítima, 1 por uso indebido de arma y 1 por abuso de autoridad y 40 por otros delitos). “Es una cifra emblemática (…) que refleja el trabajo sistemático de la justicia venezolana, de este Ministerio Público, para que haya justicia y no haya impunidad”, sostuvo.
La visión de Saab, no obstante, no es compartida por la familia de las víctimas. “Hay responsabilidades que van más allá de un autor material. Hacer justicia no es solamente condenar al autor material, hay responsabilidades que van más allá y ellos (Gobierno) lo saben y ahora seguramente usaran como bandera el hecho de que ya se hizo justica por el caso de David”, aseguró el padre del joven, David Vallenilla, quien insistió en que hasta el ministro de la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López, debe responder por este crimen.
Solo durante la ola de protestas de 2017 más de 100 personas perdieron la vida, la mayoría de esos casos continúan en fase de investigación. A esto hay que agregar que solo en 2020 unas 4.231 personas perdieron la vida a manos de las autoridades en presuntos enfrentamientos.
La figura del enfrentamiento o la resistencia a la autoridad ha sido utilizada en no pocas ocasiones para pretender encubrir violaciones a los Derechos Humanos. Un caso reciente fue la masacre de La Vega ocurrida a principios de este año y donde 23 personas fueron asesinadas, según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); y, por la cual, todavía nadie ha rendido cuenta.